12 querellas por Ley de Seguridad del Estado ha presentado el Gobierno
REGIÓN. Coordinador de Seguridad señaló que Osorno y Puerto Montt están entre las ciudades más dañadas en el país. Fiscal jefe de Sacfi indicó que se están identificado a saqueadores. FORMALIZACIÓN. Imputado quedó en prisión y según su abogado fue llevado a la unidad bajo una hipótesis que no está tipificada.
12son las querellas que el gobierno ha presentado por Ley de Seguridad Interior del Estado en la Región de Los Lagos, de acuerdo a lo señalado por el coordinador regional de seguridad de la subsecretaria del Interior, Patricio Navarro.
La autoridad estuvo presente en una reunión con comerciantes en Puerto Montt, donde reveló además que la capital regional y Osorno, están entre las ciudades del país que más daños a sufrido por los actos vandálicos que se han registrado desde el estallido social.
Según Navarro, a las 12 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado (que sólo puede interponer la máxima autoridad política de la región), se suman 60 adicionales que son por delitos comunes, "pero además existe la sospecha que se trata de una asociación ilícita", comentó.
Explicó que las acciones judiciales han abarcado diversas ciudades de la región, entre ellas Quellón, Dalcahue, Puerto Montt y Osorno.
"Tengo una convicción personal y como abogado, que aquí hay actos terroristas y de asociación ilícita; es decir que esto es algo programado", aseguró.
Navarro, en la reunión que sostuvo con los comerciantes, señaló que Puerto Montt y Osorno están en el tercer lugar como las ciudades más afectadas en el país junto a Concepción. "Antes se encuentran Santiago y Valparaíso", precisó.
Detalles
El fiscal jefe de Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), Marcello Sambuceti, dijo que la diligencias para reconocer a quienes han saqueado y provocado desórdenes se siguen realizando y que en los próximos días habrá novedades.
"Ayer (martes) se registró un caso icónico, que se inicia con el robo y saqueo a la Catedral de Puerto Montt, y ese es el punta pie inicial de una serie de actividades que desarrollamos actualmente como Unidad de Análisis Criminal y que nos va a llevar en los próximos días a eventos de investigación y presentación a tribunales que nos van a permitir mostrar a la comunidad todo lo que hemos estado realizando. No podemos dar detalles de aquello por razones de la investigación y para que tenga éxito".
Sambuceti recalcó que no sólo las grabaciones de las redes sociales y las cámaras de seguridad, han permitido reconocer a los saqueadores, sino que también las realizadas por la gente.
"Con las grabaciones de las personas que han circulado por la vía pública, y que han visto interrumpida su vida y tranquilidad, se ha permitido observar a personas cometiendo delitos y en tal sentido contamos con canales de comunicación que permiten tener medidas de seguridad", adujo.
Apoyo
La gobernadora Leticia Oyarce dijo que la coordinación es permanente con los entes relacionados con seguridad.
Según la autoridad, tiene que haber un círculo virtuoso, "donde todos son importantes y por supuesto también el Poder Judicial, de quien esperamos el mayor apoyo posible para poder avanzar en las investigaciones y dejar en la cárcel a aquellos que están destruyendo la ciudad", comentó.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Stange, profundizó la critica hacia los tribunales y señaló que existe impunidad.
"Le pedimos al Poder Judicial, y en este caso a los jueces, que tomen este tema con la urgencia que requiere", manifestó el dirigente nacional.
Stange se mostró sorprendido, porque se han registrado a la fecha 1.081 detenciones, pero sólo 12 permanecen en prisión preventiva en toda la región.
"No puede ser que hayan tantas detenciones y que queden con libertad con tanta facilidad y en forma reiterada", dijo. El concejal (RN) Fernando Orellana expresó que después de 40 días de incidentes se espera que hayan más detenidos, lo que no ha ocurrido. "Espero que Carabineros, la PDI y la Fiscalía hagan la pega, pero a futuro creo que hay que hacer cambios, porque un delincuente comete delitos y tiene un defensor, pero no así las víctimas. Esto es el mundo al revés", remarcó.
Defensa de joven que dañó Catedral insiste que control de identidad se hizo bajo supuesto
Fue el abogado Humberto Ramírez, quien puso en duda la forma cómo se llevó adelante la detención del joven formalizado por cinco delitos de robo en lugar no habitado, daños y desórdenes públicos (3).
Felipe Eduardo Santana Torres (19 años) permanece desde el martes en prisión preventiva, tras ser grabado provocando daños en uno de los pilares de la Catedral (14 de noviembre) y saqueándola posteriormente con otros jóvenes.
Ramírez, junto al abogado Camilo Jiménez, asumieron la defensa de Santana Torres.
Según Humberto Ramírez, respecto a lo ocurrido el 14 de noviembre, la acreditación de la participación de su representado es débil, "porque se muestran fotos de una persona encapuchada y no portaba las mismas vestimentas el individuo en los otros días cuando fue formalizado. Cuando se muestra a rostro descubierto simplemente el se ve participando en las manifestaciones", agregó.
El defensor manifestó sus dudas respecto al procedimiento, que permitió la detención del imputado.
"Se llevó al imputado al cuartel policial en una hipótesis que a juicio de este defensor no está tipificada en el artículo 85 del Código Procesal Penal", adujo. En la audiencia, la fiscal Macarena Gallardo argumentó que el joven fue llevado a la unidad del OS 9 por un tema de seguridad en el lugar donde se iba a realizar el control de identidad.
"El riesgo no está acreditado y no existe ninguna hipótesis en el artículo 85 del Código Procesal Penal que permita hacer el control de identidad bajo ese supuesto. El supuesto que permite llevar a una persona que se está controlando una identidad a un cuartel policial para con el único fin de acreditar su identidad, son supuestos donde el imputado niega su identidad o no estuviesen las circunstancias para acreditar su identidad, pero en ese punto mi representado sí contaba con su cédula de identidad; incluso, en el cuartel policial procedía que fuese dejado en libertad y qué fue lo que se solicitó, una orden de detención y autorización para incautación", relató.