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En marcha investigación interna en

ANTECEDENTES. El rector Óscar Galindo salió al paso de un documento que pone en duda la gestión administrativa y económica de la casa de estudios superiores; y plantea diversos conflictos de interés.
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Daniel Navarrete

A principios de junio en la Universidad Austral de Chile se puso en marcha una investigación para esclarecer diversos hechos denunciados en un informe que entregó internamente en su momento Claudia Letelier, ex presidenta del Sindicato de Docentes.

En el documento de 13 páginas se cuestiona la contratación de asesores con sueldos millonarios en la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa; e irregularidades en el proyecto de remodelación del Jardín Botánico, del cual se dice en el informe, no hay avances significativos desde su aprobación en 2018. También se mencionan conflictos de interés en la administración de recursos fiscales del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).

"Los antecedentes provienen de información recogida de académicos, funcionarios, ex estudiantes e incluso de personas externas a la UACh que se muestran preocupados por la marcha de una institución de educación superior fundamental en la sobrevivencia y desarrollo del sur de Chile y se orientan a obtener una administración responsable y transparente", se lee en el informe. Donde además se consigna: "Existe mucha preocupación que estos antecedentes se canalicen por la vía pública, por los sindicatos y los estudiantes, en cuyo caso el impacto político, económico y de imagen de la UACh sería potente, pudiendo arriesgar perder el financiamiento público en caso que tuviera que intervenir la Contraloría General de la República".

Respuesta

A través de una declaración pública, el rector Óscar Galindo salió al paso de las acusaciones contenidas en el documento que esta semana comenzó a circular en redes sociales.

"Con fecha 04 de junio la ex presidenta del Sindicato de Docentes me informó, vía correo electrónico, sobre supuestos hechos que constituirían irregularidades que afectarían el prestigio y sostenibilidad de nuestra Institución. Tal como establece la normativa de la Universidad, ante esta información, solicité inmediatamente a la Contraloría el inicio de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, investigación que se encuentra actualmente en curso. La Universidad cuenta con procedimientos y mecanismos internos de control que aseguran el correcto uso de los recursos, cautelando nuestra institucionalidad y el compromiso público. En el caso de los recursos públicos obtenidos vía proyectos, estos, además de los controles internos, cuentan con rendiciones y fiscalizaciones periódicas de parte del Estado. Desde Rectoría tenemos la tranquilidad de haber respetado estos procedimientos y cumplido plenamente con nuestra normativa institucional", explica.

Y agrega: "La crítica política es un derecho plenamente respetado y promovido en nuestra Universidad, desde una perspectiva responsable, rigurosa y seria. Sin embargo, lamentamos profundamente la circulación de graves acusaciones que afectan la honorabilidad de mujeres y hombres de nuestra comunidad interna y externa: directivos, académicos, personal administrativo, estudiantes, profesionales, ex alumnos, proveedores, entre otros. Todo ello provoca dolor y desconcierto, pues suponíamos que estas prácticas estaban definitivamente erradicadas de nuestra Institución. Hacemos un llamado a la comunidad a mantener un clima de respeto, esperando los resultados que arroje la investigación que ha sido solicitada y confiando en la Universidad que hemos construido en más de seis décadas de ejemplar servicio a la sociedad".


la Universidad Austral de Chile tras denuncia de eventuales irregularidades

63% del presupuesto de la UACh es público y en el informe se dice que en su uso hay falta de probidad.

Más de 2 mil 500 personas han postulado al Ingreso Familiar de Emergencia

PUERTO MONTT. Municipalidad los ha asesorado en el proceso electrónico.
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Una completa ayuda para la ciudadanía ha resultado el trabajo de los funcionarios municipales en la postulación para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que entregará durante los próximos meses el Ministerio de Desarrollo Social.

En el sector céntrico, el local habilitado hoy será la Escuela España, debido a que el Liceo Manuel Montt entregará cajas de alimentación a sus estudiantes.

En el Liceo de Hombres, se han recibido más de mil 600 postulaciones al IFE hasta este jueves, mientras en la Escuela Las Camelias han superado las 300 atenciones. En el caso de Alerce, la Escuela Kimün Lawal se han contabilizado a más de 500, dejando un total cercano a las 2 mil 500 postulaciones. En estos últimos dos establecimientos, iniciaron la apertura al público a contar del martes.

Hoy será el último día para aquellas personas que deseen postular a este fondo, el cual podrán efectuarlo desde las 10 hasta las 14 horas en los mismos establecimientos de Mirasol y Alerce, más la Escuela España.

Entendiendo la complejidad digital, sobre todo en aquellos grupos que pueden optar al beneficio, la Municipalidad de Puerto Montt se empeñó en habilitar establecimientos educacionales para que la gente pueda hacer este trámite, como realizar consultas y apelar al primer período de postulación.

La directora de Desarrollo Comunitario Jacquelin Paz valoró la labor realizada por los funcionarios.

"El balance es positivo, hemos tenido un equipo humano municipal muy pendiente de cada proceso", manifestó la encargada.

Patrimonio institucional

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La remodelación del Jardín Botánico es uno de los puntos cuestionados en el informe. Hace dos años se aprobó un anteproyecto por cerca de $300 millones que debió ser ajustado a ese monto; y en 2019 surgió una segunda iniciativa propuesta por un equipo de expertos distinto al de la idea inicial. Ello generó un conflicto entre unidades académicas y administrativas obligando a la generación de un plan maestro. No obstante, se habrían cursado pagos por diversos servicios a una empresa apícola, de viveros y cultivo de flores, propiedad de uno de los profesionales que integra uno de los proyectos. Habrían sido hechos bajo un código presupuestario de Rectoría.