Un 28% de avance presenta la conservación de la rampa de caleta La Arena en Puerto Montt. El proyecto busca poner en uso esta infraestructura deteriorada en el 2014 producto de un desplazamiento submarino que la dejó inutilizable.

La gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce junto a los dirigentes de la pesca artesanal de esta zona conoció el avance de los trabajos. Según Oyarce este es un proyecto que se ha impulsado como gobierno con una inversión superior a los 552 millones de pesos que va a entregar un estándar adecuado y de seguridad, además de fortalecer el crecimiento en su desarrollo económico.

Próximamente la empresa realizará las primeras faenas de pilotajes que va a considerar escaleras para desembarcar botes y defensas en el muelle para que atraquen las embarcaciones. Se espera que a fines de enero se concluya este proyecto.

El presidente del sindicato Brisas Marinas de Caleta La Arena, Juan Hernán Velásquez, agradeció a la autoridad por el apoyo entregado a este proyecto. Manifestó que " la rampa es totalmente necesaria para los pescadores artesanales y gracias a Dios hoy día estamos contento por esta importante construcción", aseguró.

Inerme Vega, secretaria de esta organización, explicó que ésta ha sido una espera de cinco años, tratando que este sueño se haga realidad no sólo es para los pescadores, "sino para todas las embarcaciones que trasladan a las personas enfermas de las diferentes islas, nos ayuda a la conectividad y para el trabajo cotidiano".

La obra consiste en la conservación de la explanada de una sección de la rampa existente. Se construirán muros de hormigón armado en el perímetro, y se proyecta reemplazar una sección de la rampa derrumbada, por una sección nueva estructurada con pilotes de acero y un tablero de hormigón armado de cuatro metros de ancho, se proyecta una chaza para permitir el embarque y desembarque. La longitud de esta nueva infraestructura es de 17 metros.

Es una menor de 13 años la víctima quien está siendo atendida por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional.

El hecho es indagado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI de Puerto Montt, quienes ubicaron y detuvieron a un hombre de 60 años, imputado por este ilícito.

El Ministerio Público de Maullín formalizó a una persona de 60 años de edad por el delito de violación de menor de 14 años solicitando su prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por el Juzgado de Garantía.

Los hechos ocurrieron en un sector rural de dicha comuna, y en la audiencia de control de la detención y formulación de cargos se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de diligencias investigativas.

El fiscal jefe de Maullín, Jaime Aguayo, determinó que la víctima y su familia sean derivada a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, para que esta sección adopte las medidas tendientes a la protección de la niña y también para coordinar terapias de reparación psicológica que sean necesarias.

El fiscal Aguayo confirmó que la niña tiene 13 años. "Se harán las terapias que sean necesarias a la víctima y su familia", agregó el persecutor.

Marcelo Galindo Gallardo

Un proceso judicial de larga data es el que se espera tras la demanda de indemnización de perjuicios que presentó Jaime Anguita Medel (62 años) contra el Estado, después que en septiembre de 2017 el ingeniero fuera absuelto por el delito de parricidio por el cual fue llevado a juicio oral por la Fiscalía de Puerto Varas.

La acción fue presentada en el trigésimo juzgado civil de Santiago, por lo que será la procuradoria del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la capital la que se hará cargo de la defensa.

Anguita estuvo en prisión preventiva casi dos años y demandó por 2 mil millones de pesos al Estado, dando a conocer presuntas negligencias cometidas en el proceso de investigación por la PDI, el Servicio Médico Legal (SML) y el Ministerio Público.

El escrito da cuenta de una serie de hechos que habrían ameritado la presentación del requerimiento entre ellos la pérdida de la polera que utilizaba Viviana Haeger el día que fue asesinada y la que se extravió, producto de fallas en la cadena de custodia.

"Esto derivó en nuevas teorías que imputaron a Jaime Anguita, las que podrían haber sido rápidamente descartadas de no mediar tales errores. Resultó en definitiva ser prueba fundamental, que se perdió, y que llevó a inventar teorías irreales de imputación", señala la demanda.

Eventual

La directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, abogada María Paz Olavarría, explicó que la acción presentada está regulada por las normas del derecho civil, (artículo 2314) y siguientes del cuerpo normativo del área, y además, por normas específicas de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, y otras normas, que regulan particularmente a los órganos del Estado a quienes se les atribuye responsabilidad.

"Digo "eventual" responsabilidad, ya que será el juez civil correspondiente quien tendrá que pronunciarse en la sentencia definitiva sobre la procedencia de la acción, luego de las etapas procesales propias de un juicio ordinario de mayor cuantía de lato conocimiento, como ocurre en el presente caso, donde lo esencial, además de la etapa de discusión y alegaciones efectuadas por las partes, será la etapa probatoria, en cuyo mérito, el juez podrá efectuar el razonamiento jurídico necesario en su sentencia".

De acuerdo a la académica, si el juez estima que se configuran y acreditan los presupuestos jurídicos de la acción, acogerá la misma, y en caso de que esto no se acredite, deberá rechazarla. "Lo anterior, en una primera instancia, ya que por medio de los recursos procesales correspondientes, respecto de la sentencia del juez civil, podrá recurrirse ante los Tribunales Superiores de Justicia según las reglas establecidas para este tipo de juicios".

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer explicó que el conocimiento de esta demanda (en materia civil) corresponde al Consejo de Defensa del Estado, quienes asumirán la defensa.

Señaló que el caso "salió de la esfera de los tribunales de competencia penal, por lo tanto no corresponde que como Fiscalía emitamos algún tipo de pronunciamiento".