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Estallido social: 107 personas han sido condenadas por incidentes

REGIÓN DE LOS LAGOS. Tanto desde el Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública rechazaron el proyecto de ley que busca indultar a quienes cometieron ilícitos durante la revuelta. Instituto Nacional de Derechos Humanos llamó la atención por excesos en la aplicación de la prisión preventiva.
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Marcelo Galindo

Más de 100 personas han sido condenadas en tribunales de la Región de Los Lagos por cometer delitos durante el estallido social, que tuvo como inicio el 18 de octubre de 2019 con las violentas protestas en Santiago y la quema de estaciones de metro.

Aunque no todos están cumpliendo penas de cárcel, muchos de ellos han contado con sanciones alternativas en libertad, tras determinaciones en tribunales de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal (TOP).

Tras el anuncio en el Congreso de la presentación de un proyecto que busca indultar a quienes cometieron ilícitos en las manifestaciones, desde la Fiscalía Regional y la Defensoría Regional Penal Pública entregaron sus posturas.

Quien también habló, desde el punto de vista de la aplicación de la prisión preventiva fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Lo concreto es que en la región han continuado los procesos en el ámbito penal, algunos más adelantados que otros.

Delitos

Respecto a las condenas obtenidas por hechos delictivos perpetrados con ocasión de las movilizaciones sociales a partir del 18 de octubre de 2019, el Ministerio Público en el plano regional dio cuenta de 107 personas sentenciadas.

Según la Fiscalía Regional, las condenas han sido en su mayoría por los delitos de desórdenes públicos, robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (saqueos), daños y en menor medida, delitos tipificados en la Ley de Control de Armas.

Varios de los condenados tenían antecedentes con sentencias anteriores por distintos delitos.

Las destacadas

De los casos llevados a juicio oral o abreviado, varios han sido mediáticos y han llamado la atención de la comunidad.

Según el ente persecutor, entre ellos están el llamado caso gobernación y saqueos a locales comerciales en el centro Puerto Montt.

Se trata de hechos del 21 de octubre de 2019, relativos al saqueo contra el supermercado Unimarc y la tienda Ripley, y el saqueo en el edificio de la gobernación de la provincia de Llanquihue. Este último registrado el 20 de noviembre de 2019.

Hay tres condenados, de los cuáles sólo uno fue pena efectiva, estando pendiente actualmente la apelación del Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la que se impugna la concesión de pena sustitutiva otorgada al imputado que intervino en el saqueo a la gobernación.

Otro caso al cual se arribó a una condena es el del Caso Catedral.

Se trata de hechos ocurridos el 13, 14, 18 y 19 de noviembre de 2019, relativos a destrozos de infraestructura urbana del centro de Puerto Montt, como también daños, saqueo e incendio en contra del templo católico de la capital regional. El único imputado fue condenado a dos penas efectivas de 541 días y de 5 años y un día, por los delitos de hurto e incendio, respectivamente.

Reparación

Carmen Gloria Wittwer, actual fiscal regional, estuvo presente en el consejo nacional de fiscales regionales, donde se abordó una postura respecto al proyecto impulsado por algunos congresistas.

Según Wittwer, en concordancia con la declaración dada por el Consejo de Fiscales Regionales, "puedo señalar que las actuaciones de la Fiscalía se enmarcan en el mandato institucional que le otorgan la Constitución y las leyes, y que los fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto ape

"Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos la prisión preventiva es una medida reservada para casos más graves"

Mauricio Maya

Director regional del INDH