go a la legalidad, actuaciones siempre sometidas al escrutinio y control de los tribunales de justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad", resaltó.

Para la fiscal regional, todas las acciones persecutorias emprendidas por los fiscales tienen como única y exclusiva motivación la búsqueda de reparación ante hechos constitutivos de delitos, en cualquier contexto. "No cabe, por tanto, cuestionamiento alguno respecto de eventuales consideraciones de orden no jurídico en la persecución criminal que lleva adelante el Ministerio Público. Ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva, las que son evaluadas en audiencia públicas, en las que interviene la defensa de imputado y en la que resuelve un Tribunal de la República, decisión que regularmente es revisada, a su vez, por un tribunal colegiado".

De acuerdo a la postura del Ministerio Público, el proceso penal actual, impide cualquier arbitrariedad. "Ante este contexto un proyecto de ley de indulto, dejaría en libertad a condenados por diversos hechos que han atentado contra importantes bienes jurídicos, lo que constituiría una gravísima señal para la convivencia social".

Persecución

Desde la Defensoría Penal Pública se remarcó que se trata de procesos penales.

"Las personas detenidas en contexto del estallido están vinculadas a determinados hechos ilícitos que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política, sino con una persecución penal", afirmó el defensor nacional, Andrés Mahnke.

La autoridad apuntó, en cambio, a que la demora de los procesos se explica por el abuso de la prisión preventiva.

"Se mantiene (la medida) porque de verdad se está usando como una pena anticipada en el país, ya no con un fin cautelar, ya no con un fin de procedimiento. Y para ponerlo en una frase, lo que me sorprende es que sorprenda, porque esto está pasando hace muchos años".

Similar postura respecto a las prisiones preventivas que se dictaminan dio a conocer el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Mauricio Maya.

Maya puntualizó que el consejo del instituto ha realizado la observación al Ministerio Público y a los tribunales de justicia en materia penal "respecto del uso excesivo de la medida de prisión preventiva".

Según Maya, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos "la prisión preventiva es una medida reservada para casos más graves y en ese contexto es relevante en la discusión de las personas que fueron privadas de su libertad por causas del estallido social".

Insistió que "el llamado es que se haga un uso adecuado, racional y de última instancia a la prisión preventiva".

Añadió que el consejo del INDH aún no ha emitido opinión sobre el proyecto que se busca analizar en el Congreso.

18 de octubre comenzó el estallido social en Santiago. Al día siguiente comenzaron los disturbios en Puerto Montt.

7 años y medio es la pena dictaminada contra el acusado de los daños e incendio en calidad de frustrado en la catedral.

20 de noviembre del año pasado se perpetró el ataque al edificio de la gobernación de la Provincia de Llanquihue.