Marcelo Galindo

Esposados en el acceso al penal de Alto Bonito protestaron los gendarmes en Puerto Montt, luego de la agresión que la semana pasada sufrieron tres funcionarios que resultaron con diversas heridas tras ser apuñalados por un interno.

Dirigentes de los gendarmes reclamaron por las bajas penas que reciben quienes agreden a los funcionarios y pidieron a las autoridades que se preocupen de estos problemas.

Fueron alrededor de 60 los gendarmes que se manifestaron en una jornada de reflexión en el complejo penitenciario, lo que se habría replicado en otras cárceles del país.

Los hechos se registraron el jueves 1 de octubre, mientras una paramédico entregaba medicina a uno de los internos.

Indicaciones

Junto a la investigación interna, llevada adelante por la dirección regional de Gendarmería, el Ministerio Público también dio inicio a una indagatoria.

"La Fiscalía recepcionó los antecedentes asociados a la agresión de tres funcionarios de Gendarmería, en el contexto que en el área de salud uno de los internos condenados a una pena de 15 años, por el delito de robo con violencia, había agredido en primer término a la paramédico rechazando las indicaciones que ella le estaba dando y asociado a ello es que agrede a los funcionarios que van en colaboración de la paramédico", explico el fiscal jefe, Marcelo Maldonado.

De acuerdo al persecutor jefe el Ministerio Público, al recepcionar los antecedentes instruyó al personal del OS 9 de Carabineros para que realice diligencias con el objetivo de determinar el contexto y circunstancias de este hecho.

"Estamos frente a un delito de agresión que es sancionado en la propia ley de Gendarmería con penas que pueden llegar incluso a los 5 años", remarcó el fiscal Maldonado.

Balanza

El vicepresidente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) Mario Palma, dijo que un hecho de estas características nunca antes había ocurrido en el complejo de la capital regional.

Palma calificó el suceso como "muy grave" y que corresponde a una seguidilla de hechos similares a nivel nacional.

"Nosotros estamos dolidos, porque el sistema penal nos perjudica; la balanza está muy desequilibrada y está a favor de los internos porque nosotros sufrimos agresiones y se hacen querellas y denuncias, y lo máximo como condena de los internos por agredir a los funcionarios es de 61 a 540 días", aseveró.

El dirigente indicó que el apoyo que han recibido ha sido de todo el país. "Queremos ver qué acciones se tomarán a nivel central, porque la idea es que el Ministerio de Justicia tome cartas en el asunto", remarcó.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, puntualizó que este hecho fue comunicado a la dirección nacional de Gendarmería y al Ministerio de Justicia, "por lo tanto lo que manifiesta la asociación de gendarmes, de pedir mayores penas a los internos que agreden a los gendarmes, es un tema que, por lo ocurrido, está siendo analizando a nivel institucional. Es algo que acojo y se va a conversar en las próximas videoconferencias que tengamos con el subsecretario de Justicia (Sebastián Valenzuela)", manifestó la autoridad.

1 de octubre en la tarde ocurrió la violenta agresión con arma cortopunzante artesanal.

3 son los gendarmes lesionados. Todos están con licencia. Uno quedó con lesiones mayores.

Conservando todas las medidas para prevenir el contagio por coronavirus, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Viviana Sanhueza, se reunió en Carelmapu con mujeres líderes de diversas actividades productivas y organizaciones sociales, donde el foco principal fue analizar la contingencia económica por la pandemia.

"Dialogamos con mujeres dirigentes de feriantes, de cooperativas de productos del mar, de sindicatos que trabajan en el desconche de mariscos, líderes vecinales y de adultos mayores, quienes nos plantearon diversos aspectos operativos en tiempos de pandemia".

La seremi Sanhueza indicó que gran parte de las consultas apuntaron a compatibilizar las actividades productivas con las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación del covid-19.

"Carelmapu, y la comuna de Maullín en general, vive de los productos del mar y de la agricultura familiar campesina, actividades que en gran medida son desarrolladas por mujeres, por ello recibimos una serie de consultas relacionadas con aspectos productivos y de comercialización, las que vamos a canalizar -en la medida de lo posible- con los servicios correspondientes", dijo.

Leslia González, presidenta de la Agrupación de Feriantes de Carelmapu, precisó tras el encuentro, que la llegada del coronavirus ha afectado su actividad económica, situación que se ha incrementado con la declaración de la cuarentena total.

"Agradecemos mucho que se dé esta instancia de diálogo, en la que podamos manifestar nuestras inquietudes. Entendemos y estamos de acuerdo con las restricciones propias de esta pandemia, pero queremos ver alternativas para poder trabajar", señaló.

Yaquelin Cárcamo, presidenta del Comité de Vivienda Nueva Ilusión de Carelmapu, quien se dedica desde hace años al desconche de piures, destacó el carácter encuentro.

"Estoy agradecida de la realización de esta reunión y que las autoridades estén preocupadas de esos temas".

El domingo 4 de octubre la Comisaría Virtual entregó 39 mil 75 permisos, además de 205 salvoconductos. En total se cursaron para Puerto Montt 39 mil 280 documentos.

Entre los puntos llamativos de este nuevo informe de las autoridades y de Carabineros, indica que para el para el paseo de las mascotas se entregaron 136 autorizaciones y para hacer llegar alimentos y otros insumos de primera necesidad a los adultos mayores 729.

"Las compras de los insumos básicos sigue siendo la autorización más requerida en Puerto Montt desde el comienzo de la cuarentena. Sólo el domingo este concepto alcanzó a 35 mil 879 permisos", explicó el general Patricio Yáñez, jefe de la Décima Zona de Carabineros.

El mismo informe indica que las patrullas sanitarias, estrategia impulsada por la Seremi de Salud para fiscalizar de manera aleatoria a la población y controlar el correcto desplazamiento de la población en el contexto de la pandemia, realizó en los últimos días, en la Provincia de Llanquihue, 17 mil 538 controles.

De acuerdo a la gobernadora, Leticia Oyarce, se logró la detención de 362 personas por incumplimiento a la normativa sanitaria en las comunas de la provincia y en Puerto Montt se registraron 319 detenidos, "cifra que se triplicó de acuerdo a los últimos fines de semana". En Frutillar se detuvo a 32 personas y en Maullín a 11.

En el caso de eventos sociales que se detectaron el fin de semana, la autoridad provincial señaló que estas situaciones surgieron a partir de la denuncia ciudadana, lo cual significó cursar los sumarios por infringir la obligación de permanecer en sus respectivos domicilios, y por realizar encuentros o reuniones en cuarentena.

"Hubo cuatro situaciones específicas de fiestas realizadas, donde Carabineros procedió al lugar. Incluso en una casa de Puerto Montt se fue tres veces para hacer esta fiscalización; se han levantado los sumarios por el artículo 318 del código penal".

Oyarce recordó que el 30% de las personas contagiadas son asintomáticas, "por lo tanto, no podemos permitirnos recibir a personas desde otros lugares o que no son parte de nuestro núcleo familiar".

1.789 permisos para adquirir insumos básicos se entregaron en Frutillar durante el domingo pasado.

1.115 autorizaciones para la compra de comida, entre otros productos esenciales, se entregaron en Maullín.