Demostrando lo profundo que ha sido el impacto económico en las familias chilenas desde que llegara la pandemia al país, con la emergencia previa del estallido social de octubre, la población de la Región de Los Lagos ha dejado en claro que, hoy por hoy, su principal preocupación pasa por los sueldos y el empleo, variable netamente de economía doméstica que superó incluso al coronavirus y la salud, según el estudio llamado "Bienestar de los chilenos en modo covid", que realizaran en conjunto la Mutual de Seguros y la Universidad Adolfo Ibáñez. De acuerdo a esta encuesta, que abordó aspectos vinculados a las consecuencias materiales y sicológicas de la pandemia en las personas, la inquietud por las remuneraciones y la estabilidad laboral se alza con el 45% de las menciones, superando por lejos a la pandemia, la salud y la desigualdad, que obtuvieron un 25%, 20% y 19%, respectivamente.

En cuanto a los sueños y aspiraciones de los ciudadanos, en primer lugar se alza la estabilidad laboral, con 31% (volviendo a reflejarse la relevancia de la variable económica), seguida por la posibilidad de adquirir un bien y desarrollo profesional, con el 27% y 16%, respectivamente. Recién aparece la pandemia en la primera posición cuando a los encuestados se les consultó por sus temores e incertidumbre, que con el 34% de las menciones sobrepasó por poco a la inestabilidad laboral, que llegó al 33%.

Este estudio, que buscaba medir el bienestar de las personas en Los Lagos, demuestra claramente que la incertidumbre económica se ha posicionado en el primer lugar de las preocupaciones de las personas, que han asistido con pavor al declive, por ejemplo, de la siempre pujante actividad turística local, además de la ralentización de inversiones en otros rubros. Las largas filas que ha habido en las oficinas del Seguro de Cesantía en estos últimos meses es, tal vez, el símbolo que mejor demuestra la precariedad del empleo en que se han sumido las familias y que exige una pronta actuación del Gobierno para iniciar cuanto antes el plan de inversión en infraestructura pública, que pretende generar 21 mil puestos de trabajo en la región.

Durante el mes pasado, reflotó con fuerza el tema de la privatización del borde costero de Puerto Montt con la aprobación, por parte del Concejo Municipal, de la construcción de una pasarela para unir los edificios del Mall Paseo Costanera. Este hecho trajo a la memoria también que, por más de 20 años, los distintos gobiernos locales han entregado en bandeja este espacio de uso público a los grupos económicos dominantes de la capital regional. Sin duda que es un tema preocupante, considerando que un bien de todos los ciudadanos no puede ser gestionado por unos pocos.

Ahora bien, la privatización del borde costero no sólo se lleva a cabo en el centro de la ciudad. Este proceso también se viene desplegando desde hace unas décadas en toda la zona costera del Seno de Reloncaví, mediante la asignación indiscriminada, y en base a la demanda, de concesiones para el desarrollo de una industrialización marítima (empresas acuícolas, pesqueras, portuarias, etc.). Estas actividades han sido fuertemente apoyadas por el Estado y generan una serie de tensiones y conflictos con las comunidades litorales, sobre todo las pesquera-artesanales.

En el fondo, con la expansión de esta industria en el Reloncaví, se provoca el despojo de las comunidades costeras de sus territorios de acción consuetudinaria, que se manifiesta en el desplazamiento y/o reducción de sus actividades tradicionales, problemas de acceso y escasez de recursos pesqueros, la destrucción o abandono del espacio litoral, la degradación de los ecosistemas costeros y la precarización de las condiciones de vida de los grupos locales por la pérdida de control de sus territorios.

En definitiva, a raíz del aumento de las actividades productivas, se requiere regular el uso de la zona costera del Seno de Reloncaví en toda su extensión, mediante mecanismos que aseguren la participación de todos los actores involucrados. Se trata de un tremendo desafío que implica generar un sistema de gobernanza litoral que permita mejorar la convivencia entre las distintas actividades y prevenir que ciertos sectores del borde costero no se transformen en zonas potenciales de sacrificio ambiental.

Alejandro Retamal Maldonado, investigador del Ceder de la ULagos

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