Uno de los puntos aprobados por la Cámara de Diputados al despachar la Ley de Presupuesto del Sector Público al Senado es el aumento en un 50% de la Pensión Básica Solidaria, a partir de una indicación presentada por la diputada Ximena Ossandón, de Renovación Nacional.

Lo aprobado por la Corporación, que implicaría subir de 107 a 160 mil pesos el monto que se entrega, la que establece un incremento de 20%.

"El Gobierno debe entender que las pensiones son una porquería y que cuando un país está enfermo o en crisis, los esfuerzos deben ir más allá de lo posible. Volvamos a tener una política más humana, centrada en la gente. A veces, cuando se hacen apuestas sociales, se puede perder en las finanzas, pero se gana en dignidad y respeto hacia las personas. La solidaridad es un valor que Chile ha olvidado en el último tiempo y que es urgente restituir", explicó la legisladora oficialista.

Ossandón, si bien reconoció que "es caro" que el Estado asegure condiciones dignas y mínimas a todos sus habitantes, dijo que se fracasa si esto no sucede. "Si hay gente ganando 107 mil pesos, es una sociedad inmoral y simplemente no estamos haciendo sociedad".

En un inicio, la Cámara de Diputados declaró inadmisible la propuesta, pues aumentaba el gasto fiscal -algo que los congresistas no pueden hacer-, pero la Sala decidió por 74 votos a favor que se declarara admisible y aprobó, con 125 votos positivos, el fondo de la indicación de la diputada.

El director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, se opuso a la propuesta y argumentó que "el solo aumento en 20% de la Pensión Básica implica 600 millones de dólares", mientras que con esta iniciativa se aumenta en US$1.000 millones el gasto, "monto que no tenemos y que es imposible financiar con un crecimiento bajo".

"La lógica de que todo es económico no resiste más", respondió Ossandón. Consultada por la posibilidad de que se recurra al Tribunal Constitucional ante la aprobación de su propuesta, dijo: "Vamos a ver si alguien se atreve a mandarlo al Tribunal Constitucional. Yo creo que nadie lo va a hacer, porque la calle está pidiendo esto". Añadió que espera que el Senado "esté a la altura de las circunstancias que vive el país" cuando revise la indicación.

Redacción

La Cámara de Diputados aprobó, ayer en la madrugada, todas las partidas del Presupuesto del Sector Público para 2020 y despachó el proyecto de ley al Senado.

La iniciativa, que contempla recursos por 74 mil millones de dólares, considera varias actualizaciones respecto de la iniciativa ingresada a fines de septiembre, originadas en las movilizaciones sociales, las que incluyen un aumento en el monto de las pensiones básicas solidarias, así como más ingresos para las áreas de educación y salud, entre otras materias.

El Presupuesto determina los ingresos y gastos de la nación, y detalla los montos de todos los ministerios, instituciones y entidades que componen el aparato público.

Deudores cae

El área que más recursos compromete es educación. Son $11.682.865 millones, que se distribuyen en 12 reparticiones, incluyendo la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los servicios locales de educación. Se agregó un beneficio para los deudores del CAE: los que estén en mora en el pago de su obligación crediticia podrán reprogramar por una única vez el crédito, posponiendo las cuotas morosas y retomando el pago de su crédito vigente bajo las mismas condiciones originales y pudiendo acceder a los beneficios de pago del Crédito con Garantía Estatal. Así, pagarán un interés anual real del 2%.

A educación le sigue salud. El debate se centró en la deuda hospitalaria y la imposibilidad de conocer con exactitud las cifras de los recursos faltantes. Pese a esto, se aprobaron los recursos para esta partida (Ministerio de Salud), que contempla $9.963.251 millones, los que serán destinados al Fonasa, la Central de Abastecimiento, los servicios de Salud y otras reparticiones.

El presupuesto para Trabajo y Previsión Social es el tercero más alto. El debate en este caso estuvo marcado por la reforma al sistema de pensiones y a los montos que debe comprender el denominado Pilar Solidario. Entre los puntos aprobados, destaca el aumento en 3,5 UF mensuales por 5 años para los profesores afectados por la denominada deuda histórica. La partida del ministerio contempla recursos de $8.405.657 millones, que se repartirán once organismos.

Vivienda y Urbanismo considera $3.015.472 millones y Obras Públicas comprometerá $2.530.870 millones.

Los servicios electorales, que tendrán más trabajo dado el acuerdo constitucional, contemplan $59.327 millones.

El descontento de las personas con su entorno no es homogéneo en todas las ciudades, sino que se agudiza en las grandes áreas urbanas, las que han sido víctimas de su propio éxito y de las expectativas que se han generado en torno a ellas. Las migraciones campo-ciudad registradas hace más de un siglo, se detonaron por las oportunidades que ofrecían los centros urbanos: primero fue el acceso al empleo y luego se sumaron otros factores vitales para el desarrollo humano, como la educación, cultura y servicios.

Se fue configurando así una utopía en torno a las ciudades o un sueño urbano, que se mantiene vigente en quienes habitan o llegan a vivir a Santiago, Concepción, Valparaíso, Coquimbo-La Serena, Temuco, por señalar algunas grandes áreas urbanas, que también se han transformado en el nuevo hogar de migrantes estos últimos años.

Sin embargo, cumplir este sueño tiene un costo muy alto en la vida de las personas. Un trabajador de la construcción destina poco más de dos horas diarias a traslados en el Gran Santiago, cifra que baja a casi la mitad en una ciudad intermedia para alguien con el mismo oficio, según se desprende de un estudio del CEP.

Los tiempos de traslado se pueden optimizar con un transporte público eficiente, pero también acercando la vivienda a las áreas centrales de las ciudades. Hay que recorrer barrios del Gran Santiago, como Matadero-Franklin, o comunas como Recoleta o Independencia, para darse cuenta de que están subutilizadas habitacionalmente, ya que predominan edificaciones de uno o dos pisos. Un fenómeno que se replica en otras escalas en regiones. La respuesta frente a ello no es densificar con 30 o 40 pisos, pero sí hacerlo equilibradamente con opciones intermedias, a fin de democratizar la buena ubicación de la vivienda dentro de las ciudades y con ello reducir significativamente la segregación urbana.

Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya estamos avanzando en esa línea con distintas políticas públicas, puesto que no es aceptable que las personas destinen más de dos horas a traslados, con el alto costo emocional, económico y familiar que ello significa; o que los ciudadanos no cuenten con un acceso equitativo a servicios, equipamientos y espacios públicos. Según advirtió recientemente el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sólo 18 de 117 comunas cumple con el estándar de diez metros cuadrados de áreas verdes por habitante; de ahí la urgencia, por ejemplo, de contar con una Política Nacional de Parques Urbanos.

Este y otros déficits urbanos son los desafíos que hoy guían nuestra agenda social, porque está en juego la calidad de vida y la felicidad que las personas esperan encontrar en las ciudades de Chile.