Un grupo de vecinos se tomó la Carretera Austral ayer en la mañana, en la entrada de Hornopirén, comuna de Hualaihué, quienes se manifestaron en contra de la instalación de una central hidroeléctrica que se quiere construir en la zona.

El alcalde de Hualaihué, Fredy Ibacache, explicó que apoya la manifestación. "Estoy amparando y apoyando esta manifestación, porque la empresa empezó a trabajar y lo que nos dijeron los diferentes directores regionales es que no tenían los permisos respectivos para comenzar. Sin embargo, hay trabajos que se están haciendo".

Agregó que "por lo tanto la comunidad, diferentes juntas de vecinos, organizaciones, comunidades indígenas y comités de desarrollo, han decidido tomarse la Carretera Austral. Yo hago un llamado a la autoridad regional para que pueda intervenir y venir a hacer una conversación aquí con la gente para que se pueda destrabar esta situación que nos tiene absolutamente cortada la conectividad acá en la provincia de Palena y en la Carretera Austral".

Denis Arriagada Antiñirre, presidente de la comunidad indígena Antiñirre Pimun Puche, comentó que llegaron a la manifestación a las seis de la mañana: "Nos hemos tomado la Carretera Austral a la altura de los motores de Saesa de Hornopirén. Estamos cansados de abusos, que no nos escuchen, que nos pasen a llevar, que se vulneren nuestros derechos. Acá en Chile la ley del Estado rige para algunos no más y para otros no. El que tiene plata puede controlar todo lo que quiere y nosotros que somos unas pobres personas, según el Estado no tenemos decisión, no podemos decidir lo que pase aquí en nuestro territorio".

Los manifestantes piden que se terminen las faenas de la hidroeléctrica y que el intendente "se manifieste y se comprometa a que este proyecto se va a detener porque en ningún momento se hizo una consulta indígena, en ningún momento se hizo una consulta ciudadana, ni a las juntas de vecinos que están ahí desde 1994, ni siquiera se les consultó, ni se les preguntó si querían eso en su patio", finalizó Arriagada.

El alcalde Ibacache confirmó que la manifestación fue depuesta ayer cerca del mediodía, porque el intendente Harry Jürgensen confirmó que el martes se reunirá con la comunidad.

Desde la Hidroeléctrica Río Negro Spa, se indicó que el lunes van a responder respecto de lo que busca el proyecto.

El edificio de la Gobernación Provincial de Osorno, desde que partió el movimiento social en el país, se convirtió en el punto donde las personas llegan a manifestarse de manera pacífica debido a que se encuentra frente a la plaza de Armas.

Pero a su vez, ha sido escenario de destrozos e incendios, debido a los actos delictuales de encapuchados, quienes tras el término de cada marcha pacífica levantan barricadas y destruyen inmuebles del comercio y edificios públicos. "Se ha convertido en el muro de los lamentos", manifestó el gobernador Daniel Lilayú.

El recinto, que además acoge otros servicios públicos, ha sufrido daños que fueron avaluados en más de $60 millones desde el comienzo del estallido social. Lilayú dijo que está a la espera del envío de los recursos ya solicitado al Ministerio del Interior.

Desde el mobiliario de los servicios públicos como Sernatur, Impuestos Internos, CorreosChile, Gobierno Regional, sumado a la destrucción de puertas y ventanas, más los daños por el fuego en un incendio a la Oficina de la Autoridad Fiscalizadora de Armas, forma parte del catastro elaborado por la Gobernación. Sólo en vidrios se estiman $18 millones; otros 15 millones de pesos para el acceso y las reposiciones internas producto de las llamas.Desde la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Osorno, Rodrigo Ibáñez, director de la organización, confirmó lo planteado por la autoridad provincial que busca comenzar a trabajar en restablecer la normalidad.

"Cualquier acción que contribuya a mejorar el ambiente o clima de lo que estamos viviendo hoy día es positivo. Lo que vive el país es por algo y tenemos que aprender, ya que no se tapa con pintura o sacando las protecciones de las vitrinas. Hay un tema, si hacemos todo esto se genera una sensación distinta, hay quienes se deprimen y otros no. Debemos aprender que lo que pasó fue por algo, hay que retomar las cosas con calma", sostuvo Ibáñez a El Austral de Osorno.

Marcelo Galindo

Los familiares del joven asesinado el pasado fin de semana en Alerce Norte reclamaron en la Fiscalía local por la determinación que dejó en libertad a los cuatro menores imputados por el homicidio de Bayron José Igor Chamia (18 años).

Hasta el Ministerio Público, llegó el padrastro del joven, Fernando Muñoz, quien dijo que lo ocurrido la noche del sábado pasado no fue una riña.

Descartó que se haya tratado de una riña callejera "por drogas y alcohol".

Explicó que su hijastro y sus amigos fueron abordados por los adolescentes imputados cuando volvían del sector llamado la "pampa".

"Fueron atacados con una piedra y después fue apuñalado uno de los niños que resultó grave. Y sobre mi hijo se lanzaron tres niños y lo apuñalaron y se desangró; fue llevado a urgencia de Alerce donde duró un minuto, lo trataron de reanimar y no pudieron hacer nada", acotó.

Respetuoso

Fernando Muñoz señaló que no contaba con un abogado que lo pudiese asesorar y que por ello concurrió a la Fiscalía, con el objetivo de saber cómo está la causa.

Indicó que lo que hubo fue un robo, porque los jóvenes que atacaron intentaron robar las mochilas y los bananos que portaban.

"Yo estoy aquí porque le quiero decir en su cara a la fiscal, cómo puede decir que es una riña de curaos y drogadictos; mi hijo no iba armado con nada. Los niños se fueron con una mochila y un banano y mi hijo llevaba uno cruzado que también se lo trataron de quitar, porque pensaban que llevaba cosas de valor", manifestó el familiar.

Pidió más rigurosidad en la investigación, y una sanción más fuerte a quienes cometieron este ilícito. "Queremos que esto sea sancionado, que se castigue, y no queremos que el Sename se haga cargo. Tienen que ir a la cárcel, estos son delincuentes, tengo mucha rabia e impotencia por todo esto que ha pasado", relató.

Identifican

El fiscal jefe Marcelo Maldonado explicó que la apreciación de los hechos como un homicidio en riña, es una apreciación jurídica.

"No es un juicio de valor ni una crítica moral en torno a lo que hacían en el momento de los hechos quienes se vieron involucrados", remarcó el persecutor.