Mucho se ha insistido en la conducción de vehículos motorizados con absoluto apego a la normativa vigente, es decir, respetando los límites de velocidad y a la vez ejerciendo un manejo atento a las condiciones del tránsito y a la defensiva.

Sin embargo, es fácil ver en comunas de la región automóviles desplazándose a velocidades que claramente exceden los límites permitidos en áreas urbanas, y que tienen como máximo los 50 kilómetros por hora; o bien choferes -lo que es cada vez más frecuente- que guían sus vehículos haciendo uso de sus teléfonos celulares.

Se trata de un problema que se ha abordado desde todos los frentes, con campañas en diversos medios, pero en el que poco se avanza, toda vez que a diario puede observarse a conductores que transgreden la norma y cometen imprudencias que perfectamente podrían terminar en un accidente.

Frente a este escenario se hace necesario volver a este tema las veces que sea necesario, con la finalidad de generar una real toma de conciencia por parte de quienes asumen la conducción de un vehículo motorizado.

Cuando el país enfrenta el mayor desafío sanitario en su historia reciente, todos los esfuerzos logísticos, económicos y humanos de la Salud debieran estar puestos en la batalla que se está librando para controlar el avance del coronavirus y a la vez proteger a la población. Por ello, exponerse uno y a la vez a otros a un accidente de tránsito, por mera irresponsabilidad, es un acto absolutamente egoísta e irresponsable y una conducta que debe ser erradicada.

En momentos tan trascendentales como los que enfrenta el país, la responsabilidad y el cuidado personal y colectivo, son fundamentales.

Es difícil escribir sin mencionar lo que está pasando en la contingencia. Todos deberíamos preguntarnos cómo es posible que un sector tan importante de la sociedad como los transportistas, tengan que ir a "paro" con una demanda tan dramática como protestar para poder desarrollar su actividad sin poner en riesgo sus vidas y las de sus familiares, incluidos niños.

Gran parte del problema de violencia, no toda, se concentra en La Araucanía. Estudiando las causas del conflicto, me he encontrado con dos intervenciones notables. Primero, del presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, quien expresa respecto del conflicto mapuche (sic) que "es un problema que existe y en Chile hacemos como que no existe (…) y para resolver un problema hay que entenderlo y hacerse cargo (…) El pueblo mapuche siente que el Estado chileno los despojó de su territorio y que no les cumplió las promesas hechas (…) No significa que vamos a volver al siglo XIX, pero en la medida que no se aborde el problema como corresponde, uno le abre espacios a gente que usa este conflicto real como un conflicto ideológico. (…) Y eso es por culpa del Estado chileno y de los chilenos que nos hacemos los lesos frente a este problema (…) La inmensa mayoría del pueblo mapuche lo que quiere es paz, trabajo y desarrollo".

Juan José Ugarte, presidente de Corma, en una entrevista "clama" por separar la agenda contra la delincuencia organizada, de la agenda indígena. Comparte cómo se relacionan al igual que CMPC, con más de mil comunidades que representan más de 160.000 mapuches. Sin temas tabúes, tierra, acceso al agua, desarrollo compartido, respeto a sectores culturales indígenas, coincidiendo con Gazitúa en que no están en la retina de la sociedad ya que no se visibilizan. Importa más el conflicto, el problema, no la solución y quiénes pueden ser parte de ella.

El aprendizaje es que los problemas hay que enfrentarlos. Que por difícil que parezcan, existen personas como las mencionadas que mucho pueden ayudar si de verdad existe la voluntad de resolver el conflicto, terminando con condiciones para que grupos violentos instrumentalicen la situación y que terminen, como dice el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, poniendo al país "de rodilla" ante la delincuencia.

Héctor Henríquez Negrón, presidente de

Armasur y de la Multigremial Los Lagos

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