Marcelo Galindo Gallardo

La renuncia anticipada al cargo de fiscal regional del abogado Marcos Emilfork, provocó una serie de reacciones y dudas del por qué de esta medida, en circunstancias que el período oficialmente se termina el 28 de octubre de este año.

El período de postulación al concurso público comenzó ahora en julio, tres meses antes que el fiscal regional termine su gestión.

No está claro cuál es el motivo de fondo que tuvo Emilfork para tal determinación. A través de una carta entregó algunos detalles y nuevamente dejo en evidencia las diferencias que tiene en la dirección del Ministerio Público con el fiscal nacional, Jorge Abbot.

El senador (UDI) Iván Moreira lamentó la determinación de Marcos Emilfork, porque fue el persecutor quien lideró las investigaciones en el marco del caso Sename (ver pág. 10).

Para Moreira, la indagatoria permitió mostrar la serie de negligencias y omisiones con las que se operaba en el servicio a cargo del cuidado de niños y adolescentes.

"Esta es una demostración más del estado calamitoso en que está el Ministerio Público, donde no hay liderazgo, donde hoy, algunos fiscales están sentados en el banquillo de los acusados y los buenos fiscales, como el fiscal Emilfork, como el fiscal Guzmán y otros, se van de la institución, decepcionados desde que asumió el señor Abbott. Las cosas andan pésimas en la institución, no hay liderazgo, no hay equipo, hay una serie de antagonismos y el señor Abbott se sigue aferrando al poder, en vez de tener una actitud de generosidad y dar un paso al costado".

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El diputado (RN) Alejandro Santana, también lamentó la salida de Emilfork, y señaló que esta medida no le hace bien al Ministerio Público.

Santana relató que el Presidente Sebastián Piñera ingresará un proyecto de ley, que se enmarca en el proceso de modernización de distintos servicios u órganos del Estado.

"Sabemos bien que las instituciones de nuestro país han sido afectadas en el último tiempo y que existe un problema de imagen ante la ciudadanía y en ese sentido es fundamental que los actores que son parte de ellas procuren no generar controversias y ser cuidadosos con las señales", adujo.

Ofertas

El abogado Andrés Firmani dijo que es una renuncia sorpresiva sin que advierta algo irregular, aunque se podría tratar de situaciones ajenas al cargo. "No me parece que las disensiones con el fiscal nacional y otras aristas incómodas (como la investigación de la que fue objeto y hace poco sobreseído) tengan que ver, ya que por algo se mantuvo hasta este momento en el cargo, pudiendo renunciar antes y no lo hizo".

Según Firmani, las motivaciones para tomar una decisión así son tan personales que no se puede elucubrar más allá, "quién sabe si detrás de ello hay un futuro nombramiento en otras esferas o incluso ofertas a cargos públicos o privados, sabido es que ese cargo es altamente cotizado por quienes desean posteriormente postularse a cargos de elección popular", adujo.

El abogado Juan Cristóbal Grünwald señaló que atendido que en otros casos a ocurrido que los fiscales regionales u otros funcionarios han estado postulando a otros cargos en el ejercicio de sus funciones, "lo que no siempre parece ser lo más adecuado, en este caso pareciera que es adecuado que en el evento que están postulando a otros cargos de ejercicio público es razonable que renuncie antes de terminar su período a fin de evitar posibles conflictos de interés".

Eso sí aclara Grünwald que "es una opinión desde la especulación, porque no sabemos en qué está ahora el fiscal Marcos Emilfork".

Funcionamiento

El abogado Nofal Abud manifestó que la renuncia anticipada a un cargo con fecha de vencimiento es siempre una posibilidad "y suele suceder cuando existe otra oferta de trabajo comprometida u otra postulación en mente".

De acuerdo a Abud, "se espera que en este caso no afecte el funcionamiento del Ministerio Público en la región ni las relevantes investigaciones a cargo del ahora ex fiscal Emilfork como el caso Sename", acotó.

En la carta enviada por Emilfork a Jorge Abbott indica que es indispensable dar este paso para comenzar a buscar nuevos horizontes laborales, "sin comprometer en modo alguno la función de la Fiscalía, ni que ella se vea expuesta a cuestionamientos como ha sucedido en casos anteriores. Las diferencias que hemos mantenido y mantenemos sobre la visión institucional de la Fiscalía de Chile, su autonomía, gestión y el rol del fiscal, todo lo cual he manifestado en las instancias institucionales pertinentes con franqueza, respeto y siempre constructivamente", señala el documento.

Tras finalizar la preparación de juicio oral, la acusación del Ministerio Público quedó lista para la etapa final del proceso, contra un abogado de Puerto Montt quien está en calidad de imputado por lo menos por siete delitos.

Los antecedentes de la acusación indican que son seis las víctimas que denunciaron en la fiscalía al abogado, Héctor Rosales Rivera, quien es defendido por el abogado privado Jaime González Caro.

El Llanquihue intentó conocer la versión del abogado defensor remitiendo un correo electrónico, pero al cierre de esta crónica no obtuvimos respuestas a las consultas.

La acusación del Ministerio Público señala que en un período de tiempo comprendido entre los años 2014 y 2016 en Puerto Montt, "el imputado Héctor Rosales Rivera, en el ejercicio de su profesión de abogado, asumió la tramitación de diversas gestiones de diferentes clientes, entre ellas algunas gestiones judiciales", señala parte del documento.

Agrega la acusación que "en ese contexto en el cual recepcionó dinero de parte de estos (clientes) y cobró dineros en su nombre, no obstante lo cual sin desarrollar algunas de las gestiones para las que fue contratado, distrajo dinero de sus clientes a su patrimonio, y siendo requerido del pago de estos, no los devolvió, apropiándose de las sumas de dinero en perjuicio de sus clientes".

Los hechos para la Fiscalía, son constitutivos de cuatro delitos de apropiación indebida, un delito de estafa y dos delitos de prevaricación de abogado, "todos estos atribuidos en calidad de autor material y en grado de desarrollo consumado", señala la acusación.

El Ministerio Público está solicitando una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

De acuerdo al fiscal Marcelo Maldonado, quien lleva la causa, la Fiscalía ha agotado todas las diligencias en relación a estos casos "y en algunos de ellos no se pudo determinar la existencia de algún tipo de acuerdo que se haya sido plenamente cumplido y de esa forma es que llevamos todos los casos a juicio oral y allí se determine la responsabilidad y se imponga la sanción que nosotros como Fiscalía vamos solicitando", manifestó el persecutor penal.