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Dirigentes vecinales denuncian balaceras, fiestas, peleas y ruidos molestos en toma

LADERA. Desde marzo y en adelante aumentó a 20 el número de mediaguas en el cerro de Antonio Varas Norte. Autoridad de Vivienda reconoce que están identificado el asentamiento. El lugar fue desalojado con Carabineros en el 2017.
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Marcelo Galindo

Cansados están los vecinos de las poblaciones La Paloma Uno y Antonio Varas, Sur y Norte, por los constantes desórdenes, fiestas, peleas y balaceras que se registran en la toma ubicada en la ladera del cerro del sector y que desde marzo y en adelante habría aumentado al doble la cantidad de mediaguas construidas.

María Luis Gatino, presidenta de la junta de vecinos de La Paloma Uno, dijo que hasta dicho mes no se contabilizaban más de 10 mediaguas, pero ahora hay más de 20, "con algunas construcciones muy llamativas para las que hay que tener recursos", comentó.

La situación de la ladera del cerro de Antonio Varas Norte se repite en otros barrios, en el sentido que se registra un aumento en el número de personas que han buscado residir en estos asentamientos por problemas económicos.

Balaceras

"No he tenido respuesta de las autoridades y menos de Carabineros por estas tomas. Hemos sufrido altas y bajas de voltaje del sistema eléctrico porque se cuelgan de los cables", relató María Luisa Gatino.

De acuerdo a la dirigente quienes llegan a la toma, "construyen sus casas y arman pozos sépticos, por lo que en el verano el mal olor es insoportable".

Gatino dijo que "se tomaron el cerro completo. Existe riesgo porque se suman los desórdenes y las fiestas, además de las balaceras y los problemas con la electricidad. Amanecen con ruidos y cuando se reclama nadie llega. Esto es insoportable", apuntó.

La presidenta de la junta de vecinos de La Paloma Uno, explicó que el cerro es del Serviu, servicio que tenía contemplado un proyecto para convertir este lugar en un parque, incluso con ciclovía.

"Limpian la maleza y construyen; pero llama la atención la calidad de las casas que levantan. Muchas familias necesitan un lugar donde vivir, pero es necesario que se haga un empadronamiento, porque allí llega gente que no tiene buena convivencia. Los patrullajes policiales son escasos y cuando se llama a Carabineros, llegan cinco horas después", criticó la dirigenta vecinal.

Riesgo

Eduardo Farías, dirigente de la junta de vecinos Marinero Fuentealba de población Antonio Varas Sur, dijo que en el 2017, con la ayuda de Carabineros está zona fue desalojada y recordó que, incluso, se proyectaba levantar un parque en el lugar.

Farías dijo que cuando se trabajó el programa Quiero Mi Barrio, "esta zona fue declarada como de riesgo y hasta ese momento había un proyecto de hacer una ciclovía y no hay más antecedentes, pero sí se mejoraron las escaleras que acceden desde Antonio Varas hacia La Paloma".

Un punto importante dado a conocer por el dirigente es lo que han analizado con los vecinos de su barrio respecto de las acciones que tomaron los residentes de población La Colina (una población cercana) para erradicar a quienes levantaron mediaguas en el cerro de ese sector y que eran utilizadas para traficar. "La información indica que hay gente que salió desde allí y que se fue a instalar a este lugar (cerro de población Antonio Varas)".

Para el dirigente social, las autoridades deben poner más atención a lo que está ocurriendo en este sector y por eso pide aclarar quiénes son los responsables de estas tomas.

Ruidos

El general Patricio Yáñez, jefe de la Décima Zona de Carabineros, explicó que en esta cuarentena en Puerto Montt han surgido varias dificultades en los barrios "y para ello hemos instruido a los jefes de las unidades territoriales para que puedan atender de buena forma los reclamos y denuncias de las incivilidades y delitos".

Yáñez indicó que a la población Antonio Varas han concurrido en varias oportunidades por ruidos molestos producto de la música alta. "Se han cursado las infracciones como corresponde; pero el problema respecto a la toma en el lugar obedece su pronunciamiento de otras autoridades. Es importante también que los dirigentes vecinales tengan claro el número de los cuadrantes para que la atención sea más efectiva, coordinada y rápida".

Carlos Garcés, encargado nacional de Campamentos, en su reciente visita a Puerto Montt, reconoció que en la región hubo un incremento considerable, porque se pasó de 32 a 43 campamentos.

La autoridad dijo que hay 43 campamentos con 2090 hogares, según el catastro 2019, en toda la región, "y a la fecha se han cerrado nueve campamentos con alrededor de 300 familias".

10 mediaguas

2017 habían en este lugar en marzo y a la fecha ya van 20.

identificación de la toma

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El seremi de Vivienda, Jorge Guevara, señaló que en la región se han estado identificando distintos lugares donde se han generado tomas irregulares de terreno, "y en algunas de ellas se han ejecutado construcciones de mediaguas de manera irregular y una es la que se ubica cerca de la ladera del cerro de población Antonio Varas". De acuerdo a Guevara, "a nosotros nos preocupa y estamos identificando esta toma, pero también hay que tener claro que hemos venido trabajando con nuestro equipo de campamento hace tiempo con otras familias y todos estos registros e información que vamos recabando ahora nos va a servir para un próximo catastro e ingresarlos en ese esquema de trabajo; pero por ahora nosotros estamos trabajando con los campamentos que hemos catastrado hace un par de años y vamos avanzando en la búsqueda de soluciones definitivas para estas familias", reveló. "Decir a la gente que, por necesidad está generando estas nuevas tomas irregulares, que los queremos invitar a ver vías de solución que sean distintas a las tomas ilegales", planteó.

Dictaminan pena de 5 años para autores de robo en una vivienda y por receptación

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Yhon Leandro Ojeda Vega y Roberto Alejandro Ojeda Muñoz a cinco años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación.

En fallo unánime el tribunal aplicó, además, a Ojeda Vega y Ojeda Muñoz las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.