Marcelo Galindo Gallardo

"Contención no prisión", señalaban los carteles con que una treintena de vecinos de Calbuco llegaron a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a protestar contra la medida dispuesta por el tribunal de alzada y que dejó en internación provisoria al menor de 17 años imputado de mantener elementos para la fabricación de artefactos explosivos en su domicilio.

Los residentes de Calbuco acusaron desigualdad en el trato y discriminación al hacer la comparación de este hecho con lo ocurrido en el Colegio Patagonia en Valle Volcanes, donde un alumno de 15 años le disparó con un arma de fuego a otro compañero, dejándolo gravemente herido.

En el caso del disparo, al joven, por decisión del Juzgado de Garantía y ratificado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se determinó dejarlo en reclusión domiciliaria.

En Calbuco, el Juzgado de Garantía determinó la reclusión domiciliaria, pero el tribunal de alzada de la capital regional confirmó la internación provisoria del adolescente.

"Estamos muy preocupados por la injusticia con un niño de 17 años, que en comparación al otro niño cuya noticia ustedes mismos transmitieron de un colegio particular, tuvo una resolución diferente que le permite cumplir una medida cautelar en su casa, y este niño de Calbuco que no cometió ningún delito, que no alcanzó a hacer nada, que tiene detrás problemas de bullying y psicológicos, fue encerrado y encarcelado", manifestó Carolina Gallardo en representación de las madres y padres de Calbuco.

Para la calbucana, existe desigualdad en el trato y discriminación. "Vamos a exigir como calbucanos que se haga lo que corresponde. No tiene que haber desigualdad en nuestro país. Queremos que este niño cumpla esta medida en su casa, que sea en un lugar amigable para él", anotó.

Criterio

El concejal (independiente) de Calbuco, Juan Francisco Calbucoy, dijo que existe una disparidad de criterios, "y falta de proporcionalidad en la media cautelar que se implemento en contra de nuestro vecino".

Para el edil, es importante señalar a los ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt "y que esto se sepa en la Corte Suprema, que ellos deben aplicar un criterio jurídico y no político en la toma de sus decisiones, y aquí primo un criterio político".

Calbucoy dijo que cuando ocurre el caso en Calbuco, se estaba analizando la ley corta antiterrorismo, "y existe una serie de requerimientos del Ministerio del Interior", aseguró.

El concejal (PS) Oscar González señaló que este será un tema que se analizará en la Comisión de Educación del Concejo Municipal.

"Este tema ha tenido un tratamiento policial y judicial inapropiado, porque este caso se debe tomar desde la convivencia escolar. Este lunes en comisión especial hemos pedido revisar los protocolos de convivencia en los colegios de Calbuco", comentó.

El abogado Claudio Herrera, defensor del adolescente de 17 años, recurrió de amparo ante la Corte Suprema, después que la Corte de Apelaciones de Valdivia declarara inadmisible el recurso.

Para los próximos días, se espera un pronunciamiento de la máxima instancia judicial del país.

Ayer, fue trasladado el adolescente a la unidad de salud de corta estadía del centro cerrado de Valdivia.

Se indicó que la decisión fue concordada con la familia y el propio adolescente, a fin de mantenerlo en un lugar en donde se le puedan brindar los cuidados y atenciones propias a su estado de salud.

En Valdivia nuevamente será sometido a una evaluación médica.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Puerto Montt, detuvieron a seis personas imputadas por el delito de receptación tras mantener en su poder seis celulares de alta gama.

Las diligencias permitieron establecer que los celulares habían sido sustraídos en mayo de este año, desde un camión que se disponía a entregar las especies en un local de telefonía en el centro de Puerto Montt.

Según se clarificó, los imputados en el hecho habrían adquirido parte de los celulares mediante plataformas web a un precio muy por debajo de lo ofrecido en el mercado, o bien, mediante compras directas. El enganche para efectuar su comercialización, además de ofrecerlos a bajo costo, sería argumentar problemas económicos por parte del vendedor, para así acelerar su compra mediante dinero en efectivo. Si bien en la instancia fue robado un total de 11 celulares, detectives han recuperado hasta la fecha seis aparatos, cuyo avalúo bordea los 2 millones y medio de pesos. Las indagaciones en este caso continúan, mientras que los detenidos quedaron citados por disposición de la Fiscalía.

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt escuchó los alegatos del abogado Alejandro Laura, que representa a Rentas Inmobiliarias, y que busca se declare admisible la querella contra Manuel Ojeda, quien es el dueño de la concesión minera en el centro de Puerto Montt.

En dos oportunidades, el Juzgado de Garantía de la capital regional ha declarado inadmisible el requerimiento penal, debiendo recurrir el abogado Laura y el penalista Sergio Coronado al tribunal de alzada, incluso en caso de sufrir nuevamente la negativa, llegar hasta la Corte Suprema, de acuerdo a lo que han señalado.

Los alegatos fueron escuchados en la sala uno por la ministra Ivonne Avendaño, el ministro Jorge Pizarro y el abogado integrante Christian Lobel.

El fallo quedó en acuerdo y la posibilidad que se declare admisible o no la querella contra Manuel Ojeda, se va a conocer en el transcurso de esta semana o los primeros días de la próxima.

Hasta el momento, ni el mecánico y menos su abogado Marcelo Ruiz se han referido a esta instancia judicial, a la cual aún no se ven enfrentados.

De acuerdo al abogado Alejandro Laura, lo que motivó al dueño de la inmobilaria que representa (Claudio Fischer) a interponer la acción penal es la nula posibilidad de poder desarrollar un proyecto donde estaba emplazado el ex hotel Colina que se quemó en el 2012.

Para el profesional, no sólo ello motiva la querella, "sino que también la alteración en el mercado inmobiliario de Puerto Montt, incluso en las propiedades que no son de Claudio Fischer", adujo.

En el último fallo del juez de garantía Miguel Ángel García, señaló que "hay una potencialidad que es propia de un mercado regulado cabalmente, pero esa potencialidad de perjuicio en una realidad o actividad económica que Renta Inmobiliaria en su rol protagónico, como lo indica el querellante, tiene en la ciudad de Puerto Montt, deberá soportar. Esa situación excepcional y la potencialidad que se produzca no es propia de ser amparada en sede penal, es un campo restrictivo de intervención", adujo el magistrado decretando la inadmisibilidad.