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Desempleados por la pandemia se toman terreno de EFE en Pellines

LLANQUIHUE. La Empresa de Ferrocarriles del Estado inició el proceso de denuncia ante Carabineros y la gestión local para la desocupación del terreno.
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Constanza Hitschfeld

La proliferación de campamentos es un problema que se vive en todo el país y en región se ha agudizado especialmente durante las últimas semanas producto de la crisis sanitaria. En la localidad de Pellines, comuna de Llanquihue, desde hace dos semanas que familias, principalmente extranjeras, realizaron la ocupación ilegal de un terreno perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) con propósitos habitacionales.

La toma se comenzó a gestar con una o dos construcciones, pero hoy son unas 60 familias las instaladas. Viven en precarias condiciones y sin servicios básicos como el agua, luz y alcantarillado. Acusan que perdieron sus trabajos producto de la pandemia y que no les quedó otra alternativa que ocupar el terreno.

Juan Marín, uno de los primeros habitantes de la toma, de origen colombiano, explica que "nosotros veníamos trabajando y arrendando una casa y con el covid-19, como nosotros trabajamos en construcción y no pudimos seguir trabajando porque la construcción se paró, el dueño de la casa nos pidió el inmueble y nosotros decidimos entregarle su vivienda y nos dispusimos a buscar un predio donde pudiéramos construir una casita, ya que no teníamos plata con qué pagarle el arriendo al señor".

Fue uno de los primeros en llegar junto a su esposa y un amigo. Sabe que está cometiendo una ilegalidad, pero dice que no tenían otra alternativa puesto que no puede regresar a su país natal, porque las fronteras están cerradas y no tienen a dónde ir. Enfatiza que han recibido mucho apoyo de la comunidad y de los vecinos aledaños a la toma, quienes les llevan comida, abrigo y madera.

Eduardo Caucau, concejal de Llanquihue, dice que "esta situación viene un poco a reflejar una necesidad (de vivienda), no solamente de nuestra comuna, sino a nivel nacional. La vivienda social ha sido y sigue siendo un drama porque las personas tienen que hacer los trámites por comités y esto se extiende, a veces, hasta por ocho y diez años".

El edil enfatiza que nunca antes habían tenido una toma en Llanquihue y que han llevado una política habitacional mejor que lo que ocurría hace años e indica que están prontos a entregar 200 viviendas, ya que trabajan con un comité de vivienda en los Pellines con personas que esperan postular al subsidio el próximo año.

"Recibimos un reclamo sobre esta toma y el Departamento de Obras Municipales notificó, que es lo que corresponde de acuerdo a la ley, pero hasta ahí podemos llegar. Lamentablemente nosotros como municipio es muy poco lo que podemos hacer ahí porque el terreno es privado", expresa Víctor Angulo, alcalde de Llanquihue.

Medidas

La denuncia también llegó a la Gobernación de Llanquihue, donde están coordinando con la Empresa de Ferrocarriles del Estado medidas para que este tipo de hechos no sigan sucediendo. Desde la Gobernación explican que esto no solo ha pasado en Pellines, sino que también en Puerto Montt, donde existe riesgo de vida de las personas que se están tomando el lugar.

Leticia Oyarce, gobernadora de la provincia de Llanquihue, hace un llamado a la gente. "Entendemos que estamos viviendo un tema social importante, pero la vía no es la toma de terrenos porque esto conlleva, en algunos casos, riesgo de vida y también todo lo que tiene que ver con lo sanitario y con las condiciones de vidas de las personas. Por supuesto vamos a hacer todo lo que corresponde al procedimiento en este tipo de situaciones".

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ha oficiado a EFE para que tome acciones respecto de las tomas de sus terrenos, por cuanto se trata de personas que ilegalmente se instalan en lugares que no están habilitados para la construcción de viviendas, lo que se transforma en foco de riesgo para ellos mismos, para los vecinos y terrenos circundantes.

Fernando Gunckel, director regional del Serviu, aclara que "el Serviu en ningún caso trabaja con familias organizadas en situación de toma. Cada vez que se han generado tomas de terrenos nuestros, que generalmente ya están asignados a comités de vivienda consolidados, hemos buscado el desalojo en forma voluntaria mediante el diálogo o con apoyo de la fuerza pública cuando no se logra conversar".

Desde EFE explican que cuentan con un plan de gestión de erradicación de familias y personas que se instalan en sus terrenos, lo que es articulado y ejecutado en conjunto con organismos tales como el Serviu, Gobernaciones, Municipios locales y Carabineros, ya que debido a la extensión de la red, se hace imposible la vigilancia de la totalidad de sus inmuebles a lo largo de la región. "Gracias a la colaboración y trabajo conjunto con las autoridades y la propia comunidad del entorno, concentramos nuestros esfuerzos en evitar las ocupaciones cuando es posible o buscar soluciones alternativas como la obtención de subsidios habitacionales por medio de Serviu, traslado a otros recintos, desalojos y acciones judiciales cuando se han agotado todas las instancias anteriores. En este caso, la empresa ya inició el proceso de denuncia ante Carabineros y la gestión local para la desocupación del terreno", comunica EFE.

60 familias están instaladas en estos terrenos, pertenecientes a la empresa EFE.

Se inició primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado en la Región de Los Lagos

DESDE AYER. Desarrollo Social explica alcances del beneficio.
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Como parte de las propuestas diseñadas para responder a la emergencia generada por el covid-19, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, impulsó la tramitación del Ingreso Mínimo Garantizado, cuyo primer pago se realizó ayer.

Se trata -explican desde el ministerio- de un sistema que complementa los sueldos más bajos. Al respecto, la seremi de esta cartera, Soraya Said, en compañía de Luis Aguilar, beneficiario de la comuna de Puerto Montt, informaron detalles de este primer pago.

El beneficio consiste en una ayuda económica de hasta 59.200 pesos, para que nadie con jornada laboral completa gane menos de 300 mil pesos líquidos a fin de mes.

Said detalla que a partir de ayer ya se está pagando el subsidio a los trabajadores que tienen un contrato de trabajo fijo, que cumplen una jornada laboral superior a 30 horas y que están dentro del 90% más vulnerable y además perciben un ingreso bruto inferior a trescientos ochenta y cuatro mil pesos. "Estamos hablando del Ingreso Mínimo Garantizado, un subsidio que ya se está pagando a más de dieciocho mil trabajadores".

Para verificar si una persona es o no beneficiario tiene que consultar en www.ingresominimo.cl.

59.200 pesos es el bono suplementario que entrega el gobierno para que nadie que trabaje una jornada laboral completa gane menos de 300 mil pesos.