Redacción

El primer aniversario del estallido social nuevamente fue objeto de comentarios desde La Moneda y desde casi todos los sectores políticos. Mientras el Presidente Sebastián Piñera se reunía telemáticamente con Eduardo Frei y Ricardo Lagos, para dar una señal de unidad, condenar la violencia y valorar las manifestaciones pacíficas, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, destacó las propuestas de algunos líderes opositores para expresarse con "cacerolazos" que permitan evitar la propagación del virus causante del covid-19 y también las confrontaciones.

"Han dicho que la violencia no puede estar presente este fin de semana y menos a una semana del plebiscito, que las manifestaciones siempre deben ser pacíficas y que, si hay que manifestarse sea de manera segura, es decir, sin violencia y guardando todos los resguardos sanitarios. De lo contrario, lamentablemente, las personas que se contagien por estos días no van a poder votar porque tienen que tener una cuarentena obligatoria", expuso Bellolio. Dijo que cualquier aglomeración derivará en una "menor participación en el plebiscito" y añadió: "Si hoy nos cuidamos, el 25 votamos".

El portavoz afirmó que una de las enseñanzas que dejó el 18 de octubre de 2019 es que "la violencia es la antítesis de la democracia", por lo que llamó a expresarse a través del voto en el plebiscito. "Nunca jamás se puede justificar la violencia como método legítimo de expresión política. Y tratar de confundir las manifestaciones con la violencia es equivocado, porque millones de personas se manifestaron por legítimas demandas sociales y esas no pueden estar vinculadas con violencia, no pueden estar monopolizadas por algunos pocos que lo que quieren es que fracase el proceso constituyente, que lo que quieren es destruir, que hacen daño a las personas más vulnerables".

En entrevista con Teletrece Radio, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó que "la expectativa es que no haya grandes concentraciones de personas porque estamos sujetos a normas restrictivas dispuestas por la autoridad sanitaria. Hay que hacer un llamado a la prudencia a la población, porque seguimos en pandemia".

Galli afirmó, además, que habrá un foco especial en el reguardo de los lugares donde ha habido hechos de violencia en forma repetitiva y se dispondrá de controles adicionales en esos sectores. Sobre el resguardo del Metro de Santiago, dijo que se implementará un protocolo "de mayor sensibilidad frente a posibles disturbios". Ayer en la tarde, sin embargo, el monumento al general Baquedano, en Plaza Italia, fue pintado de rojo por manifestantes.

Figueroa y profesores

Frente a los distintos llamados a protestas y banderazos, el alcalde de recoleta, Daniel Jadue (PC), dijo: "Espero que la ciudadanía pueda manifestarse, que esta sea completamente pacífica y que logremos todos reconocer el peligro de la violencia y que lo condenemos, y yo lo condeno con absoluta claridad".

En La Moneda, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó el llamado que hizo el gremio docente a manifestarse en espacios públicos en el aniversario del estallido social, que fue criticado, entre otros actores, por el Colegio Médico: "Tanto la autoridad sanitaria como incluso otros actores, han sido enfáticos en solicitar prudencia y evitar promover las aglomeraciones durante este periodo. Sería muy positivo que el Colegio de Profesores escuchara ese llamado para evitar promover aglomeraciones que puedan poner la vida en riesgo".

A un año del 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 2.520 querellas por presuntas violaciones a los derechos humanos en todo Chile, por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020.

Ese es parte del balance que ofreció el director de la entidad, Sergio Micco, de la crisis social que estalló hace un año, en particular sobre la situación de los derechos humanos en el país y la acción del organismo.

Micco dio a conocer el estado de las acciones judiciales presentadas por el INDH en el período. Estas se dirigen principalmente contra funcionarios de Carabineros: 2.340 casos (92,8%); siguen el Ejército con 97 y la PDI con 34. A la fecha, indicó, sólo 31 causas han sido formalizadas y hay 72 funcionarios imputados.

Detalló que la mayoría de las acciones presentadas fueron por apremios ilegítimos (1.730), tortura (460), violencia innecesaria (101) y abuso contra particulares (81). Hay 3.023 presuntas víctimas: 1.810 hombres adultos, 621 mujeres adultas, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes, y otras 124.

"Estamos frente a las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. En el Informe Anual 2019, el instituto señaló unánimemente que estamos frente a actos que no son abusos de poder esporádicos, no son incidentes aislados. Nos preocupan especialmente los grupos que son víctimas de violación a los derechos humanos. Los traumas oculares, el abuso de la escopeta antidisturbios y los tratos inhumanos, crueles y degradantes con connotación sexual, son motivo de profundo dolor", indicó Sergio Micco, que agregó que la reparación de las víctimas debe ser integral: indemnización, rehabilitación médica y psicológica, además de apoyo jurídico y social.