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" En los fuegos artificiales se han efectuado dos decomisos, pero sólo queda en una multa. La persona ni siquiera se puede ir detenida. Es una denuncia al Juzgado de Policía Local".
Leticia Oyarce, Gobernadora de Llanquihue
provincial solicitó el apoyo de todos los parlamentarios para que respalden el proyecto de seguridad presentado por el Gobierno.
"Hoy día, combatir el narcotráfico, los fuegos artificiales y el uso ilegal de armas requiere de una actualización de nuestras leyes para que sea una persecución efectiva y las personas que se involucran en estos actos delictivos, cumplan condenas efectivas y reales", remarca.
Oyarce cita, por ejemplo, que en el caso de los fuegos artificiales se han efectuado en estos días, dos decomisos que "sólo quedan en una multa. La persona ni siquiera se puede ir detenida... Es una denuncia al Juzgado de Policía Local".
Por lo mismo, insiste en que "hoy día no tenemos una ley que apoye. La multa con suerte es de 3 UTM ($152.000). Son pequeñas... No cobrarán $10 millones por tener fuegos artificiales ilegales, ni se hace el vínculo con la droga".
El análisis de Navarro es similar al de Oyarce y por eso espera que pronto exista una normativa que le otorgue el calificativo de delito a situaciones como el lanzamiento de fuegos artificiales, de manera que aumenten las penas para los infractores y los antecedentes se puedan entregar a las fiscalías, a fin de que realicen las investigaciones correspondientes.
De esta manera, sostiene, existirán sanciones de parte de tribunales y no ocurriría lo que sucede hoy, en que se les aplica una multa a través de los juzgados de policía local.
Navarro es crítico del panorama actual y asegura que en muchos casos, tras los fuegos artificiales existe una vinculación con el narcotráfico.
"No podemos dejarle los caminos abiertos a los narcos, pero si no tenemos una ley de inteligencia financiada es más difícil que podamos operar... Hoy no tenemos esa ley. Entonces, lo que hacemos frente a determinados hechos es decretar normas determinadas, lo que complejiza la realidad jurídica porque no se requiere tener muchas leyes, ya que ello es un fracaso", cuestiona.
Por eso subraya en que lo que "necesitamos es una ley de calidad que involucre una serie de elementos para que la gente entienda que la debe acatar".
Navaro crítica, además, que algunos parlamentarios de oposición propongan que se deroguen leyes que nacieron para evitar la delincuencia. "Tenemos que ponernos de acuerdo en la sociedad civil y los parlamentarios deben estar en línea con la comunidad, porque los que más sufren en estos casos son los jóvenes y las familias. No se puede sacar una ley un año y al siguiente derogarla... Eso es reírnos de la comunidad", advierte.
Pasa a delito
Desde el Ministerio Público, Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt, sostiene que como Fiscalía se encuentran atentos a las modificaciones que han ingresado al Congreso en materia de comercialización, tenencia y uso de fuegos artificiales, además del complemento en la Ley de Armas que se está debatiendo, ya que será una herramienta importante para poder realizar una persecución penal más efectiva sobre el mal uso que se está haciendo, principalmente hoy día en materia de pirotecnia.
El proyecto, dice, modifica la Ley de Control de Armas. En ese sentido, deja de ser falta y pasa a ser delito el hecho de activar o detonar sin autorización fuegos artificiales, además de sancionar como delitos la tendencia ilegal y el tráfico de estos elementos de pirotecnia sin contar con algún tipo de autorización o para los motivos que establece la ley.
Asimismo, destaca lo importante que puede ser la modificación que se haga "al introducir un tipo penal de disparar injustificadamente un arma de fuego al aire, lo que creemos que va a complementar las investigaciones que llevamos a cabo y que son varias en materia de drogas, en las cuales han sido encontradas armas de fuego, por lo que creemos que esta indagatoria, que ha sido encargada a personal de la PDI y de Carabineros (OS-9 principalmente), claramente con una modificación legal, permitirá tener mayores herramientas y dar una eficiencia a la persecución penal, tanto en delitos de drogas como de control de armas y otros que puedan relacionarse a asociaciones o al uso que se está haciendo por parte de traficantes en distintos lugares".
