Independientes y constituyentes
El mensaje en la región y el país hacia la clase política es claro: se necesita ampliar la base de personas que discutirán los contenidos de la nueva Constitución. Si las colectividades políticas logran integrar decididamente al mundo independiente, se habrá dado un paso relevante.
Concluido el conteo de votos del plebiscito del pasado domingo en todo el territorio nacional, y que en Los Lagos alcanzó una significativa participación del 43% del padrón electoral, ya ha comenzado a desplegarse el debate acerca de los pasos que se avecinan, luego que una aplastante mayoría en el país y en esta región optara por la opción Apruebo, e iniciando, de esta forma, el itinerario hacia una nueva Constitución Política de la República. Dentro de las múltiples lecturas que se pueden realizar de la abrumadora mayoría que votó por comenzar la ruta de una nueva Carta Magna, hay también una que es imposible de soslayar en el presente y mediano plazo de la discusión: el fuerte descrédito de la clase política, expresado en que la opción de una Convención Mixta (que incluía en un 50% a parlamentarios en ejercicio) fuese derrotada por un margen elocuente ante la Convención Constituyente.
El mensaje que ha dado la ciudadanía es claro. Así como espera consagrar un nuevo pacto social en democracia para los próximos 30 o 40 años, desea también que quienes lo discutan y redacten tengan una composición distinta de quienes están actualmente en el Poder Legislativo. En este sentido, ninguna colectividad política debería dar por sentada una victoria tras los resultados del domingo último que, tal como explicaron analistas consultados por El Llanquihue, responde más bien a una conquista de la ciudadanía.
El desafío inmediato, por tanto, pasará por la inclusión del mundo independiente en la elección de los constituyentes, que se realizará el 11 de abril próximo, junto a los comicios de alcalde, concejales y gobernador regional en todo el país. Los partidos políticos tendrán entonces la responsabilidad de darle cabida a personas genuinamente independientes y con capacidades demostrables en los nombres que habrán de elegir los ciudadanos, dadas las objetivas dificultades que cualquier chileno tiene para presentarse como candidato fuera de algún pacto electoral.
En la medida que la clase política asimile este mensaje y lo atienda, el proceso constitucional podrá comenzar de una buena manera y con suficiente legitimidad.