En casa de familiares se están quedando las personas que resultaron damnificadas en el incendio que la noche del jueves destruyó tres viviendas en la población Pichi Pelluco, lo que no dejó desgracias personales, pero sí cuantiosas pérdidas.

Los socios de la junta de vecinos del barrio se organizaron para recolectar diversas especies, que permitan ayudar a los tres grupos familiares donde hay varios niños y adolescentes, quienes perdieron todos sus enseres e incluso prendas de vestir.

Rudy Torres, presidente de la junta de vecinos Pichi Pelluco, dijo que la colaboración se está canalizando a través de la página de Facebook que la unidad vecinal tiene y que se llama "yo soy de la Pichi Pelluco".

Según el dirigente, hay cuatro niñas de 11, 14 y dos de 18 años, además de un niño de 16 años. "Las niñas, niños y jóvenes, además de un adulto mujer y dos hombres, necesitan ropa en forma urgente", remarcó.

Torres explicó que también se habilitó una cuenta RUT del BancoEstado para quienes quieran hacer donaciones en dinero.

La cuenta está a nombre de una de las familiares.

Se trata de Patricia Fuentealba, número de cuenta 13323966-9. También es posible llamar a su celular, número +56959289560. "Los vecinos igual pueden colaborar haciendo llegar sus artículos a través de la junta de vecinos y para ello pueden llamar al número de celular +56977505469", señaló Rudy Torres.

Valeria Árgel, presidenta de la junta de vecinos Pelluco, de la capital regional, confirmó que en el sector también reunirán artículos de primera necesidad.

Árgel comentó que en la unidad vecinal ya tienen una importante cantidad de prendas de vestir, que harán llegar a las personas afectadas.

"Necesitamos conocer las tallas, porque acá en la junta tenemos ropa y zapatos que están en buenas condiciones y a ello se pueden sumar vecinos solidarios para ayudar en el traslado de las cosas hacia el barrio", anotó.

Marcelo Galindo

"Las autoridades, cada vez que tengan las pruebas que permitan presentar querellas bajo los artículos penales invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo harán". Así lo expone Patricio Navarro, el encargado de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región.

Para el abogado es de relevancia la labor desarrollada por el Ministerio Público, a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), porque la investigación ha tenido resultados importantes, al referirse al caso del joven de 19 años, Felipe Santana, quien fue formalizado por cinco hechos, en los que participó, durante varios días y en el contexto de las manifestaciones.

Santana fue reformalizado el viernes pasado y a los cargos que ya tenía y que lo mantienen en prisión preventiva, se sumaron el de incendio y daños en un semáforo.

Según Navarro, el gobierno determinó utilizar la ley de Seguridad Interior del Estado, no sólo porque es una norma que da estabilidad, sino porque tiene los conceptos para que no se desborde el sistema democrático.

"Cuando uno ve que hay un desborde del marco democrático, que por diversos motivos se pierde el norte para expresar sus inquietudes, como es el caso de este joven, es indispensable aplicar el máximo rigor de la ley. Todos tenemos el derecho de transitar y de vivir en paz", argumentó.

Violencia

La gobernadora, Leticia Oyarce, afirmó que después de la violencia sufrida por más de 30 días, en los cuales amedrentaron a quienes transitan tranquilamente por el centro de la ciudad y sin desvalorizar las legítimas demandas que se solicitaron en la calle, "no queremos impunidad para quienes ejercieron violencia y cometieron delitos en contra de la propiedad y del patrimonio de la ciudad", dijo.

La autoridad provincial tuvo palabras de agradecimiento para quienes han ejercido la persecución penal.

"Agradecemos el trabajo profesional de las policías y de la Fiscalía, que ha permitido demostrar que muchos de los inculpados estuvieron involucrados en más de un ilícito, por el cual deben responsabilizarse, sobre todo por el daño causado a la comunidad cristiana y a la ciudad", anotó.

El fiscal Marco Muñoz, del Sacfi, dijo que las imágenes recolectadas durante el proceso investigativo han sido relevantes, porque ha permitido la ubicación de personas determinadas y en contra de ellos se procede la persecución penal.

"Aquí nadie discute que los delitos fueron cometidos y las diligencias de investigación están centradas en no sólo acreditar el delito, dado que lo que se busca acreditar es la participación y se ha logrado -en varios casos- identificar a estas personas y en esos casos se está siguiendo la persecución penal", expresó.

Muñoz dijo que de esta forma es que se logró establecer que el imputado Felipe Santana tuvo participación en varios delitos cometidos entre el 13 y el 22 de noviembre en el centro de la capital regional.

El abogado defensor del joven, Humberto Ramírez, explicó que en varias oportunidades solicitó que se cambie la prisión preventiva por otras medidas cautelares, porque considera que no es un peligro para la seguridad de la sociedad. "El lunes de esta semana (23 de diciembre) se revisó la prisión preventiva y se mantuvo; pero el mismo lunes se presentó el recurso de apelación, y la Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva por dos votos a uno", expuso.

Durante décadas nuestro país vivió dormido en materia de atención y reparación a miles de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de vulneraciones a sus derechos. Por años normalizamos el maltrato, la postergación, la invisibilización de niñas y niños, a través de un Estado ausente o a lo menos, precarizador del trabajo con la niñez, donde se generó la convicción autocomplaciente de que con Sename bastaría para ir en auxilio de quienes clamaban por protección.

Con lo ocurrido en los últimos dos meses, se ha levantado con más fuerza que nunca la consigna "No + Sename", y es común verla en calles y redes sociales, así como nosotros la hemos venido predicando al interior de nuestro servicio desde hace algunos años. No queremos más Sename, no más ese Sename aislado, responsable final y total de la promoción, prevención, reparación en materia de derechos, no más sobre demandado, al que se le pedía no sólo que fuera un lugar de acogida, sino también escuela, hospital y demás instituciones que requiere la atención de niñas y niños bajo protección del Estado.

Que la sociedad haya visto esto, y exija los cambios que se requieren, es un gran aliento e incentivo para profundizar las modificaciones que hemos venido implementando a nivel nacional. El aumento de la subvención a residencias, que hoy ya alcanza el 50% y a 2021 será de un 100%; la restructuración del Programa de Familias de Acogida; el cierre de los CREAD más emblemáticos; y la creación de residencias familiares; son pasos concretos a la espera de la creación de los servicios de Protección a la Niñez y Adolescencia, y el de Reinserción Social Adolescente, que pondrán las materias de prevención, protección y reparación en manos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y las de responsabilización social de jóvenes que han infringido la ley, en el Ministerio de Justicia.

En la región, también nos hemos comprometido con un "No + Sename", buscando cambiar el paradigma de aislamiento y postergación con que se venía enfrentando el trabajo con niñez y adolescencia, en donde el concepto de "los niños del Sename" sirvió de excusa por años, para que muchos miraran hacia otro lado o simplemente no asumieran el compromiso y la responsabilidad transversal que significa el trabajar con niñas, niños y adolescentes vulnerados.

Lilian Peña Castillo