Mientras se intenta volver a la normalidad en el quehacer de las labores cotidianas del país -cuestión que en ningún caso es fácil-, ya se perfilan las transformaciones sociales que vienen, en repercusión al clamor de la ciudadanía, comenzando por los cambios habidos ayer en el gabinete gubernamental. Todo en función de la gran tarea país -en un pacto social a fondo- de ir extirpando del proceso de desarrollo de Chile todo privilegio, abuso y desigualdad, factores causantes del reciente estallido de descontento nacional.

En Puerto Montt, estos innovadores pasos ya comenzaron a darse en cabildos abiertos verificados en Alerce y Mirasol, y en la Escuela España en el centro de la ciudad. La comunidad congregada, junto con enfatizar su deseo de que estos actos cívicos -que representan el nuevo liderazgo popular- no sean politizados, propuso una reforma constitucional, para generar transformaciones radicales en el país y también de práctica utilidad social. Comenzando, por ejemplo, por mejorar la calidad del transporte a los sectores poblacionales más vulnerables de la capital regional, junto con reiterar, entre otros, las necesidades de gratuidad en el modelo educativo, además de crear los mecanismos para la obtención de trabajos y salarios dignos; y en cuanto a las pensiones, llevarlas a responder de acuerdo a una vida de patriótico servicio, sin el temor de jubilaciones miserables.

A su vez, los alcaldes de las comunas de la Provincia de Llanquihue dieron un positivo ejemplo, en cuanto a la mayor sensibilidad social que viene, al nivelar los sueldos mínimos de sus trabajadores ahora en 400 mil pesos.

Por su parte, a nivel gobierno, ya comenzaron a recogerse las demandas ciudadanas desde los distintos sectores sociales, en lo que inicialmente se ha denominado encuentros nacionales.

Los chilenos se pronuncian. Sus autoridades escuchan y el compromiso -esperamos- comience a cumplirse. Y en un desafío gigante -con todos- por un nuevo Chile.

Qué difíciles momentos estamos viviendo como nación: muertes, pérdidas, destrozos y violencia. Sin duda, son los peores momentos de la historia después de la intervención militar, hasta llegar a la tan anhelada democracia. Por lo que, buscar las razones para explicar una movilización de esta magnitud, junto con sorprendernos por una explosión de violencia tan inesperada, podría ser sencillo.

La ira retenida por años frente a los abusos en el poder, los discursos de soluciones definitivas que nunca llegaron, la inequidad en la distribución de la riqueza que acentúa cada día nuestras diferencias sociales o simplemente nuestra ingenuidad en confiar en personas que nos han prometido tanto, pero una vez en el poder, se le puede aplicar el dicho "si te he visto, no me acuerdo". Es necesario hacer un profundo análisis de nuestro rol como ciudadanos, no solo respecto de nuestro circulo más íntimo, como lo es nuestra familia y trabajo, sino nuestro rol en la sociedad civil, mirando a quienes hemos empoderado para gobernar, porque el problema de la insatisfacción de hoy, es el cúmulo de la frustración de ayer, y el ayer son muchos años en que nos hemos quedado mirando y esperando que la equidad llegue a nuestras casas.

Lamentablemente, muchas ideas e iniciativas pueden ser tremendamente interesantes y bondadosas para nuestro bienestar, pero lamentablemente al pasar por nuestras imperfectas manos, corremos el riesgo de desvirtuar el sentido y el propósito de esa buena intención. Desde una mirada pastoral, mi conclusión es que, nuestra construcción social ha sido hecha sin considerar los criterios del diseñador de la vida, es decir, una sociedad sin Dios.

Hoy, asombrados y perplejos, nos atemorizamos, pero si buscamos al diseñador de nuestra vida como la fuente de toda información, podremos encontrar la respuesta y un camino a seguir para gobernar, sanar, restaurar y reconciliar de manera genuina y profunda a nuestra nación.

Jesús dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida", nueve palabras que pueden hacer que lo imposible sea perfectamente posible: una sociedad justa, al alcance de todos y que responda las necesidades de cada chileno.

Fiscalía, una institución de la Democracia

Resulta paradójico y a la vez un signo de madurez, que en la semana del vigésimo aniversario de la Fiscalía de Chile, el país se haya enfrentado a la crisis social, política y cultural más relevante desde la vuelta a la democracia. En los años 90, a fin de marcar un camino hacia el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y las garantías fundamentales, surgió la necesidad de revisar y reestructurar el sistema a través del cual se perseguía y sancionaba los delitos.

De un proceso inquisitivo, con sumario secreto, donde a un sujeto imputado de delito permanecía hasta cinco días detenido antes de que el juez revisara su detención, se buscó progresar hacia un sistema que garantizara de mejor manera los derechos de los ciudadanos.

Para la implementación de dicha Reforma fue necesario crear un ente nuevo, autónomo en sus decisiones: el Ministerio Público. De la etimología de las palabras, se podría entender que el objetivo de la Fiscalía es ser representante del Pueblo, y en dicho sentido de la propia Constitución emana que el pueblo es quien ejerce la Soberanía, que reside en la Nación, y lo hace a través de la elección de sus representantes llamados a hacer las leyes, que es donde reside la voluntad del Pueblo a quien Fiscalía representa. Ello es precisamente lo que manda el principio de Objetividad al que se adscriben todos los Fiscales "apego irrestricto a la ley".

A ese principio se debe la Fiscalía de Chile con la adopción de cada decisión y por ello, enfrentada a los escenarios de excepción Constitucional ha tenido un rol importante para investigar todo hecho constitutivo de delito sea ejecutado por civiles o por agentes del Estado, que permitan sostener los valores de respeto irrestricto de las garantías fundamentales para todos los ciudadanos. Fiscalía así, se erige como un órgano pilar de la Democracia y el Estado de Derecho, cuya existencia añade un valor fundamental, el pueblo tiene una institución que lo representa para expresar su voluntad ante la comisión de un delito.