Marcelo Galindo Gallardo

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt declaró admisible una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) regional, por un caso de presunta violencia innecesaria aplicada por carabineros contra un joven de 19 años, quien recibió un impacto de balín en el ojo derecho.

El hecho se registró tras la primera jornada de protestas en la costanera de Puerto Montt, donde el joven estaba acompañado de un amigo.

Mauricio Maya, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), dijo que de acuerdo a la versión entregada por la víctima y el amigo, hubo además denegación de ayuda por parte de los funcionarios de Carabineros.

Tras los impactos de balines recibidos en la espalda, en una pierna y en el ojo derecho, el amigo del afectado lo tomó en brazos y lo llevó hasta la calle Antonio Varas, donde pidió ayuda a un conductor de un automóvil.

"Este accede y lo traslada al Hospital de Puerto Montt, pero este tipo de hechos de personas lesionadas con balines se ha dado en Osorno y Puerto Montt, y es porque los disparos se registran a corta distancia. Incluso, hay un caso de una persona que recibió más de 10 balines en el cuerpo, situación que también es analizada", relató Maya.

Sentadillas

Otros hechos que están en estudio en el Indh regional, se refieren a los tratos degradantes, que, en tres casos, similar cantidad de personas sufrieron en comisarías de carabineros de Osorno y Puerto Varas.

"En Puerto Varas dos varones fueron desnudados en la unidad policial y en Osorno sufrió lo mismo una mujer, y ella habría sido obligada a bajarse la ropa interior hasta los tobillos y obligada a hacer sentadillas", indicó el jefe regional del Indh.

Para Mauricio Maya, se trata de un hecho inhumano y degradante.

Agregó que también hay otra denuncia -que está en análisis ocurrida en Castro-, respecto a una joven de 19 años, quien tras ser detenida fue amenazada por los funcionarios policiales que iba a ser violada.

Respecto de las acciones a seguir, dijo que se analizan por ahora dos constitucionales. "Lo que se puede hacer es un control superficial de las ropas, se puede sacar su calzado y revisar las pertenencias, pero desnudar alguien está prohibido y existe jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y la Suprema, que corresponde a un trato inhumano y degradante el desnudamiento forzado. En estos casos se están estudiando recursos constitucionales de amparo", remarcó.

El intendente Harry Jürgensen dijo desconocer los hechos de violación de Derechos Humanos registrados en la región.

"Podrían haber excesos de distinta magnitud, vamos a indagar lo que se sostiene en esa denuncia", aseveró.

Torturar

Alfredo Árgel, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Puerto Montt, dijo que el solo hecho que el Presidente (Sebastián Piñera) diga que está en una guerra de un enemigo que uno no ve, "nos trae a la memoria -inevitablemente- lo ocurrido en 1973, y eso es incitar al miedo y ello no corresponde, porque la gente está cansada de tanto abuso y la discriminación que afecta a la mayoría del país".

De acuerdo a Árgel, la gente ya se cansó y por fin el país despertó a algo que tanto daño está haciendo a todas las familias. "Lamentablemente, y era algo que esperábamos, algunos no han terminado con la práctica de torturar. El solo hecho de sacar a los militares a la calle, demuestra lo inútil que ha sido el gobierno", adujo.

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer explicó que existe en el Ministerio Público una fiscal de Puerto Montt que es especializada en investigar este tipo de hechos. Se trata de la persecutora Miriam Pérez.

"Hay una fiscal especializada en la investigación de este tipo de delitos cometidos en violencia institucional y ella es la profesional que verá todos los casos que sean denunciados y que lleguen desde el Juzgado de Garantía a través de las querellas que se hagan efectivas", manifestó la persecutora jefa de la Región de Los Lagos.

Un llamado a las autoridades regionales y principalmente comunales, para que se termine con la fuerza desmedida contra los vecinos de Mirasol realizaron los dirigentes vecinales de este punto de la capital regional.

Entre las 22 y las 00 horas del martes, se levantaron alrededor de cinco barricadas en las principales calles y avenidas de este barrio, que concentra la mayor cantidad de población de Puerto Montt.

Similar acción ocurrió en Alerce, donde se contabilizaron seis barricadas.

Los vecinos y dirigentes de Mirasol señalaron en una declaración pública que ante los hechos ocurridos en las poblaciones, "repudiamos el actuar de los militares, y exigimos el retorno inmediato de estos a sus cuarteles. Nada justifica su presencia en las calles. Durante las jornadas de toque de queda, las niñas y niños presentan episodios de llanto, inseguridad, desorientación, sensación de vulnerabilidad y efectos traumáticos a nivel emocional, psicológico y físico, producto del uso desmedido de gases lacrimógenos, vulnerando así sus derechos".

Justamente los elementos químicos utilizados para la dispersión de los manifestantes ingresaron a varias viviendas, afectando la tranquilidad familiar.

Ayer, el general de Brigada Aérea, Cristián Eguía, dijo que durante la jornada de la noche del martes fueron detenidas 81 personas en la región, 40 de ellas después de decretado el toque de queda.

"Como información, una vez decretado el toque de queda durante la jornada de ayer, se registraron 11 eventos en Puerto Montt que alteraron el orden público. Entre ellos, destacan barricadas y protestas en sector bodega Dimarine, protestas en sector Valle Volcanes, saqueo en tienda electrónica "Bip Computer", apedreamiento en sector Líder de Cardonal, incendio de pastizales sector Terrazas de Angelmó, barricadas en sector Presidente Ibáñez y calle Alessandri, bloqueo de carretera sector Chaicas, como también manifestaciones en población Mirasol y el saqueo al restorán Sherlock en el centro de Puerto Montt e intento de ingreso al supermercado Cugat, ubicado en población Chiloé, junto con el intento de saqueo a Unimarc en el sector de Alerce", manifestó el oficial.

Durante la jornada del martes, un funcionario de la PDI resultó lesionado tras recibir una pedrada. En cuanto a los disparos en Mirasol, el general Eguía señaló que eran de "advertencia" y a "fogueo".

El Colegio de Periodistas dio a conocer casos de periodistas y reporteros que han debido encarar amenazas y seguimientos durante el ejercicio de sus labores informativas durante el toque de queda, pese a contar con los salvoconductos entregados por las propias autoridades. El presidente regional de la orden, Sergio Velásquez, llamó a respetar las autorizaciones oficiales. "El derecho a informarse está establecido en la Constitución y los trabajadores de medios de comunicación que han cumplido con los trámites para seguir laborando, deben ser respetados. Me preocupa estas expresiones de otro tiempo que buscan amedrentar a los colegas. No dice nada bueno de las instituciones ni del Estado de Derecho", agregó el dirigente gremial. Al respecto, Velásquez indicó que se mantendrán en alerta ante cualquier caso de vulneración de derechos de los colegas, especialmente de repetirse hechos como los ocurridos a un reportero de Radio Bío Bío.