Redacción

Las autoridades sanitarias informaron de 106 nuevas muertes confirmadas por covid-19 en las anteriores 24 horas, lo que elevó la suma global a 9.020 decesos, mientras que contabilizaron 2.287 nuevos contagios, que llevaron el total a 343.592 casos, de los que 316.169 ya superaron la enfermedad.

En un nuevo reporte diario, el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo: "Hemos tenido cifras que son muy positivas. Una disminución del 11% de casos nuevos en los últimos siete días y de 29% en los últimos 14 días", expuso el jefe de la cartera sanitaria, quien agregó que la tasa de positividad de los exámenes de PCR "es del 12%, una de las más bajas en los últimos días". En concreto, se aplicaron 19.133 exámenes en las anteriores 24 horas, con una positividad de 11,95% (porcentaje de personas que dieron positivo para el virus de todas las que se hicieron la prueba).

Apertura de negocios

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó cómo funcionará el comercio en las nueve comunas del país que ingresarán este martes a la etapa de "Transición" en el marco del plan "Paso a Paso".

Para esta fase, al existir cuarentena sólo los fines de semana, Daza indicó que "todos los negocios pequeños, pymes -estamos pensando en una peluquería, en una librería, una tienda que arregla bicicletas-, todos estos comercios pueden abrir de lunes a viernes en horario normal", respetando el toque de queda, que comienza a las 22 horas.

Añadió que estos negocios deben respetar todos los protocolos sanitarios elaborados por el ministerio de Economía y validados por el Minsal. "Es importante que cada uno de estos lugares tenga sus protocolos y los aplique", dijo Daza, incluidas la higienización del lugar y la disponibilidad de alcohol gel, así como evitar aglomeraciones y tener indicaciones para los trabajadores. Llamó a descargar la guía de autocuidado (en minsal.cl), pues "de esta manera el comercio tendrá claridad en cuanto a los estrictos protocolos que debe implementar y, de paso, las personas podrán conocer cuáles son las medidas que deben respetar para disminuir al máximo la propagación del virus".

La subsecretaria apuntó que sólo podrán funcionar los negocios que sean atendidos por personas que viven en una comuna que están en la misma situación que aquella en que opera el negocio, es decir, una comuna que esté en transición, en preparación o en apertura inicial.

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago determinó ayer la prisión preventiva para Francisco Solar y su expareja Mónica Caballero, imputados por el envío y la colocación de artefactos explosivos, homicidio frustrado y otros delitos. Ayer, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al fallo: "Valoramos la decisión de la Justicia de mantener en prisión preventiva a los dos imputados por graves hechos ocurridos en nuestro país que intentaron cometer delitos de homicidio en contra de carabineros y afectar la integridad física de personas".

2019 y 2020

Caballero y Solar fueron detenidos el viernes por Carabineros. Él es acusado por el Ministerio Público por su presunta participación en el atentado con bomba contra la 54ª Comisaría de Huechuraba; el envío de un explosivo -que finalmente fue desactivado- a la oficina del exministro y hoy gerente legal del consorcio empresarial Quiñenco -asociado al grupo Luksic-, Rodrigo Hinzpeter; y la colocación de dos bombas -que sí detonaron- en un edificio comercial de Vitacura. Ella es imputada sólo por participar en este último hecho, sucedido el 27 de febrero de este año. Los otros dos ocurrieron el 25 de julio de 2019.

En la audiencia, que comenzó el viernes en la tarde y se extendió por más de siete horas, la Fiscalía los formalizó no sólo por homicidio frustrado, sino también por vulnerar la ley de armas y por "un delito relacionado a la identidad que utilizaron para el envío de la encomienda, que es la identidad de una persona que existe", explicó el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros.

La jueza Mónica Vergara ordenó el ingreso de Solar a la Unidad Especial de Máxima Seguridad de Gendarmería y de Caballero al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro inminente de fuga dadas las penas que arriesgan. Fijó un plazo de seis meses para investigar.

Para resolver, Vergara tuvo en cuenta: "La cantidad de delitos por los cuales los imputados han sido formalizados, el carácter de estos ilícitos, la forma de comisión; que en la 54ª Comisaría había civiles, no solamente funcionarios policiales, y que, eventualmente, más de alguno de ellos pudo haber resultado lesionado por la detonación del artefacto explosivo. Esos antecedentes, a juicio del tribunal, superan con creces cualquier criterio para establecer prisión preventiva".

Un grupo de diputados de diversos partidos y Alejandro Barra, el padre de Antonia Barra -la joven que se suicidó tras presuntamente ser violada por Martín Pradenas-, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca proteger mejor a las víctimas de delitos sexuales.

Pradenas se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia, adonde fue llevado la noche del viernes, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantía de esta última ciudad.

"resolver falencias"

La iniciativa persigue "resolver falencias legislativas y mejorar el sistema judicial" para quienes resulten víctimas de la violencia sexual. Se propone aumentar las penas y, en el caso del abuso sexual, ampliar el plazo de prescripción de 5 a 10 años. También se plantea que los condenados por abuso sexual no accedan a penas sustitutivas o una pena mixta, y que los sentenciados por violación cumplan una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados (5 a 20 años) en privación de libertad.

Se propone, asimismo, que continúe la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima, aún cuando se haya cumplido la condena, y que se considere la inducción al suicido femicida como un delito, además de mejoras en los procedimientos del Ministerio Público, incluida la posibilidad de solicitar entrevistas grabadas en video para "evitar la revictimización" respecto de ciertos delitos.

"Queremos que nunca más en Chile un juez envíe a un violador a su casa porque los delitos que investiga se olvidaron, envejecieron y silenciaron a las víctimas", dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), uno de los patrocinadores. Maite Orsini (RD) expuso que el Estado "tiene que entender que un violador, un agresor sexual es un peligro para la sociedad". En la propuesta también participan Paulina Núñez y Marcela Sabat (RN), Gael Yeomans (CS) y Marcelo Díaz.

El abogado de la familia Barra, Roberto Celedón, declaró que, a partir del caso de Antonia, han visto "vacíos" por resolver en la legislación. La idea es resguardar la integridad física, psíquica y moral de las víctimas, "a fin de ser eficaces en el cumplimiento de la Convención Interamericana de Protección a la Mujer".