La sociedad chilena, sin la conducción de los partidos políticos, es la protagonista de la protesta que nació en Santiago, pero se extendió rápidamente por todo Chile, lo que demuestra que el descontento no era solo por el pasaje del Metro. Osorno, Puerto Montt, Chiloé, se han levantado en forma masiva y mayoritariamente pacífica.
Ya no solo por el agua o una cuota de pesca. Las calles se han llenado mayoritariamente de jóvenes sin un petitorio concreto, se baila y se canta, se marcha y tocan las cacerolas, sin discursos, pero la presión que ejercen por cambios de fondo en la sociedad es evidente. Los parlamentarios tenemos la tarea de dar respuesta a los problemas de la gente.
Es verdad es que en estos días ha sido difícil leer el conjunto de requerimientos expresado las movilizaciones, pero lo que no podemos soslayar es la necesidad de diálogo para construir las preguntas y buscar las respuestas que nos pide la sociedad en su conjunto. Mi gestión como senador, ayer como alcalde e Intendente, siempre se ha caracterizado por escuchar a las personas, a sus organizaciones, a las autoridades, al vecino que se encuentra aquejado por un problema o al emprendedor que quiere salir adelante. Los problemas de las personas son concretos. Los de la tercera edad, por ejemplo, se centran en sus bajas pensiones y en la espera en el acceso a la salud.
El Estado puede hacer más que un alza del 20% de las pensiones básicas y además, tiene que responder ahora -y no mañana- a quienes se jubilarán en el futuro y que anhelan a algo más que una pensión básica. Asimismo, el Gobierno debe fortalecer la salud pública, controlar los precios de los medicamentos y congelar las tarifas de los servicios básicos. No es poco, y estoy hablando solo de un sector de la sociedad. No habrá solución para todos los problemas en forma inmediata, pero tampoco podemos permitir que los problemas se acumulen y luego exploten como han explotado ahora. Las soluciones demandan recursos y ello es resorte del Presidente. El tiene la palabra.
El tiene la responsabilidad principal. Pero no soy ingenuo. El Gobierno no cambiará nada si la sociedad no exige respuesta a sus demandas. Y en el Congreso, aprobaré todo lo que beneficie a la gente, pero al mismo tiempo, impulsaré las iniciativas que permitan destrabar los obstáculos institucionales.
Represión inconstitucional
"Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes", juró Sebastián Piñera al asumir la Presidencia. El núcleo de la Constitución que Piñera juró respetar y hacer respetar se encuentra en el catálogo de derechos fundamentales consagrados en el art. 19 de la Constitución. Estos derechos sólo pueden restringirse o suspender en circunstancias excepcionales y bajo condiciones especialísimas reguladas en la propia Constitución.
El Presidente consideró que la protesta de algunos estudiantes secundarios constituía antecedente suficiente para decretar el "estado de emergencia constitucional". Los decretos se propagaron por todo el país, al igual que las protestas. Todas estas zonas de emergencia quedaron, en virtud de la decisión presidencial, "bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional" designado por el Presidente.
Para Puerto Montt y Osorno, Piñera nombró al General de Brigada Aérea Sr. Cristián Eguía. Del catálogo de derechos y garantías establecidos en la Constitución, el Presidente se encuentra facultado para restringir bajo estado de emergencia sólo dos: el derecho de reunión y el derecho de locomoción. El Jefe de Defensa designado por el Presidente, por su parte, ni siquiera se encuentra facultado para restringir estos dos derechos, salvo que el Presidente delegue expresamente dicha facultad.
En ninguno de los decretos de emergencia dictados por la Presidencia para las distintas zonas de emergencia del país, el Presidente delegó su facultad. Los "Jefes de Defensa", por su parte, no cuentan con las facultades constitucionales ni legales para restringir derechos constitucionales, salvo a un nivel mínimo y marginal. Luego, los actos que las fuerzas de orden realizaron para restringir y suspender no sólo el derecho de reunión y de locomoción, sino también la libertad ambulatoria, la libertad de expresión y la inviolabilidad del hogar, constituyen una vulneración patente de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
El "toque de queda" es una decisión militar inconstitucional: un ejercicio de poder desnudo, contrario al derecho. Ante sus ojos, y con su venia, la Constitución que el Presidente juró defender se ve diariamente y sistemáticamente vulnerada en todo el país. Esa es una infracción abierta de la Constitución, que compromete gravemente el honor y la seguridad de la Nación.
Dr. Diego Pardo Álvarez.
Rabindranath Quinteros Lara.
