Mientras que el 30 de septiembre finalizó el plazo para que los propietarios de vehículos de carga pagaran sus permisos de circulación. De un total de 6.325 que debían hacerlo, sólo 4.402 cumplieron con ese deber, lo que corresponde a un 69,5%. Por este concepto, la Dirección de Tránsito reportó ingresos totales por 349 millones 176 mil 54 pesos.
El pasado 26 de marzo, la empresa Transportes del Estuario, que opera el servicio de conectividad vía barcazas desde Caleta La Arena a Puelche, publicó un anuncio en El Llanquihue, para dar cuenta de un nuevo sistema de tarifas diferenciado, que implicaría alzas de un 50 %, para los usuarios nacionales, y de 300% para los extranjeros, lo que se haría efectivo a contar del pasado 1 de octubre.
Tal medida encontró el rechazo en diferentes sectores, especialmente de la comuna de Hualaihué, que advirtieron efectos negativos en materia de flujo de turistas.
Ello no ocurrió, puesto que ese tipo de resoluciones están siendo aplicadas al otorgar nuevos contratos de operación, lo que recién sucederá en 2022, según explicó Nicolás Céspedes, secretario regional ministerial (seremi) de Transportes y Telecomunicaciones.
"Logramos mantener las tarifas planas, porque era un contrato antiguo. La empresa cedió a los cambios que le pedimos, como barcos más nuevos y de mayor capacidad. Por reglamento, todos los subsidios de los contratos nuevos deben incluir la tarifa diferenciada, lo que debe ser así por la condición de aislamiento de las personas que se busca favorecer. Tenemos que diferenciar, porque hay gente que no necesita el subsidio", puntualizó.
Agregó que a la empresa que cubre ese trayecto le quedan dos años de concesión (hasta 2022), momento en el que deberá aplicarse los nuevos valores.
Consultado sobre el porqué de la publicación de ese aviso, el seremi Céspedes expuso que en el contrato vigente (antiguo) con esta empresa, se establece que debe comunicar en un diario de circulación regional un cambio de tarifas y "por norma del contrato, ellos lo publicaron".
Céspedes considera que "fue un tema mal comunicado", ya que antes se debió exponer y conocer opiniones de la comunidad. "Para un extranjero, es distinto el valor del dinero. Cuando uno habla con la gente de esas comunidades, lo ven como si fuera para ellos".
Frente al temor que este mayor precio haga disminuir el flujo de turistas, la autoridad comentó que "no se le puede dar un subsidio del Estado a un turista". A modo de conclusión, expresó que "está comprobado que cuando hay naves con un mayor estándar en calidad de servicios, la gente lo paga".
El seremi de Transportes se mostró convencido que esta diferenciación tarifaria permitirá una optimización de recursos, al entregarlos a quien los necesita; pero también, supone que atraerá a más visitantes, "porque esa plata extra, la invertimos en naves", a través del mejoramiento de la calidad del servicio.
La nueva licitación espera ser publicada antes de fin de año en el portal de internet. Céspedes destacó que se tratará de un proceso participativo, ya que la propuesta debe ser presentada a la comunidad, tras lo que queda en condiciones de enviarla al nivel central para su definición.
Luego de su aprobación, se espera que las empresas interesadas van a disponer de dos años para comprar las naves que exigirá el contrato, "de manera de generar competencia. En dos años más, debiesen llegar esos barcos y comenzar a operar y así tener más demanda", aseguró el seremi.
Pero antes de eso, "hay hartas cosas que ver", acotó. A modo de ejemplo, mencionó que Puelche presenta una restricción con la rampa, ya que hay una roca que en el lado sur-poniente, lo que restringe la operación de naves.
"La DOP (Dirección de Obras Portuarias) está tratando de sacar esa roca, para dejar un espacio para que cuando licitemos un barco de mayor capacidad, pueda llegar, lo que hoy no es posible. Hay un espacio de operación de maniobras que no lo permite".
Otra de las materias por definir es el tiempo de duración del contrato. Una de las propuestas es el mismo tiempo aplicado a la ruta bimodal, de ocho años.
"El problema de eso es que cuando el territorio cambia mucho en ocho años, el diseño queda obsoleto. Si lo vamos a hacer en ese tiempo, para poder pagar la inversión de la compra del barco, es ir actualizando la demanda de pasajeros cada dos años, lo que permite determinar si sólo por la tarifa está recibiendo más ingresos y también entregar menos subsidio estatal. Eso nos permite liberar recursos para mejorar sectores aledaños, con gente que está aislada".
Unos 71 mil automóviles y camionetas circulan a diario por las calles de Puerto Montt; sin embrago, más de tres mil lo hacen en forma ilegal, ya que no han renovado su permiso de circulación.
Así quedó de manifiesto al concluir el proceso de cancelación de la segunda cuota de ese impuesto, el pasado 31 de agosto, en el que sólo 14 mil 722 conductores cumplieron con esta obligación; es decir un 81,3 % de los 18 mil 98 que habían pactado esa forma de pago, por lo que tres mil 376 de esos móviles se desplazan por la ciudad con su permiso vencido.
En total, en esta segunda etapa ingresaron al municipio mil 50 millones 523 mil 864 pesos, pero sólo un 35 % (más de $367 millones) son ingresados al presupuesto local, ya que el resto es derivado al Fondo Común Municipal.
Valeria Maldonado, directora de Tránsito de la Municipalidad, explicó que al tratarse de la segunda cuota, se debe hacer efectivo el trámite en la municipalidad de origen, por lo que descartó la posibilidad que ese número sea menor y que se haya cumplido con el trámite en otros municipios de la región.
Precisó que es habitual que se mantenga un porcentaje de incumplimiento, ya que la misma condición ocurre durante la masiva renovación de esos permisos, como ocurre en marzo de cada año.
Aunque reconoció que una vez que se cumple el plazo, es posible hacerlo en los meses posteriores, con un recargo, no siempre se logra llegar al ciento por ciento de permisos de circulación emitidos, lo que estimó en un 95%. "Es decir, cada año hay un cinco por ciento de conductores que no paga su permiso", estableció.
Respecto al año pasado, Maldonado dijo que hubo un crecimiento de 10 mil autos, ya que la cifra de este año superó los 61 mil 500 registrados en 2018.
Tal realidad genera problemas en el tránsito. "Las vías de la ciudad no están aptas como para recibir tanto vehículo. Tampoco podemos dejar de recibir más pagos de permisos de circulación; estamos en una economía abierta y quien quiera y pueda, se compra un auto", declaró.
A pesar de ello, la directora de Tránsito planteó que es posible desincentivar el uso del auto particular, mediante el mejoramiento de los servicios de transporte público. "¿Por qué las personas deciden comprar un vehículo? Porque es la manera de llegar más rápido a su trabajo y a dejar a sus hijos al colegio. Si bien el transporte público ha mejorado en algunas áreas, en otras ha ido disminuyendo", planteó .
Consultada si analizan la posibilidad de aplicar una restricción, a modo de mitigar el impacto que genera la alta circulación, la directora de Tránsito expuso que "está dentro de los objetivos que nos ha planteado el alcalde (Gervoy Paredes). Pero también es un tema que se tiene que analizar a nivel del Ministerio de Transportes".
De acuerdo a su criterio, es posible llevar a la práctica una definición como esa a partir del próximo año, aunque es un tema que "está recién en conversación; además, hay que ver los resultados de análisis técnicos".