Fueron dos los conversatorios llevados adelante en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que buscan conocer posturas e ideas respecto al plan estratégico del Poder Judicial para el período 2021 al 2025.

A la iniciativa, se sumaron autoridades regionales vinculadas al sector justicia y representantes de diversas instituciones de la sociedad civil.

La primera jornada estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Jorge Pizarro, quien agradeció a las autoridades y civiles que quisieron ser parte del proceso participativo.

"Agradezco su interés y participación en esta instancia, en este proceso colaborativo entre instituciones que mantienen una buena relación y un diálogo permanente, cuya contribución va a servir para conocer cuál es su mirada y sus propuestas, e incorporarlas en el próximo plan estratégico del Poder Judicial, de manera de fortalecer el acercamiento a la comunidad y continuar por la senda de la modernización de los procesos, a través de la incorporación de nuevas tecnología y acorde a los tiempos", destacó.

La actividad diseñada bajo la modalidad de focus group, fue moderada por el jefe de planificación estratégica del Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Carlos Rodríguez.

La directora regional del Sename, Lilian Peña, señaló que cuando las organizaciones abren esa conversación a otros actores que no son los actores internos, enriquecen estos procesos, y, además, "hacen que efectivamente las instituciones se orienten en la búsqueda de soluciones más innovadoras, que dan respuesta a las necesidades de los distintos usuarios y de los distintos actores como somos nosotros dentro de lo que es el Poder Judicial", manifestó.

En el segundo día de jornada, en el tribunal de alzada, participaron diversas organizaciones sociales de la comuna, cuyos representantes se mostraron sorprendidos con la invitación, por lo que valoraron y agradecieron ser considerados en esta instancia.

En el marco del programa "Operación Rescate" que impulsa el Ministerio de Bienes Nacionales, la PDI procedió a la detención de tres ocupantes ilegales de un predio fiscal, ubicado en Quillaipe Alto, de la comuna de Puerto Montt, quienes fueron sorprendidos en corta y hurto de bosque nativo, procediéndose a la incautación de un camión cargado con 70 varas de leña y un aserradero portátil.

En este contexto, el seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, concurrió hasta las dependencias de la PDI a prestar declaraciones en calidad de testigo.

"Se procedió a la detención de tres personas que ocupaban y explotaban de manera ilegal un predio fiscal, hoy pasó a disposición de los tribunales de justicia y han procedido a caer en decomiso los elementos que utilizaban para perpetrar estos ilícitos. De esta forma se incautó un camión, un banco aserradero y 70 varas de leña entre otras cosas. El trabajo es arduo, de pronto pareciera que no se ve el éxito en forma inmediata, pero finalmente cuando los servicios policiales cumplen con su objetivo se ven coronados todos los esfuerzos", explicó Moreno.

El predio se encuentra en Quillaipe Alto de la Comuna de Puerto Montt, tiene una superficie de 900 hectáreas aproximadamente. Los tres detenidos, en su momento, solicitaron actas de radicación a Bienes Nacionales, las que fueron denegadas, por no cumplir con los requisitos para acceder a tal beneficio.

A fines de 2017, Bienes Nacionales fiscalizó el predio, producto de denuncias realizadas por comunidades indígenas, quienes indicaron que había sido cerrado con un portón, constatando los hechos e iniciando un requerimiento ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), complementando la acción con fotografías e informes. En paralelo, Conaf hizo las denuncias por corte ilegal de madera.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local, sin perjuicio de las acciones criminales que los hechos pudieran originar.

Marcelo Galindo Gallardo

Un tercer delito que busca sancionar fuertemente al imputado de atropellar y dar muerte a una estudiante universitaria en calle Benavente, en la madrugada del 16 de julio pasado, es uno de los argumentos esgrimidos en la querella criminal que los padres hicieron efectiva ayer en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

Bernardita Zúñiga y su esposo David Cárcamo llegaron al recinto de tribunales acompañados de su hija menor y el abogado Andrés Firmani, quien señaló que la acción penal busca confirmar la formalización de cargos que realizó en su oportunidad el Ministerio Público.

Jonathan Gómez Henríquez fue detenido justo a una semana de ocurrido el fatal atropello en el centro de la ciudad, por Carabineros de la sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv).

El Juzgado de Garantía decretó su prisión preventiva, y ayer se sumó una querella en su contra.

"Queremos justicia, porque la vida de mi hija no me la van a devolver; que no salga (imputado), que quede allí por muchos años, no lo puedo decidir yo, pero que se haga justicia", argumentó Bernardita Zúñiga, mamá de Débora Fabiola Cárcamo Zúñiga, quien estaba estudiando Pedagogía en Inglés en la Universidad Santo Tomás.

"Para mí es muy doloroso saber que ella se dio cuenta que venía el vehículo, retrocedió y ellos quizás venían tan rápido borrachos y drogados que no alcanzaron a reaccionar, pero aún así la dejaron tirada, pasaron las horas y siguieron escondidos los dos. El médico no fue a colaborar voluntariamente, sino que hubo que buscarlo por las cámaras; si no, quizás en este momento no tendríamos idea de lo que pasó con mi hija", añadió la madre de la joven fallecida en un accidente.

La investigación preliminar logró acreditar que el conductor del vehículo iba acompañado por un médico.

Procedente

De acuerdo al abogado querellante, Andrés Firmani, se busca a través del requerimiento mantener la figura del manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, también con la figura de huir del lugar del accidente sin prestar auxilio.

Según el penalista, "se busca incorporar una tercera figura, que a nuestro juicio es procedente, que es la negativa injustificada o el entorpecer la toma de muestra para la alcoholemia o dilatar la misma, que contempla penas muy altas. Cuando el imputado atropella a la víctima se dio a la fuga y durante esa noche y las horas siguientes no hizo ningún acto positivo para lograr el cumplimiento de esa obligación legal, que es que una persona enfrentada a una situación de esta naturaleza, tiene que entregar las muestras para hacer la alcoholemia".

Recalcó Firmani que independientemente que la alcoholemia no se la toma y no se la hace de ninguna forma y al huir no colabora con la justicia, "la ley establece que el manejo en estado de ebriedad se compruebe por otros medios de prueba, y esos antecedentes están, y la investigación arrojará los resultados sobre ese punto", manifestó el abogado penalista de Puerto Montt.