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Repartidores salen a la calle a pedir un mejor trato laboral y a respaldar a joven accidentado

TOMÁS CHÁVEZ. Permanece en condición grave tras ser colisionado por un automóvil cuando trabajaba para Pedidos Ya en su bicicleta. Trabajadores solicitan más fiscalización. Desde la empresa responden que están "abiertos al diálogo".
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Marcelo Galindo

Los repartidores de Pedidos Ya salieron ayer a la calle. Sin embargo, esta vez no fue para cumplir con sus funciones de delivery, sino que a manifestarse exigiendo un mejor trato laboral,

La protesta tuvo su foco en el respaldo a uno de los trabajadores, quien el 18 de octubre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito, el que lo mantiene en un complejo estado de salud e internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago.

"Mi sobrino ha evolucionado un poco. Pasó del estado de coma a un estado que los médicos llaman "de mínima consciencia", es decir, parece que está despierto, pero su cerebro está desconectado, es como un estado vegetativo", explicó el tío de Tomás, Felipe Chávez, quien se hizo presente en la manifestación de los repartidores.

Riesgoso

Felipe Chávez explicó que su sobrino no ha podido ser operado por los problemas que evidencia.

Dijo que Tomás pasó de la UCI a la UTI en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago, y que su "condición vital es tan débil que no han podido intervenirlo de la fractura expuesta que tiene en la pierna y las fracturas en clavícula, escápula y pelvis, porque es muy riesgoso ingresarlo en su condición a pabellón y anestesiarlo, por lo que sus huesitos por ahora se están uniendo naturalmente. Esperamos que más adelante, cuando mejore su condición, lo puedan intervenir. Además aún no desaparecen del todo los hematomas intracerebrales. Eso será entre tres a cuatro meses más".

Según Chávez, de la "pena y la tristeza hay que sacar fuerzas y dar la pelea. Tomás tendrá una larga recuperación y eso en nuestro país es muy costoso" .

Tomás Chávez tiene 18 años y es estudiante de primer año de la carrera de Pedagogía en Química en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Precariedad

La protesta realizada ayer tuvo como nombre "Caravana por la dignidad de los trabajadores".

La actividad terminó con la entrega de una carta dirigida a la directora nacional del Trabajo, Lilia Jerez, para solicitar que se apliquen las multas más altas en la fiscalización que se le realizó a Pedidos Ya tras el accidente de Tomás Chávez.

La misiva también solicita que se inicie un plan de fiscalización ante esta empresa "que evade normas laborales con sus trabajadores; a fin de evitar que otro repartidor se vea involucrado en un hecho tan lamentable y doloroso como el que estamos viviendo como familia", dijo Chávez.

Luis Ángel Arocha, trabajador de Pedidos Ya, anotó que hace un año se desempeña en la empresa. "Estamos pidiendo que se regulen y se dictaminen normas, porque esto en cualquier parte del mundo es una relación laboral. Aquí no está garantizada la seguridad laboral y menos la salud de los trabajadores", afirmó.

Comisión

Mauro González, director regional del Trabajo, explicó que el proceso de fiscalización lo está realizando la Inspección del Trabajo desde el día que se tomó conocimiento de este accidente.

"Se activó una comisión para aclarar los hechos que se denuncian, y para ello está fiscalizando la Inspección de Puerto Montt, la que busca establecer si existen responsabilidades laborales de la empresa Pedidos Ya con el joven Tomás Chávez".

Tras la consulta de El Llanquihue, desde Pedidos Ya y a través de una declaración pública, se dijo que "ante las movilizaciones protagonizadas por un grupo acotado de repartidores en Puerto Montt, como empresa queremos reiterar que estamos y hemos estado siempre abiertos al diálogo constructivo con todos quienes forman parte del ecosistema del delivery".

18 años tiene Tomás Chávez, quien está grave en Santiago tras el accidente.

18 de octubre ocurrió el accidente de tránsito, el que dejó con graves secuelas al joven estudiante.

Desalojan una toma que se levantó bajo los cables eléctricos de alta tensión

FRANJA FISCAL. Vecinos de Portal del Sur, cerca del enlace de la Ruta 5, dieron cuenta de irregular situación. La medida fue ejecutada por la gobernación.
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Fue el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el que solicitó a la gobernación de la provincia de Llanquihue el desalojo de las construcciones que se estaban levantando a orillas del enlace de la Ruta Cinco, en la parte posterior del barrio Portal del Sur en Puerto Montt.

Con Carabineros llegó al lugar la gobernadora Leticia Oyarce, quien explicó que junto con ser ilegal la toma del terreno, por estar en una franja fiscal, se corría un evidente riesgo por estar bajo los cables eléctricos de alta tensión.

Fueron los vecinos quienes advirtieron de la irregular construcción a Carabineros.

Los residentes que colindan con calle Benjamín Franklin, en Portal del Sur, alertaron de la presencia de personas que estaban instalando viviendas en el lugar, el cual corresponde a faja fiscal a cargo de la Concesionaria Los Lagos.

El presidente de la junta de vecinos, Víctor Figueroa, informó a Carabineros de unos trabajos "supuestamente" de limpieza en calle Benjamín Franklin.

Personal policial fue al lugar donde pudo constatar la presencia de unas 20 a 30 personas que estaban comenzando a delimitar el terreno, colocando cintas y estacas lo que indicaba el inicio de una toma ilegal.

"El día lunes comenzamos a realizar los llamados a las autoridades correspondientes para saber el conducto regular y a quién teníamos que recurrir porque los vecinos -y me incluyo- consideramos que lamentablemente, sabemos que la gente está pasando necesidades, sobre todo en esta época, pero esto se puede transformar en un foco de peligro, de insalubridad y de delincuencia. No sabemos cuáles son las intenciones de la gente que llega a las tomas, es una apreciación general de los vecinos. Si bien entendemos lo que está pasando, no es llegar y tomarse un terreno", expresó el dirigente.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se emitió un oficio el 2 de diciembre a la Gobernación provincial solicitado el desalojo.

De acuerdo a la Leticia Oyarce, gobernadora provincial, "este es un terreno que aparte de existir una zanja que se inunda en el invierno, además está bajo la alta tensión por lo tanto era un riesgo muy grande el que personas pudieran generar un asentamiento irregular ahí, por lo tanto procedimos al desalojo", dijo.

30 personas fueron observadas levantado estructuras de madera en este punto de la ciudad.

2 de diciembre el Ministerio de Obras Públicas solicitó el desalojo a la gobernación.