La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, llamó al Senado a revertir la presidencia del senador Alejandro Navarro en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

Ello, luego de las declaraciones del legislador en el último Foro de Sao Paulo, en Venezuela, donde defendió el régimen de Nicolás Maduro y calificó a la Constitución chilena como "mal oliente".

Consultada al respecto, la secretaria de Estado comentó: "Sin duda es una vergüenza, el senador Navarro no conoce el valor fundamental de la democracia. Más aún, hacemos un llamado para que el Senado pueda revertir la presidencia del senador Navarro a cargo de la comisión de Derechos Humanos". Según expuso, que ocupe dicho puesto "es un desprestigio para el Senado, para el Congreso y también para nuestro país".

"No se entiende que el defensor del dictador Maduro lleve adelante una voz que solamente ampara la violación a los derechos humanos que hoy está viviendo el pueblo de Venezuela" a manos del gobernante chavista, agregó.

En el marco del XXV Foro de Sao Paulo, el senador de País Progresista sostuvo que la Constitución venezolana es "la mejor Constitución de América Latina y una de las mejores constituciones del mundo".

"Ya quisiera para Chile una Asamblea Constituyente y la Constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una Constitución mal oliente, caduca, que tenemos que cambiar, labrada a sangre y fuego en dictadura y aún los chilenos no hemos podido acabar de cambiarla", añadió.

La senadora y líder de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que Navarro "está con una crisis existencial, porque por un lado dice que respalda el informe de Bachelet, pero al mismo tiempo que está de acuerdo con el régimen de Maduro (…) Me parece que en estos temas uno tiene que tomar una sola decisión y defender la violación a los derechos humanos siempre, él está en una situación compleja, porque no se define".

"espuria y caduca"

Navarro respondió a Pérez y dijo que está "disponible para ser destituido, si esa es la sanción para quien dice la verdad".

En Twitter, escribió que en 2015 lo "sacaron" de la vicepresidencia del Senado "por denunciar corrupción Ley de Pesca" y recalcó que "hoy lo pretenden en la presidencia de la comisión de DD.HH. por denunciar que nuestra Constitución es espuria y caduca".

Un grupo anarquista se adjudicó el envío de dos artefactos explosivos que fueron dirigidos, el jueves pasado, hacia el exministro Rodrigo Hinzpeter y el mayor de Carabineros Manuel Guzmán, de la 54 Comisaría de Huechuraba.

Si bien el paquete destinado al hoy gerente legal de Quiñenco fue interceptado y no provocó una explosión, el recibido en el recinto policial provocó una detonación que dejó a ocho carabineros heridos.

Destinatarios

La información sobre la adjudicación fue dada a conocer a través de Contra Info, agrupación que dice estar integrada por anarquistas, antiautoritarios y libertarios activos.

La publicación parte diciendo: "Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al Mayor de Carabineros Manuel Guzmán, de la 54 Comisaría de Huechuraba".

Según el grupo autodenominado "Cómplices Sediciosos / Fracción por la Venganza", tomaron "todas las medidas de seguridad necesarias para que los artefactos estallaran únicamente en las manos de las personas objetivos de nuestra acción", pues no les interesa, según escribieron, "dañar o herir a cualquier persona".

Los destinatarios de los explosivos "cuentan con un papel determinante tanto en la gestión y acumulación del capital como en el control y la represión estatal", añadieron.

"Son ellos los que toman decisiones fundamentales en el fortalecimiento de la opresión. De eso no hay duda, y es por esas opciones que los atacamos en sus lugares de operación", planteó el grupo.

A Hinzpeter, quien fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, lo apuntan como el "encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera". Lo responsabilizan, entre otros hechos, por la muerte de 81 reos de la cárcel de San Miguel.

Sobre el mayor de Carabineros Manuel Guzmán, acusaron que la comisaría que dirige estuvo encargada "de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia López durante los enfrentamientos callejeros de septiembre".

Criticaron a Carabineros por ocupar "militarmente" espacios como los liceos y que también lo intentan en poblaciones. "La sociedad policiaca y carcelaria es una realidad. Cualquier acción en su contra es completamente válida", argumentaron, y calificaron sus ataques como "un claro acto de venganza y guerra", y llamaron a "ir por más".

Ministerio público

La Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo de indagar los hechos, expuso que la publicación del grupo anarquista es un antecedente de la investigación, pero aclaró que no se cierra en esta hipótesis.

Por el estallido en la comisaría, que dejó ocho carabineros heridos y daños materiales, el Gobierno se querelló invocando la Ley Antiterrorista, a la cual presentó indicaciones que están a la espera de ser votadas en el Senado.

Los sucesos de la semana pasada han provocado fuertes críticas a la labor de inteligencia del Estado.

8 carabineros heridos fue el resultado de la detonación de un paquete bomba en una comisaría.

500 gramos de dinamita industrial contenía el artefacto explosivo dirigido a Rodrigo Hinzpeter.

4 días pasaron para que un grupo se adjudicara el envío de ambos artefactos explosivos.