Niños de Quintero y Puchuncaví sufren impacto mental y vulneraciones a derechos
CONTAMINACIÓN. Estudio elaborado por la Defensoría de la Niñez y la PUCV revela que al menos 17 de los derechos de los menores de la llamada "zona de sacrificio" han sido vulnerados y alerta que ha habido una fuerte afectación psicológica.
Serios impactos psicológicos y la vulneración de al menos 17 de sus derechos sufren los niños de Quintero y Puchuncaví debido a la contaminación que afecta a dichas comunas por las actividades industriales que en ellas se desarrollan.
Así lo revela el estudio "Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví 2018", llevado a cabo por la Defensoría de la Niñez y la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El estudio, dado a conocer ayer en el plantel porteño, contempló la participación de 50 menores afectados por la contaminación y que fueron atendidos en la red asistencial.
Autoridades
El informe establece que la cotidianeidad de los menores ha sido perjudicada por los diversos cambios que han tenido que efectuar por el permanente miedo que quedó tras la crisis medioambiental vivida en agosto del año pasado.
"No existen garantías mínimas de derechos, al no poder resguardar espacios de esparcimiento. Se pierde la playa como un lugar de disfrute y los lugares de naturaleza se tornan ámbitos que se extinguirán y donde no pueden disfrutar sin temer por su salud", indica la investigación.
También concluye que, en materia ambiental, "el derecho a ser escuchados" de los niños y adolescentes "no ha sido considerado de modo específico". Y añade que "el Estado ha generado condiciones de inequidad ambiental" para los menores que habitan en la bahía de Quintero y Puchuncaví.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó que la principal conclusión del estudio es "que el Estado responda en su rol de garante de derecho, cuestión que no ha hecho (...) Hablamos del Ministerio del Medio Ambiente, del de Educación, acciones concretas (...) Esperamos que existan medidas que mejoren las condiciones de salud y de vida de los niños y niñas de ese lugar".
Expuso que la Defensoría solicitó información sobre las condiciones que experimentan los menores de Quintero y Puchuncaví, y las medidas que se están tomando.
Recordó, asimismo, que "la Corte Suprema instruyó (en mayo pasado) determinar cuáles son los agentes contaminantes y las enfermedades asociadas (...) Hay que realizar exámenes para determinar si los niños tienen en sus cuerpos metales pesados".
La diputada Carolina Marzán (PPD) sostuvo que cuando se pidió a las autoridades locales hacer estudios médicos, "la respuesta fue que no era pertinente. Me parece que si bien la autoridad local no es la que toma decisiones, justamente son ellos los que representan a las personas en demandas de derechos; ellos deberían estar presionando para que sus derechos no sean vulnerados".
El informe resalta que las dos comunas afectadas se ubican en una región del país (Valparaíso) donde "la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes es la tercera más grave a nivel país (26,2%), concentrada entre los 6 y los 13 años".
Autoridades atribuyen la contaminación a las faenas industriales que realizan en la zona Enap, Enel, Copec, Epoxa, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco, Cementos Bío Bío, Puerto Ventanas, Aes Gener y Asfaltos Chilenos.
Hace unos días, más de 800 personas se querellaron contra ejecutivos de Enap.
Recomendaciones
El estudio recomienda que "los organismos públicos con competencia ambiental" deben actuar para dar cumplimiento a las 14 medidas que exigió la Corte Suprema, en descontaminación, salud, gestión de emergencias y planificación territorial.
También sugiere que "se fortalezca la institucionalidad medioambiental".
Otra recomendación es "que el Estado de Chile implemente una normativa y política pública específica para zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví, bajo un enfoque de justicia ambiental".
El Estado, además, debe "intensificar el respeto" de los DD.HH. de los menores.
2011 un episodio de emanación de nube tóxica implicó la intoxicación de los niños de la Escuela La Greda.
2018 en agosto estalló la crisis ambiental. Más de 1.300 personas requirieron atención en la red de salud.
2019 la Corte Suprema acogió recursos y obligó al Estado y a las empresas a implementar medidas.