Marcelo Galindo Gallardo
Justo 15 días cumplió ayer la querella presentada por el empresario de Puerto Montt, Claudio Fischer, contra Manuel Ojeda, dueño de la concesión minera llamada "las de Manuel 1 al 12" emplazada en pleno zona céntrica de Puerto Montt.
La acción penal fue presentada por los abogado Sergio Coronado y Alejandro Laura el 11 de julio. El día siguiente (12 julio) fue visto por el magistrado del Juzgado de Garantía, Miguel Ángel García quien la declaro inadmisible.
Tras ello Coronado y Labra presentaron un recurso de reposición determinando el tribunal la realización de una audiencia para analizar la admisibilidad de la querella.
La audiencia se realizó ayer en la sala cuatro del Juzgado de Garantía, y después de leer la acción penal y escuchar a los intervinientes (por la Defensoría Penal Pública alegó el abogado Pablo Sanhueza) la jueza Mónica Sierpe dijo que no podía resolver el requerimiento y que no se iba a pronunciar al respecto ni por la admisibilidad o inadmisibilidad.
"Esto lo tiene que haber resuelto el propio juez que decreto la inadmisibilidad. Él tiene que defender su posición y existen los recursos legales", expresó.
Tras ello se determinó la realización de otra audiencia para la próxima semana que estará encabezada por el juez Miguel Ángel García.
"No es algo habitual lo que está pasando en este caso, lo que corresponde es que se resuelva sin necesidad de audiencia lo relativo a la admisión de una querella y el tribunal ha entendido que por un tema de tener un carácter complejo valía la pena hacerlo y lo que esperábamos es que hoy (ayer) tuviéramos una resolución, pero la magistrado ha preferido no pronunciarse. Respetamos esa decisión, pero no la compartimos y esperamos que el tribunal pueda revertir su determinación por los argumentos que expusimos y que creemos que son contundentes y que le permitan a la Fiscalía investigar, y de acuerdo a ello generar su respectivo convencimiento", comentó el abogado Sergio Coronado.
Querella
La acción penal busca que se investigue el delito de alteración fraudulenta de precios del artículo 285 del Código Penal y estafa del artículo 468 del mismo código.
El documento ingresado al Juzgado de Garantía señala que el querellado, con fines totalmente ajenos a los de una concesión minera (de exploración o explotación), solicitó con fecha 22 de diciembre de 2016 pertenencias mineras.
"Se trata de pertenencias mineras ubicadas sobre áreas urbanas de Puerto Montt, en pleno centro y borde costero de la ciudad. En dicha área se encuentran los terrenos de la gobernación de Llanquihue, la catedral, la Corte de Apelaciones y la propia Plaza de Armas, entre otros puntos clave", señala el escrito.
De acuerdo a la acción, la pertenencia minera se obtuvo fraudulentamente, y se engañó al juez respecto del propósito de la concesión de explotación minera.
"Como lo ha señalado la propia autoridad regional no es el de realizar actividad minera alguna, si no que, por la vía de tener acceso al subsuelo, alterar fraudulentamente el valor de los inmuebles ubicados en la ciudad de Puerto Montt, todo ello con inconfesables fines especulativos. No hay ninguna otra finalidad en la petición, y obtención de la pertenencia minera, pues no hay interés -ni posibilidad lucrativa- de realizar actividad minera cualquiera".
Explotar
"Prueba de la inviabilidad de desarrollar proyectos mineros de explotación -indica el requerimiento- es que la zona en que se pidió la concesión de pertenencias mineras está muy construida, lo que, por las indemnizaciones previstas en el artículo 122 del Código de Minería, unido a los permisos necesarios, encarece hasta hacerla inviable cualquier actividad minera, a lo que se une que el subsuelo de la ciudad de Puerto Montt no es rico en minerales, al punto que el querellado ni siquiera ha señalado qué minerales querría explotar, porque lo cierto es que no los hay, menos aún en cantidad y calidad para hacer una actividad minera mínimamente rentable".
La querella también hace mención al hecho que el querellado no ha presentado ningún permiso para realizar una faena minera.
"Y es que es tan burdo el fraude cometido que, por la cantidad de permisos que se requerirían (estudios de impacto ambiental, autorización del gobernador provincial y de demás organismos) es inviable el desarrollo de una explotación minera en el centro de Puerto Montt, ni más ni menos que, en la plaza de armas de la ciudad, lo que confirma que las peticiones de pertenencias mineras, y la correspondiente interposición de querellas posesorias, tienen designios meramente especulativos de carácter inmobiliario", agrega la acción judicial.
Otro aspecto que devela la querella es la que busca conocer quién estaría detrás de la petición de la concesión y al no haber solicitado los permisos para realizar faenas mineras, que son múltiples en una ciudad, "todo lo cual es demostrativo que se trata de una pertenencia minera de papel, destinada a espurios fines especulativos".
En el documento se indica que el empresario Claudio Fischer, propietario de la Sociedad Rentas Inmobiliarias, está interesado que el mercado de compra y venta de inmuebles funcione de manera transparente, "sin alteraciones ilícitas". "Los hechos que motivan esta querella la han afectado directamente, pues los inmuebles de su propiedad que se encuentran ubicados en la zona bajo el cual el querellado obtuvo pertenencias mineras, han visto alterado fraudulentamente su precio natural, al disminuir su valor comercial".
El abogado del mecánico Manuel Ojeda, Marcelo Ruiz, dijo que no tienen antecedentes de la querella contra su cliente.