Según explica, la tenencia y gestión irregular de fuegos artificiales actualmente no constituyen delito y son competencia del Juzgado de Policía Local.
Sin embargo, detalla que hay un proyecto de ley que cambiará todo esto y ahí sí lo vería la Fiscalía. "La ley está próxima a salir. Yo pensaba que saldría antes de Año Nuevo, pero no pasó nada", precisa.
Esto no implica, complementa, que la tenencia y uso de fuegos artificiales puedan servir de instrumento para otros delitos, como por ejemplo, un incendio. Y en este caso, la "Fiscalía entra e investiga".
Cobardes y prohibición
Patricio Navarro sentencia que hoy se deben "recuperar nuestras calles, que son de la sociedad civil, lo mismo que las plazas". Y es que Navarro asegura que los delincuentes "son cobardes y en especial los narcotraficantes, que se sienten amparados o por la noche o por una pistola".
Sin embargo, "le tienen terror a las cárceles. Son valientes porque saben que es la manera de intimidar a la población, pero la verdad es que son cobardes. La gente normal no trafica ni daña a nadie".
Y si de leyes se trata, el diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal) ingresó al Parlamento un proyecto de ley con la finalidad de solicitar la prohibición del uso de fuegos artificiales sonoros en eventos. "Esta ley está pensada en los cientos de niños con espectro autista como también en la fauna nativa y mascotas que sufren considerablemente por el alto ruido de este tipo de pirotecnia", afirma.
Bernales explica que respecto de los fuegos artificiales que se observan noche a noche y que preocupan a los vecinos, "en el Congreso estamos legislando sobre esta materia en donde hemos puesto el foco en el aumento de penas como en la fiscalización de internación de este tipo de productos que ya están prohibidos por ley"
Lo que cuestiona Bernales, en todo caso, es que sean los vecinos de los diversos barrios de Puerto Montt quienes deban hacerse cargo de estos problemas. "La falta de coordinación con algunas autoridades los ha obligado a organizarse y hacerse cargo de la seguridad de sus barrios", indica.
El diputado reclama que "hace un mes pedimos que se desarrolle una mesa de trabajo amplia con los barrios más afectados por la delincuencia y las autoridades regionales y comunales, ya que es vital diseñar un plan de trabajo de fiscalización y de inversión en seguridad barrial".
El prefectoFernando Fajardo tiene una visión distinta, al asegurar que se trata de una pelea que "estamos dando todos los días. Estamos trabajando y los resultados, a veces, no son de forma inmediata, porque hay que armar toda la cadena para garantizar que al sujeto que se va a detener no quede en libertad por algún vicio legal. Vamos a dar la pelea".
Sobre si la droga es uno de los mayores problemas en la actualidad, el subprefecto David González, jefe de la Prefectura Provincial Llanquihue de la PDI, sostiene que efectivamente los delitos asociados a la Ley 20.000 son los que se investigan con mayor frecuencia en las poblaciones, y por ello "continuamos trabajando con un plan especial para recuperar los espacios públicos, sacar de circulación la droga al menudeo y dar mayor tranquilidad a los vecinos: este es el Plan Microtráfico Cero".
Sin embargo, comenta que a raíz de la pandemia ha surgido con mayor frecuencia otro tipo de hechos asociados, principalmente a delitos sexuales, además de los surgidos al interior de las viviendas, dado que las familias se encuentran mayormente en sus hogares y con mayor uso de plataformas en internet y redes sociales.
"Para abordar esto, hace algunas semanas realizamos una campaña con el Ministerio de Desarrollo Social para combatir el ciberabuso sexual infantil, además de participar de manera
el lanzamiento de fuegos artificiales causó variados problemas en diciembre, como el incendio de esta propiedad.