Año escolar de seis meses
Directora ejecutiva Fundación Descúbreme. Diputado (RN) de la República. Región de Los Lagos.
Muchos establecimientos educacionales, de todos los niveles y lugares, tuvieron seis meses de actividad este año 2019 que concluye.
De diez meses o menos, el paro de profesores tomó dos y luego a partir del estallido social y delictual del 18 de octubre, ya los programas terminaron de perderse. En el mundo y tiempo del conocimiento, donde requerimos educación de calidad esto es muy nocivo. La educación, la formación requiere de calidad pero también de una cantidad de horas de trabajo. En Chile estamos fallando en calidad y cantidad.
Peor aún los establecimientos municipales son los que más acortan sus jornadas, año a año, con parecidos pretextos, usando al alumnado como rehenes o cautivos de causas que siempre los dejan en más desventaja. La mayor igualdad entre las personas se alcanza con más y mejor educación, y con más y mejores puestos de trabajo. En esto la magia ni los discursos sirven, sólo los hechos y las acciones apropiadas.
Hay países como Singapur y Corea del Sur que eran más pobres y peor educados que nosotros y que ahora nos superan. A nuestra vez, estamos superando a países que nos llevaban ventaja y que la perdieron por hacer lo que hemos empezado a hacer en Chile. Lo sucedido con el boicot a la PSU es sólo la exageración de esta conducta social tan delictual.
El acceso a la educación en Chile es obligatorio y gratuito y está en nuestra constitución del año 2005, incluido en tratados internacionales ratificados e incorporados por Chile y no puede ni debe ser infringido por decisiones administrativas, reglamentarias ni abusivas de movimientos suicidas del futuro de la educación. El Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez aún no se manifiestan por el resguardo y respeto efectivo del acceso a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.
Nuestro Estado viene fallando a través de distintos órganos competentes en asegurar la calidad y la cantidad de la educación que debe entregarse sin "estallidos sociales y delictuales", que los capturen y detengan.
No podemos aceptar la promoción de la violencia y el boicot a que se somete a la juventud, incluso instrumentándolos y alejándolos de una buena calidad, cantidad y ambiente educativo.
Acceso de discapacitados a universidades
En Chile más de 545 mil personas entre 18 y 44 años presentan alguna situación de discapacidad, De esta población, sólo el 9,1% cuenta con estudios superiores, a diferencia del 20% de las personas sin discapacidad, lo que se debe en gran medida a las barreras para el acceso y más aún para el desarrollo en un sistema educativo que les permita egresar e incorporarse al mundo laboral, ya sea de manera dependiente o independiente. Lo anterior constituye una brecha y un incumplimiento de nuestro país con las personas con discapacidad, ya que la Convención Internacional sobre los Derechos de esta población, ratificada por Chile en 2008, obliga a los estados a garantizar una inclusión en la educación que sea transversal a todos los niveles. Con relación al acceso en la educación superior, este año ocurrió un hito en la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria, ya que se aprobaron 1.324 solicitudes de adecuaciones y apoyos de personas con discapacidad, lo que permitió doblar la cantidad de estudiantes en esta situación que rindieran la prueba. Sin embargo, esto no agota las posibilidades para que las y los estudiantes con discapacidad puedan ser parte de una educación inclusiva tanto en la etapa escolar como en el nivel superior. En la actualidad la Ley N°20.422 establece que las instituciones de educación técnico-profesional y universitaria deben garantizar ajustes razonables para el acceso de las personas con discapacidad y para el óptimo desempeño de estas en el aula. No obstante, se desconocen los estándares para este tipo de iniciativas. Es así, que las recomendaciones para una política pública efectiva en esta materia apuntan directamente a elaborar una reglamentación específica que asegure el acceso y participación de estudiantes con discapacidad; generando mecanismos que favorezcan la transición desde la enseñanza media a superior; fomentando un trabajo colaborativo que articule a los actores del ecosistema de educación para que esta población tenga claridad de la ruta y apoyos existentes no sólo para el ingreso sino para la permanencia y egreso en igualdad de condiciones. Por último, urge contar con una línea de base que nos permita identificar el estatus actual de inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior y a su vez contar con una sistematización de datos.
Carola Rubia.
Carlos Kuschel Silva.