La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) terminó anticipadamente el contrato con la empresa Distribuidora de Productos Alimenticios S.A. (Dipralsa), prestadora del programa de alimentación escolar y de párvulos en la Región de Los Lagos. La institución acusó el incumplimiento, por parte de la empresa, en la provisión del servicio durante la primera tanda de la entrega de canastas individuales de alimentación a los estudiantes, implementado en el período de suspensión de clases durante la emergencia del covid-19.

Ante esta medida, más de 100 manipuladoras de alimentos -de un total de 2.543-, protestaron durante la jornada de ayer en la rotonda de Puerto Montt. Manifestaron su apoyo a la empresa y reconocieron sentir miedo de perder sus condiciones actuales de trabajo. Durante la protesta fueron detenidas 25 trabajadoras por carabineros, debido a que se encontraban reunidas más de 50 personas, lo cual está prohibido en el Estado de Excepción Constitucional.

Trabajadoras

Gaby Vargas, presidenta de uno de los sindicatos de manipuladoras de alimentos de Dipralsa, explicó que son seis sindicatos los movilizados: "Hemos decidido como gremio, apoyar a la empresa Dipralsa. Esto porque encontramos que la decisión de Junaeb se tomó en forma arbitraria en contra de una empresa que ha cumplido con lo pedido y con sus trabajadores".

La dirigenta hizo hincapié en que la firma de alimentos operó durante el paro de profesores, el estallido social y actualmente la pandemia de covid-19, dificultades que -según la vocera- no se tradujeron en suspensión de pago de sueldos para los empleados.

Vargas admitió que hubo entregas de canastas con productos pendientes, los que habrían sido repuestos en la entrega de una segunda canasta, con la venia de Junaeb.

"Lo que se está haciendo es jugar con la estabilidad emocional y económica de todos los trabajadores y trabajadoras, somos más de 3 mil personas en la décima región. No lo vamos a permitir, quiero que quede claro, no vamos a bajar los brazos y vamos a dar la pelea. No queremos que la empresa se vaya de la región y no queremos que traigan a ninguna empresa que sí viene con antecedentes de haber incumplido en la alimentación de los niños", dijo.

La licitación de Dipralsa con Junaeb se extendía hasta febrero de 2022. Sin embargo, Junaeb finiquitó el contrato con la compañía y procedió al cobro de boletas de garantía por 2 mil 381 millones de pesos, lo que significa que el servicio de alimentación para las 30 comunas de la región deberá ser adjudicado a una nueva empresa, para lo que se convocará a prestadores actuales del servicio en otras zonas del país a ofertar.

Empresa

Respecto de la decisión de Junaeb, María José Chacón, supervisora de operaciones de Dipralsa, reconoció la falta de productos en la primera canasta, lo que ocurrió en el contexto de la premura de la decisión: la orden de armar las canastas fue dada tres días antes de la entrega a los beneficiados

"Debido al tema país, que está sucediendo, nos quedamos sin abastecimiento. La mercadería no llegó y Junaeb dio la autorización de entregar lo que teníamos en ese momento, con el compromiso de poderla entregar en una segunda canasta. Hace una semana se hizo la entrega en su totalidad de la segunda canasta", dijo.

Ps apoya a dipralsa

Diputados del Partido Socialista (PS) calificaron de "vergonzoso y arbitrario" que Junaeb caduque el contrato de Dipralsa. Los parlamentarios manifestaron que esto perjudica a las manipuladoras de alimentos. Emilia Nuyado y Fidel Espinoza denunciaron que las autoridades estarían pensando entregar la concesión a una a empresa que fue cuestionada por la Contraloría en 2018, por entregar alimentos contaminados con excremento de ratones y por malas prácticas laborales.

"Dipralsa estaba cumpliendo con los todos los acuerdos. Por eso nos parece una medida desproporcionada que trata de ocultar las groseras falencias de la Junaeb regional y nacional. Por eso reiteramos nuestro respaldo a las federaciones y gremios de las manipuladoras de alimento que han declarado su preocupación y molestia por esta determinación", expuso Fidel Espinoza.

La diputada Emilia Nuyado compartió las declaraciones de su par socialista y agregó que "la institución debe respetar los acuerdos. Pero, además, debe aclarar por qué hicieron este repentino cambio, con una empresa como Dipralsa que daba todas las garantías a las manipuladoras".

Rabindranath Quinteros, senador (PS), solicitó al director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, asegurar la continuidad laboral de las manipuladoras de alimentos afectadas por el término de contrato de Dipralsa. El legislador comentó que Junaeb cumplió con su deber al terminar adelantadamente el contrato con Dipralsa, ya que la empresa cometió faltas graves en la distribución de cajas de alimentos a escolares durante la primera etapa de la pandemia.

"La empresa que se adjudique el servicio vacante en la región deberá asegurar la continuidad laboral de las manipuladoras. El director de Junaeb nos ha asegurado que se respetará el contrato a las trabajadoras. En medio de la pandemia y de la crisis económica que vive el país, resultaría un contrasentido absoluto dejar sin trabajo a miles de mujeres de la Región, en su mayoría jefas de hogar. El gobierno y sus servicios no pueden permitir una situación de ese tipo", precisó el senador.

Jenny Álvarez, diputada (PS), ofició solicitando información en apoyo a las manipuladoras, al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Contraloría de la República, Dirección Nacional de Junaeb, Dirección Nacional del Trabajo y Dirección Regional de Junaeb Los Lagos. La parlamentaria afirmó que ante la incertidumbre de las trabajadoras solicitó a Contraloría que informe su la empresa adjudicataria cuenta con denuncias anteriores por incumplimiento de contrato de trabajo u otra normativa laboral.

"En caso de ser efectivo, que la nueva empresa adjudicataria cuenta con antecedentes de infracción a las leyes laborales o incumplimiento de contratos anteriores, exigimos razones de cómo es posible que nuevamente gane una licitación, y porque la autoridad no tomo en consideración estos antecedentes. Sobre este punto, solicité a Contraloría iniciar una investigación al respecto, con el objeto de establecer posibles vulneraciones a los principios de probidad y a la normativa que rige la contratación pública", enfatizó Jenny Álvarez.

Este Diario consultó a Sarita Cárcamo, directora regional de la Junaeb, su opinión respecto a la movilización realizada en la rotonda por manipuladoras de alimentos.

La responsable del ente en Los Lagos recordó que como Junaeb ya se refirieron a la cancelación del contrato la semana pasada, mediante una declaración pública, donde indicaron que las manipuladoras mantienen y conservan sus puestos de trabajo, pero que "sobre los hechos impulsados por la empresa" no realizaría comentarios.

$2.381 millones debe cancelar Dipralsa, vía boletas de garantía, por no cumplir con el servicio, según Junaeb.

2.543 trabajadoras pertenecen a los registros de Dipralsa y participan en la entrega de alimentos a estudiantes de las 30 comunas de la región.