Alma López

En los últimos meses se han registrado varios accidentes medioambientales que mantienen la mirada de la ciudadanía puesta sobre las autoridades, especialmente las encargadas de proteger el medio ambiente.

Tales son los casos de los últimos escapes de salmón o denuncias sobre contaminación en rellenos sanitarios en la Región Los Lagos.

En relación a esto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de La Maza, indicó que dirigen sus acciones en aplicar la Estrategia de Inteligencia Ambiental, programa con el que impulsan el monitoreo de ciertas áreas industriales para detectar, con anticipación, posibles nuevos impactos ecológicos.

-¿En qué consiste este programa y cómo se aplican en los diferentes sectores industriales o de explotación de recursos?

-Todos los sistemas tecnológicos de conexión en línea de distintas variables ambientales nos permiten detectar desviaciones a tiempo y anticiparnos a un impacto. En esto hemos avanzado en el sector de la acuicultura, por ejemplo, recientemente lanzamos una instrucción general que abarca todos los centros de engorda que van a tener que reportar variables en tiempo real sobre oxigeno disuelto, temperatura y salinidad.

Esto también se está aplicando en el Salar de Atacama, con relación al agua, para detectar emisiones contaminantes. Ocupamos monitores móviles que nos permiten medir niveles de contaminación en zonas específicas, por un tiempo necesario. Utilizamos drones con cámaras termográficas que muestran la operación de estufas a leña, en tiempos que no están permitidas.

Y todo con el uso de la inteligencia artificial. Esta información tiene mucho más valor cuando transformamos datos en análisis, estamos ocupando algoritmos bastantes sofisticados. En el caso del posicionamiento de centros de engorde de salmón, mediante imágenes satelitales detectamos si están cumpliendo con la localización que les exige la zona de engorde y cuando encontramos que están fuera de esa área, les informamos directamente a los centros y en casos en que las desviaciones son mayores, nos reservamos la oportunidad de ejercer otras acciones legales.

-A propósito de las salmoneras, organizaciones ambientales califican las sanciones económicas como insignificantes ante el daño ecológico que causan y que deberían castigarse con el retiro de sus concesiones. Esto viene por la reciente multa aplicada a la empresa Mowi. ¿Qué les dice al respecto?

-Ponderamos estos hechos y tenemos la convicción de que la sanción concreta a Mowi fue proporcional a la infracción y al impacto causado. Aquí hay que entender que nosotros evaluamos la capacidad económica que tenía la empresa, una multinacional, lo cual aumenta la multa. Pero quiero ser claro: la revocación del permiso ambiental a una infraestructura que ya había sido retirada y llevaba dos años sin operar, no consideramos que era un reproche lo que ocurrió, por eso nos inclinamos por una sanción monetaria, en vez de retirar el permiso. La concesión marítima no la entrega la SMA, eso atañe a otras autoridades, lo que nos compete es la revocación del permiso ambiental, que en este caso particular, no creemos que sea una sanción adecuada para incentivar el cumplimiento de la industria. No buscamos sancionar per se, lo que queremos es que se cumpla la normativa y se proteja el medio ambiente. Creemos que con esta sanción se cumple ese objetivo.

-La Subsecretaría de Pesca también publicó una normativa para regular los estándares de las jaulas salmoneras. ¿Le parece que esta medida pueda ser efectiva?

-Es muy importante lo que se está viviendo en el sector de la acuicultura, es el comienzo de una nueva fase en que, tanto en la vigilancia ambiental, como lo estándares, están subiendo de tal manera que la industria sea cada vez más sustentable. Esta fase era muy necesaria en vista, por ejemplo, de eventos que han ocurrido este año y en anteriores. La regulación es perfeccionada para mejorar los estándares y, además, reforzar el cumplimiento normativo y esto va a llevarnos a ser mucho más competitivos en los mercados internacionales, con productos con características ambientales más positivas.

-¿Cómo avanza el proyecto de transición de estufas de leña a pellet?

