Carlos J. Véjar

La Provincia de Llanquihue durante 2019 vivió el año más "movido" en materia de desórdenes públicos de los últimos diez años, lo que se explica en los incidentes registrados a partir del 18 de octubre, en el contexto del estallido social.

Tal afirmación tiene su sustento en los números disponibles en el Centro de Estudios y Análisis del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Según los guarismos, los casos policiales caratulados bajo la figura del delito de "desórdenes público" marcaron 328 eventos, siendo 129 el promedio de los últimos diez años. Es decir, 2019 superó en 254% el promedio de la década 2010 - 2019.

Los otros años que se escapan de este promedio corresponden al periodo entre 2011 y 2012, con 163 y 189 casos policiales por desórdenes públicos, respectivamente. Ello se explica por las protestas acaecidas en el contexto de la "revolución pingüina", años marcados por las demandas estudiantiles vinculadas al petitorio de mejoramiento de la calidad en la educación y gratuidad para quienes ingresaban a las universidades.

Otro espacio de la década que tuvo una alta prevalencia de desórdenes públicos fue el año 2016 (143 eventos), a propósito de la crisis social derivada de la marea roja, que dejó sin su fuente laboral a un importante número de pescadores y feriantes, entre otros.

Esto se tradujo no sólo en marchas y desórdenes callejeros, sino que también en cortes de carretera, que incluso dejaron por varias semanas sin conexión con el continente a la Isla de Chiloé.

Plan del gobierno

El coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Patricio Navarro, explicó que el gobierno ha instalado tres conceptos tras el estallido social: la paz, el rechazo irrestricto a la violencia y un acuerdo social, tanto por el país como por la región.

"Y hay un cuarto elemento nuevo, que es el acuerdo de seguridad Los Lagos. Estimamos que la población debe estar tranquila, adueñarse de las calles, porque son nuestras y no de la delincuencia; y aceptar que dentro del ámbito de la democracia, el respeto por la opinión del otro es y será el elemento básico de la democracia. Sin ella, no hay democracia posible".

Consultado sobre cómo se preparan para marzo, el abogado especificó que el Gobierno Regional ha invitado a una mesa y ha conversado con todos los actores sociales y políticos. "Nadie ha quedado excluido. Sí, lo que ocurre es que no es posible dialogar con aquellos que creen que el diálogo es pedir la caída del Gobierno o la renuncia de algunos personeros. Quienes creen eso, no están dialogando y tampoco quienes usan la violencia. Nuestra visión no es sesgada ni oportunista, y menos de aquel que ha sido sobrepasado o que está en condiciones de inferioridad del fenómeno social".

- Marzo se supone que es el mes cuando se reactivan las marchas, eventualmente la violencia y las demandas sociales. ¿Cómo ven desde el gobierno este escenario vaticinado por distintos sectores políticos?

- Hay un libro recién publicado por un ex militante del PC (Sergio Muñoz) "La democracia necesita defensores". Ahí se plantea la necesidad de diálogo, más diálogo e inteligencia. Y de darse cuenta que muchas personas que, de buena fe, han pedido que se adelanten aquellos derechos que han sido postergados, sean escuchados.

"Hoy necesitamos paz. Que los niños y los profesores se dediquen a lo que saben hacer: crecer sobre la base de formarse en la educación y en el desarrollo integral. Este país ha crecido y tenemos una deuda, la que no se paga de la forma que se paga hoy".