Un incremento significativo tendrán las sanciones penales para quienes infrinjan las normativas sanitarias dispuestas para enfrentar la pandemia producto del covid-19.

Legisladores de la región han dado cuenta del avance desde la iniciativa legislativa que ya fue despachada desde el Senado. El proyecto busca aumentar las sanciones que existen en el Código Penal, elevándolas en hasta 10 veces el tope de la multa.

También se crea una nueva sanción para el empleador, que, en conocimiento de la situación, obligue a una persona a trabajar cuando está establecida una cuarentena, aplicándose multas de hasta 10 millones de pesos por cada trabajador y sanciones penales que van desde los 61 días hasta los 3 años de presidio.

Incumplen

El senador (UDI) Iván Moreira, dijo que con estas medidas se busca castigar a quienes están poniendo en peligro a toda la población, asegurando que en nuestra región hay poca consciencia de los riesgos del coronavirus.

"Quienes incumplen la cuarentena, deben entender que están cometiendo un delito serio, y esta legislación busca precisamente eso".

De acuerdo a Moreira con esta ley se busca sancionar a quienes no cumplen y ponen en peligro a la mayoría, quienes han visto hasta ahora con irresponsabilidad al coronavirus y que no dimensionan el grave daño que están haciendo.

El proyecto castiga a empresas que, sin autorización, sigan funcionando presencialmente en un territorio en cuarentena o durante un toque de queda, sancionándose a la empresa con una multa que podría llegar a los $50 millones, además de la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado y la pérdida parcial o total de beneficios fiscales.

La iniciativa ya fue aprobada en general y particular en el Senado, quedando ahora, su votación en la cámara de diputados.

Obligatoria

El senador (PS) Rabindranath Quinteros, vicepresidente de la Cámara Alta valoró la medida. Señaló que la medida busca evitar que las personas rompan las cuarentenas y que las empresas e instituciones obliguen a sus empleados a seguir trabajando de manera presencial en aquellos territorios declarados en cuarentena.

"Lamentablemente hemos conocido casos de personas que han roto la cuarentena obligatoria y también de empleadores o empresas que no cumplen con los reglamentos o protocolos determinados por las autoridades sanitarias. Sería ideal que no necesitáramos establecer sanciones, pero lamentablemente, y dado que al parecer no todos han comprendido la gravedad del problema y la importancia de seguir los protocolos, es que se está modificando la ley", apuntó Quinteros.

Marcelo Galindo

Un total de 152 solicitudes para revisar las medidas cautelares de personas en prisión preventiva, ha presentado la Defensoría Penal Pública en los distintos tribunales de la región.

Las medidas se han adoptado para prevenir contagios por covid-19, y de acuerdo a lo señalado por el defensor nacional, Andrés Mahnke, se trata de una iniciativa desarrollada a nivel nacional por la institución que busca preservar la salud de las personas y reducir el riesgo de contagio al interior de los penales.

El jefe de estudios de Los Lagos, Boris Hrzic, señaló que un 34% de las solicitudes han sido acogidas. "Este esfuerzo mancomunado de los defensores de la región se ha expresado en una cantidad importante de personas que han dejado la prisión preventiva para cumplir la medida cautelar en sus domicilios".

Para Hrzic "es un número inédito a nivel regional y nacional, que habla también de la aceptación que han tenido los tribunales, que han comprendido el sentido y la finalidad de revertir la prisión preventiva, como forma de disminuir el riesgo en esta emergencia sanitaria", afirmó.

Compromiso

La defensora regional María Soledad Llorente, confirmó que la institución seguirá solicitando que se revise la prisión preventiva de las personas que continúan cumpliendo esta medida cautelar, que solo restringe la libertad ambulatoria.

"Enfrentar una situación sanitaria de emergencia como esta, por primera vez, desde que está vigente la reforma procesal penal, nos convoca al compromiso, para trabajar día a día, por asegurar a los privados de libertad, mejores condiciones sanitarias para enfrentar, como todos esta pandemia, en nuestros hogares y con nuestras familias", señaló la jefa regional de la Defensoría.

En la Región de Los Lagos actualmente, hay 240 personas en prisión preventiva, y cada uno de esos casos está siendo estudiado por los equipos de la Defensoría, para analizar el curso a seguir en cada uno, de manera de obtener el mejor resultado posible para resguardar su derecho a la salud y aportar a la prevención del covid-19, se indicó en la institución.

Mantenga

De acuerdo a la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer como Ministerio Público en todos los casos que se ha decretado una prisión preventiva es porque "nosotros los solicitamos por estimar que la libertad del imputado o imputada constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima".

Según Wittwer, "nosotros como regla general siempre vamos a solicitar que esta medida cautelar se mantenga, si es que se considera la existencia de los supuestos que tuvimos a la vista cuando lo solicitamos, es decir por la gravedad del delito o los antecedentes del imputado o que exista peligro inminente de fuga".

La fiscal regional insistió que cuando existan antecedentes calificados y excepcionales, "no nos vamos a oponer que se sustituya la prisión preventiva y hubo un caso en que nosotros solicitamos la sustitución de la medida cautelar porque era un delito de menor intensidad y el imputado estaba en prisión preventiva porque no había comparecido a un juicio y por ello nosotros pedimos cambiar la cautelar por la de arresto domiciliario total hasta la realización del respectivo juicio".