-Este es un programa que lleva el Ministerio de Medio Ambiente y que consideramos muy necesario, sobre todo migrar a otras tecnologías, menos contaminantes, con otros combustibles y creo que Chile ha dado pasos sólidos, quizás no con la velocidad que se requiere para el problema ambiental que acarrea la leña, pero sí de manera sustantiva y eso se ha reconocido en varios países que tienen problemas similares, como Nueva Zelanda, Estados Unidos, que también tienen problemas de contaminación, nunca tan grave como acá, pero con similitud. Hay que destacar que para tener beneficios ambientales concretos, también se debe contar con el cumplimiento normativo y otras obligaciones al problema de contaminación que no son asociados al recambio, por ejemplo, el sector comercial que tiene que hacer un cambio obligatorio de su sistemas de calefacción y que estamos fiscalizando, entre otras supervisiones. Podemos tener muchas normas y programas en curso, pero si no se ejecutan en tiempo y forma, los beneficios no llegan.

-Y con ese panorama de no acatamiento de las normas, ¿cuáles medidas adoptarán para vigilar el cumplimiento de las mismas?

-Estamos desplegando sistemas tecnológicos en todo Chile para poder vigilar. Instruimos al sector del comercio de la leña a registrarse en un catastro y reportar la humedad del combustible de manera periódica, también a inscribirse en el sistema de recambio en el que muchos están atrasados y con eso esperamos que haya un monitoreo más fuerte. Además, pronto vamos a sacar una instrucción para que el sector industrial, las fuentes fijas, como calderas y otros sistemas con combustión, se conecten en línea con la Superintendencia para vigilar que, por ejemplo, cumplan con obligaciones de paralización. Llamamos a toda la industria a tomar conciencia y responsabilidad de sus acciones, de tal manera de fortalecer la protección ambiental. A que tomen las medidas para evitar situaciones que eventualmente causen daño al medio ambiente o acciones disuasivas que puedan acarrearles acciones legales.

-¿Están trabajando en programas específicos para la región?

-En Los Lagos tenemos un programa de fiscalización intensiva de los sitios de disposición final de residuos, hemos supervisado la mayoría de los principales y hemos avanzado en las medidas correctivas cuando detectamos infracciones. Especialmente, en la zona de Chiloé, donde este problema reviste mayor gravedad y hemos estado muy encima exigiendo medidas, en pos de reducir los riesgos de algún tipo de afectación.

-Recientemente hubo denuncias por emanaciones de gas metano y otros focos de contaminación en el relleno sanitario La Laja, en Puerto Varas. ¿Cómo esta esa supervisión?

-Ya teníamos un programa de cumplimiento en La Laja en el que estábamos vigilando algunas medidas y ahora con un nuevo antecedente, es una investigación en curso que prefiero mantenerla en reserva para fortalecer la investigación, pero estamos vigilando este tema. Quiero reforzar el hecho de que estamos migrando en el proceso de fiscalización tradicional, en terreno, a una remota, con un despliegue mucho mayor, que abarca al 100% todos los sectores, donde aprovechamos el uso de la tecnología, no solo para capturar data, sino para permitir análisis más sofisticados que nos permitan tomar decisiones y medidas preventivas a tiempo.

-¿Existen novedades legales para la protección de los humedales?

-Tenemos un programa de vigilancia de los humedales a lo largo del país. Primero nos enfocamos en humedales de los Altos Andinos, que son muchas veces los más afectados por escasez de agua, pero lo estamos extendiendo a otros como los urbanos, cuerpos lacustres, a fin de tener un escaneo completo del estado ambiental de estos ecosistemas, y además de ver algún deterioro. También observamos si hay alguna infracción, para tomar medidas para preservar ese ecosistema.

"La revocación del permiso ambiental a una infraestructura que ya había sido retirada y llevaba dos años sin operar, no consideramos que era un reproche lo que ocurrió, por eso nos inclinamos por una sanción monetaria, en vez de retirar el permiso"

"Chile ha dado pasos sólidos, quizás no con la velocidad que se requiere para el problema ambiental que acarrea la leña, pero sí de manera sustantiva y eso se ha reconocido en varios países que tienen problemas similares, como Nueva Zelanda, estados Unidos".