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Dos ex funcionarios de la Fiscalía son llevados a juicio oral

PUERTO VARAS. Se solicitan penas de entre tres y cinco años, por varios delitos, entre ellos de cohecho. Causas por conducción en estado de ebriedad se hacían desaparecer.
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Marcelo Galindo Gallardo

Son dos los ex funcionarios de la Fiscalía de Puerto Varas, entre ellos un abogado ex ayudante, que fueron llevados a juicio oral por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con el ocultamiento de causas por manejo en estado de ebriedad.

Los delitos de la acusación se refieren a cohecho, obstrucción a la investigación, infidelidad en la custodia de documentos, con grave daño y alteración de bases en sistema de tratamiento de información.

Se trata de Patricio Alan Hernández Martínez y el abogado Edgardo Wladimir Arriagada González, quienes podrían enfrentar penas de entre 5 y 3 años respectivamente.

La sala 1 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) compuesta por el presidente Francisco del Campo y los jueces Jaime Rojas y Antonio Valdivieso, escucharon a los intervinientes en los alegatos de apertura, pero además a los dos acusados, quienes dieron a conocer sus versiones de los hechos.

El abogado José Miguel Devilat, defensor de Edgardo Arriagada, develó que en ese entonces había un desorden administrativo en la Fiscalía de Puerto Varas; incluso, el acusado al entregar declaración, señaló que le asignaron funciones extras, entre ellas de subrogancia de los fiscales.

De acuerdo a la acusación, por lo menos fueron 15 las causas que el abogado hizo desaparecer, en su mayoría relacionadas con manejos de vehículos en estado de ebriedad.

"Estábamos sobrecargados en la Fiscalía de Puerto Varas, se iba a trabajar los fines de semana. No las terminé (las carpetas de investigación) porque no había víctimas, había que pedir oficios y no se pidieron, no se solicitaron", dijo en su declaración.

Sobrepasado

José Miguel Devilat, abogado defensor de Edgardo Arriagada, dijo que la idea es probar la inexistencia del delito informático que se atribuye a su representado. Para el profesional, sólo habría obstrucción a la investigación. "Estamos solicitando la absolución por delitos informáticos, porque se aportaron antecedentes falsos, que significaron terminar causas de manera no ajustada a la realidad", expuso.

De acuerdo a Devilat, "en el caso de mi defendido, se vio sobrepasado por la carga de trabajo, las denominadas metas de gestión, un desorden generalizado que existía en la Fiscalía de Puerto Varas y claramente respecto de él no hay ningún elemento que tenga que ver con corrupción u obtención de beneficios, y no hay dinero de por medio; es decir, sólo se vio sobrepasado por la carga de trabajo e incorporó información no real al sistema informático del Ministerio Público, que significó la terminación de algunas causas".

Informático

El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, quien lleva la causa, dijo que la discusión se va a centrar en el tema del delito, por lo cual podrían ser condenados ambos acusados.

"Uno de ellos (imputados) realizaba solicitudes de dinero a cambio de omitir antecedentes dentro del sistema informático y que impedían la investigación y persecución penal, entre otras imputaciones, y respecto de otro ex funcionario de la misma Fiscalía, lo que realizó fue modificar el sistema informático para eliminar las diversas causas del sistema impidiendo la investigación y persecución penal", explicó el persecutor.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos, parte querellante en el juicio, fue coincidente con el fiscal Sambuceti en el sentido que en el caso del abogado no hay una acusación de cohecho, sino que es la alteración del sistema de registro de fiscales.

Para Tejos, "en general cuando aparecen estos focos de corrupción y no se están cumpliendo en forma reiterada las funciones propias de determinados funcionarios públicos, de alguna manera incide el control o no, en la supervisión o no de las funciones que está cumpliendo cada persona", manifestó el abogado del CDE.

El pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acordó, en audiencia extraordinaria -realizada el miércoles 31 de julio- abrir concurso para la formación de la terna para el cargo de fiscal regional de la Región de Los Lagos, en la vacante que se producirá a contar del próximo 29 de octubre.

La audiencia extraordinaria fue encabezada por el presidente del tribunal de alzada Jorge Pizarro, con la asistencia de los ministros Ivonne Avendaño y Jaime Vicente Meza.

La información, emanada desde la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, indica que próximamente se hará la publicación del llamado a concurso en un medio escrito de circulación nacional y otro regional por dos días consecutivos. A contar de la última publicación, los candidatos tendrán 10 días para presentar su oposición al cargo.

Posteriormente, el pleno del tribunal de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt deberá fijar audiencia pública para escuchar -en orden que será por sorteo- a los aspirantes a fiscal regional, ante los ministros y actuando como ministro de fe la secretaria (i) del tribunal.

Tras la audiencia, se procederá a la conformación de la terna por el Pleno, la que será remitida al fiscal nacional para la designación del fiscal regional de la Región de Los Lagos.

Interesados

Por lo menos, son 10 los fiscales, ex fiscales y abogados interesados en ocupar el cargo que el actual jefe regional Marcos Emilfork dejará desde la primera semana de septiembre próximo, más de un mes antes de lo previsto legalmente.

Tatiana Esquivel, fiscal Jefe de Valdivia; Rolando Melo, ex director nacional del Sename; Carmen Gloria Wittwer, ex fiscal de Puerto Varas, en la actualidad abogada asesora de la Fiscalía Regional; Enrique Canales, fiscal jefe de Castro en Chiloé; Leyla Chahín, fiscal jefe de Río Negro en la Provincia de Osorno; María Angélica de Miguel, fiscal jefe de Osorno; Leonardo de la Prida, ex fiscal y ex intendente de la Región de Los Lagos; Nain Lamas, actual jefe de la Unidad de Análisis Criminal (Sacfi) de la Fiscalía Regional; Rodrigo Tejos, ex fiscal de Puerto Montt, ex jefe jurídico de la Intendencia y actualmente abogado penal del Consejo de Defensa del Estado, y el fiscal regional de Antofagasta Alberto Ayala, ex fiscal de Los Lagos.