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-Hoy hay 10 personas declarando como víctimas en la investigación. ¿Tienen alguna estimación de cuántas personas más pidieron dinero a esta organización criminal, teniendo como dato que las ganancias se estiman en al menos $500 millones?
-En esta nueva etapa de la investigación buscamos determinar con exactitud quiénes se vieron en la necesidad de solicitar préstamos informales. El nuevo paso que nos queda, sin perjuicio de lo ya hecho, es conocer cada una de las operaciones y los efectos de la misma. En general, las personas no realizan denuncias asociadas a estos hechos, ya sea porque temen la reacción de la organización o porque incluso aún les resulta atractivo el préstamo.
Y en un tercer orden, no denuncian porque creen que ellos también están cometiendo un delito, lo que no es efectivo. Quien pidió un préstamo no cometió un delito: es una víctima de la organización criminal. Y nuestra misión como Fiscalía es brindar protección a víctimas y testigos.
Asociación ilícita
-¿Por qué el delito de asociación ilícita es tan complejo de confirmar ante un tribunal durante un juicio? ¿Qué pruebas tienen que conseguir?
-La asociación ilícita es la construcción hecha por la ley, que tiene múltiples exigencias tanto para el investigador como para quien decide perseguir a sus miembros. Esto porque se trata de organizaciones construidas sobre la base de relaciones específicas, con determinadas personas. Este delito exige la existencia de una jerarquía interna, con mandos y operaciones específicas a cargo de distintas personas.
Probar una actuación de esa naturaleza requiere una vinculación muy fuerte con el caso y múltiples pericias para lograrlo, como las conversaciones entre jefaturas y los que cometen acciones; así como las vinculaciones financieras, de comunicaciones y ejecución de labores.
Por eso estas investigaciones, si bien son complejas, han ido elevándose en número, teniendo en consideración que no existen más organizaciones criminales per se, sino que hoy hay más herramientas investigativas que permiten adentrarse en una organización criminal, para identificar el centro de poder de los líderes y quiénes participan en actuaciones delictivas específicas.
Son investigaciones complejas, largas y no es extraño que se puedan extender por dos años, ya que el objetivo no solo es develar lo específico, sino que algo mayor dentro de un contexto, donde hay una empresa que realiza diversos delitos.
-En el actual contexto, donde el abuso "venga de donde venga" es condenado y hasta perseguido por la ciudadanía, ¿cuál es el rol y la posición que toma la Fiscalía, en virtud que en este caso las víctimas son personas de escasos recursos y marginados por el sistema financiero formal?
-Uno de los nortes de la unidad Sacfi es la detección de fenómenos criminales dentro de los territorios en que funciona, junto a una cercanía con la comunidad y a aquellas personas más vulnerables, como quienes tienen escasez de financiamiento. Así, con una mirada sistémica, visto como fenómeno sociológico asociado al crimen, nos permite ver mucho más allá de un delito en particular.
Hoy no solo investigamos una amenaza sobre una persona, o el financiamiento de una operación de usura, sino que investigamos todo un fenómeno que se ha dado en el tiempo y en la región. Además, este caso particular, tiene su brazo en distintas regiones, como el Biobío, Los Ríos y La Araucanía.
Esto no es extraño, que una investigación profunda abarque tal territorio. Por eso nuestra fiscal regional (Carmen Gloria Wittwer) exigió que esta causa quedara en manos de Sacfi, de modo tal que con esta mirada amplia podamos ver fenómenos y atacarlos en términos investigativos y de persecución penal.