El alcalde Rubén Cárdenas dijo que efectivamente el edil se retiró a la mitad de la reunión para asistir a una emergencia, "y la secretaria municipal que certifica la asistencia o no de algún miembro del concejo, indicó que se había retirado y corresponde descontar; pero voy a revisar todos los antecedentes frente al reclamo del concejal, que no lo ha hecho al alcalde sino que a través de los medios de comunicación".
Tras adjudicarse el concurso público para el cargo, asumió como nueva directora del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, CIP-CRC, de Sename en Puerto Montt, la psicóloga clínica y magíster en terapia familiar sistémica, Yenesi Tejos Troncoso.
La profesional, con vasta experiencia en el ámbito público y en el trabajo preventivo en materia de consumo de drogas y trabajo con infancia y adolescencia, se desempeñaba como coordinadora del programa 4 a 7 y asesora OMIL, en la Municipalidad de Puerto Varas, además de desempeñarse en el ámbito académico impartiendo la cátedra de psicología de la personalidad.
Al asumir sus nuevas funciones, Yenesi Tejos señaló que "es tranquilizador al entrar e incorporarme a este servicio, el entender que la Unidad de Justicia Juvenil está bastante normada, hay un formato, hay procedimientos, hay protocolos, siempre centrados en la reeducación y la reinserción, y en ir habilitando a estos jóvenes que efectivamente han cometido delitos, pero que vienen de una historia de vida compleja".
Para servir de mejor forma a la comunidad de Los Muermos, la Fiscalía entregó en operación las nuevas dependencias de la Oficina de Atención de Público.
El nuevo inmueble, diseñado especialmente para la función que cumple el Ministerio Público en la investigación y persecución penal de los delitos y en el apoyo y protección de víctimas y testigos, se ubica en calle José Miguel Balmaceda 220, con una superficie construida de 280 metros cuadrados, que triplica el espacio de las antiguas dependencias.
Ante representantes de la comunidad de Los Muermos, se presentaron las nuevas instalaciones consistentes en un inmueble de dos pisos, que aumenta de cuatro a siete las oficinas disponibles y que tiene tres veces más espacio para la recepción de usuarios y suma un área para el trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos y espacio para niños.
Para el fiscal regional Marcos Emilfork "la Fiscalía se debe a la comunidad. La Fiscalía cumple un rol social desde el proceso penal. Somos los persecutores del sistema, dirigimos las investigaciones penales, ejercemos la acción penal pública, damos protección a víctimas y testigos, pero todo eso dentro de un contexto social y tenemos que siempre entender que la dignidad, el trato de las personas es lo fundamental".
Jaime Aguayo, fiscal jefe de Maullín y Los Muermos, indicó que "el cambio es radical" y añadió que con el paso de los años y el aumento de las denuncias, el antiguo edificio de Los Muermos "fue quedando obsoleto. No teníamos los espacios necesarios para brindar una atención de calidad y mucho menos cautelar la privacidad que requiere una persona o menor de edad que concurre a la Fiscalía a prestar declaración".
El fiscal aseguró: "Nos sentimos contentos con el nuevo edificio" y explicó que "hay dependencias que van a ser utilizadas para declaración solamente de imputados privados de libertad que no van a tener contacto con las personas que se encuentren en la sala de espera y también hay espacios adecuados para niños que concurren por delitos de carácter sexual y que van a tener el resguardo y la atención de calidad que se merecen", manifestó el abogado.
El hecho quedó al descubierto el jueves en la tarde, siendo formalizado el joven de 16 años en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
El suceso se registró en el Liceo Carlos Ibáñez del Campo en Fresia y fue denunciado por uno de los profesores a carabineros.
El adolescente, por razones que se desconocen, se habría desmayado en el recinto educacional. Fue ese el momento que los compañeros de curso denunciaron que el menor mantenía en su mochila un revólver calibre 22 sin municiones. En el Juzgado de Garantía, tras ser formalizado, se decretó el arresto domiciliario nocturno y un análisis psicológico a cargo del Sename.
Revuelo causó en Calbuco y en el país la sanción recibida por el concejal socialista de esa comuna Oscar González, quien recibió un descuento en su dieta por dejar una sesión ordinaria del concejo (el 5 de junio) por ir a combatir un incendio.
Según González, no quedaban más de cinco minutos para el fin de la reunión cuando se declaró la alarma. Ante ello, salió del recinto municipal para cumplir con su vocación bomberil.
"He sido notificado que se me sanciona, haciéndome el descuento respectivo", sostiene el edil, quien dice que salió del municipio cuando "sonaba la sirena porque había un incendio en la comunidad. Yo soy bombero desde hace 23 años".
Añade que tomó sus cosas y salió corriendo al cuartel que está "bastante cerca de donde nosotros estábamos sesionando. No me interesa la sanción económica, pero sí hacerlo público, tomando en cuenta la falta de criterio para la aplicación de esta medida. O sea, imagínate, si me sancionan a mí, que soy autoridad pública, qué puede llegar a pasar a cualquier otro bombero o bombera que tiene otro tipo de trabajo u ocupación".
Según González, a partir de su experiencia, el llamado es a utilizar el criterio para tomar este tipo de medidas y revisar la aplicabilidad de la ley marco de bomberos "que en el caso mío no funciona".
El mismo concejal reconoció que mediante un informe solicitado a Contraloría por parte del Municipio, se determinó la legalidad del descuento, ya que el estatuto de Bomberos de Chile no contempla a las autoridades electas como "trabajadores".
El presidente de los Bomberos de la región, Alberto Vásquez, quien también es voluntario de Calbuco, le dio la razón a la Municipalidad de la Ciudad de las Aguas Azules.
Ratificó que la ley no aplica para un concejal, porque la ley está diseñada para un voluntario de la institución en el sentido que la persona puede abandonar su lugar de trabajo para concurrir a una emergencia como bombero, sin que el empleador lo despida.
"En este caso, la ley lo protege y en el caso del concejal no es su trabajo, no está contratado ni trabaja para el Estado", adujo.
Vásquez recordó que el concejal acudió a una reunión del Concejo Municipal "y para poder retirarse, el concejal debió pedir permiso al presidente, quien puede entregar o no el permiso especial. El sentido de la ley es para los bomberos que trabajan".