El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a 12 años de privación de libertad a un hombre acusado por violación y abuso sexual continuado contra la hija y la nieta de su conviviente, delitos en que las víctimas son dos niñas con domicilio en la comuna de Los Muermos.

La pena impuesta es de cumplimiento efectivo y se dio a conocer durante la tarde de ayer. El imputado fue condenado a ocho años de presidio por el delito de violación y cuatro años de presidio por el de abuso sexual. Ambas penas son de carácter efectivo, más otras penas accesorias que también se le impusieron.

Dos fueron los hechos que formaron parte de la acusación fiscal y que fueron acreditados con la prueba presentada por el fiscal Naín Lamas durante el desarrollo del juicio oral.

El primero de estos ocurrió en la comuna de Los Muermos, durante el período comprendido entre enero de 2018 y marzo de 2019, cuando el acusado J. L. C.I., aprovechando que se encontraba solo con la hija de su conviviente, en reiteradas oportunidades, tanto al interior de la casa habitación como de una bodega contigua a la vivienda, realizó actos de relevancia y significación sexual a la víctima. Durante el mismo periodo de tiempo, y cuando el acusado se encontraba solo con una segunda menor, nieta de su conviviente, también le efectuó actos de connotación sexual.

Caso complejo

El fiscal jefe de Maullín-Los Muermos, Naín Lamas fue el encargado de sostener la acusación del Ministerio Público en este caso. "Como en toda investigación por delito sexual, evidentemente es un caso complejo, sin perjuicio de lo cual el tribunal tuvo por acreditado la ocurrencia de los hechos por los dos delitos que iba acusando el Ministerio Público", explicó el persecutor.

También destacó el representante del Ministerio Público que "en esta causa se trabajó fundamentalmente con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, con peritos del Servicio Médico Legal y peritos de la Red Sename".

Sename

Andrea Proschle, coordinadora de la Unidad Jurídica del Sename en la Región de Los Lagos, destacó el trabajo hecho en este caso, donde con la condena se busca dar protección a las niñas que fueron víctimas de estos aberrantes delitos.

"Como servicio estamos muy satisfechos por la participación del abogado querellante y por los logros. Una vez más hemos llegado a una condena en contra de las personas que comenten delito contra los niños, las niñas y los adolescentes", recalcó la profesional.

Delitos sexuales

Según estadísticas de Carabineros y la PDI, agrupadas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito, los ilícitos de esta naturaleza mantienen una tendencia en alza durante los últimos cinco años en la Región de Los Lagos.

Bajo la categoría de "casos policiales", que agrupa tanto las denuncias de las víctimas como las detenciones de los imputados (si es que se producen) en 2015 hubo 539 casos, 546 en 2016 , 537 en 2017 y 679 en 2018.

El año pasado marca un peak con 795 casos, es decir, se registró un aumento de 17% en un año.

"Como en toda investigación por delito sexual, evidentemente es un caso complejo, sin perjuicio de lo cual el tribunal tuvo por acreditado la ocurrencia de los hechos por los dos delitos que iba acusando el Ministerio Público".

Naín Lamas, Fiscal Jefe de Maullín-Los Muermos

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Los Lagos, a favor de cinco ciudadanos extranjeros, dos madres y sus hijos, a quienes la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial de Llanquihue, les negó la posibilidad de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada.

Según lo expuesto por el INDH en su presentación ante el tribunal de alzada de Puerto Montt, a estas personas de origen venezolano, "no se les permitió acceder al formulario que permite formalizar dicha solicitud luego de haber expresado la necesidad de formalizar la solicitud de refugio de manera escrita y posteriormente de manera presencial ante la autoridad correspondiente".

A fines de abril, los ciudadanos extranjeros enviaron un correo electrónico pidiendo la formalización de su solicitud de refugio, en atención a las medidas adoptadas por la autoridad en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Posteriormente, los primeros días de mayo, previa coordinación fueron entrevistados en dependencias de la Gobernación, oportunidad en la cual acompañaron y entregaron los documentos necesarios para formalizar la solicitud; sin embargo no se les hizo entrega del formulario para aquello.

En su fallo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt manifestó que la Gobernación de Llanquihue actuó de manera arbitraria e ilegal en los procedimientos aplicados a estos ciudadanos extranjeros y por tanto la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial de Llanquihue deberá admitir a tramitación la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los solicitantes.

"No se les permitió acceder al formulario que permite formalizar dicha solicitud luego de haber expresado la necesidad de formalizar la solicitud de refugio de manera escrita".

Extracto del pronunciamiento del INDH ante la Corte de Apelaciones.

En prisión preventiva quedaron dos imputados de 20 y 22 años, formalizados por tráfico de drogas y tenencia de arma de fuego en villa Los Caciques y población Cayenel, ambas en Puerto Montt, en tanto que a una tercera participante de 23 años, se le impuso arresto domiciliario total. Las diligencias fueron ejecutadas por la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Puerto Montt por orden de la Fiscalía.

El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado explicó que se le dieron instrucciones a la "Policía de Investigaciones, a través de la Brigada Antinarcóticos, para que pudieran realizar una serie de actuaciones autorizadas judicialmente, principalmente el ingreso a inmuebles que estaban localizados en villa Los Caciques y otro inmueble ubicado en la población Cayenel. Asimismo el poder recoger, revisar e incautar una encomienda que había sido remitida a la ciudad de Puerto Montt desde la zona central".

El persecutor confirmó que se les incautaron 570,94 gramos de clorhidrato de cocaína y 49,22 gramos de marihuana, además de dos armas de fuego, municiones, 300 mil pesos en efectivo y otras especies asociadas al ilícito.