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El debate sobre el 10% de recaptura que se instaló tras las últimas fugas de salmón

Esta obligación de recapturar sólo una parte de los peces que se escaparon en los últimos episodios en la región abrió la discusión sobre la efectividad de la norma ambiental. Distintos actores coinciden en que llegó la hora de realizar ajustes a la normativa. Desde la Superintendencia de Medio Ambiente explican los nuevos procedimientos de fiscalización mediante el uso de la tecnología, mientras que en la industria aseguran que cumplen con un elevado estándar con el que realizan sus labores.
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Reactiva más que proactiva. Esa es una de las calificaciones que, desde distintos sectores, le dan a la normativa que rige a la industria salmonera. Por eso, si es que llegó la hora de modificarla o de realizarle ajustes, es algo que forma parte del debate sobre lo que sucede en el sector, considerado como el motor de la economía de la región, luego de polémicos episodios de escape de salmones.

Eventos

El 27 de junio un fuerte temporal provocó el hundimiento de 16 de las 18 jaulas pertenecientes al centro de cultivo Caicura, ubicado en el Seno del Reloncaví -cercano a Hualaihué- y de propiedad de la empresa Blumar, provocando así una masiva fuga de salmones.

El efecto de estos escapes es uno de los puntos de análisis de distintos actores. Y es que lo ocurrido este año se suma a otros similares registrados en los últimos años.

En Oceana Chile, por ejemplo, advierten que desde 2010 han ocurrido más de 70 episodios de este tipo, de acuerdo -señalan- a los registros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), totalizando así alrededor de cuatro millones y medio de salmones escapados hasta 2018. "Uno de los más grandes ocurrió en 2018, cuando aproximadamente 690 mil salmones escaparon desde un centro de Mowi (ex Marine Harvest)", recuerda Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la entidad, quien además cuestiona lo extenso que puede ser un proceso sancionatorio.

Esto, a su juicio, "pone en duda la capacidad regulatoria del Estado frente a una industria que no es capaz de autorregularse y una autoridad con problemas para fiscalizar y sancionar producto de una regulación que no ha puesto en el centro la protección ambiental".

Los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Javier Hernández (UDI) integran la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja. Ambos parlamentarios, representantes de la región, coinciden en la necesidad que existe de contar con una nueva normativa que regule a la industria. Y en este nuevo escenario plantean que se requiere que Sernapesca cuente con más atribuciones y herramientas para poder fiscalizar.

Desde el sector aludido también abordan esta materia. Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), de SalmonChile, relata que el año pasado ese ente elaboró un documento en el que establece un modelo "causal de escapes y luego aborda los que son de gestión directa del titular del centro de cultivo".

De esta manera, explica, se busca abarcar no sólo el cálculo, sino que también la operación y mantenimiento de los centros, garantizando así una forma de trabajo que permita prevenir y facilitar las mejoras en caso de que ocurra algún incidente de este tipo, además de precisar qué modelo se podría aplicar en este tipo de situaciones.

Ramírez detalla que "se detallan también las principales causas de estos incidentes, como las asociadas a eventos climatológicos inusuales y a la acción de terceros, como robos o accidentes con embarcaciones".

Y es que en los últimos meses, dos de estos eventos hicieron que se reactivara la discusión en torno a si es que la actual normativa responde a los tiempos y desafíos actuales, o si sólo otorga soluciones a problemáticas que se vivieron en el pasado. Desde la industria, en tanto, apuntan a los altos estándares con los que trabajan las empresas, sobre todo en la construcción de sus centros de cultivos.

En la Superintendencia de Medio Ambiente, por su parte, apuestan por la utilización de nuevas tecnologías a la hora de realizar las fiscalizaciones.

Si bien Sernapesca informó, como lo señala El Llanquihue en su edición del 4 de agosto, que un total de 771.405 peces (88% de los que estaban en el centro) se hundieron con la infraestructura, un total de 103.720 "escapó" del lugar.

De estos, un 27% fue recapturado, lo que está dentro del rango de cumplimiento de la norma que se le exige a las empresas, en cuanto a que deben rescatar el 10% de lo fugado.

En lo que respecta a este caso, el seremi de Medio Ambiente, Klaus Kosiel, indica que la empresa presentó un plan tanto para el monitoreo de las variables ambientales y maniobras de reflotamiento, como a la extracción de la mortalidad, el cual está siendo analizado por los estamentos técnicos.

En la empresa, en tanto, remarcan que desde que ocurrió este hecho han trabajado de manera seria y con sentido de urgencia. Así lo garantizó el miércoles a este medio Pedro Pablo Laporte, gerente de área de Salmones Blumar Seafoods.

El otro "escape" tuvo lugar a comienzos de julio en el lago Llanquihue. Esta vez el hecho se registró en un centro de la empresa Camanchaca, la que presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones acusando que una acción premeditada (de terceros) provocó que más de 90 mil salmones fuesen liberados en las cercanías de Frutillar. Lo importante, sostiene Kosiel, es que frente a estos casos se eviten impactos sobre el medio ambiente, "resguardando a nuestras comunidades costeras".

Además, explica que "hoy el comité interinstitucional de contingencias ambientales está plenamente enfocado en el monitoreo y coordinación de las gestiones de fiscalización y requerimiento de acciones hacia Blumar, a raíz de la situación registrada en Caicura".

Efectos