Las autoridades reconocieron que ya se ha perseguido penalmente a quienes han provocado daños en el edificio de la Gobernación, rayando sus paredes, pero ratificaron que ello se va a seguir haciendo para terminar con esta práctica que perjudica las propiedades, no sólo públicas, sino que también particulares.

De acuerdo al seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, la campaña lanzada recientemente por el Ministro Felipe Ward, "consiste en hacer el llamado a crear conciencia a toda la comunidad que la conducta que parece natural de hacer rayados, es una infracción que ensucia nuestro patrimonio", adujo.

La autoridad manifestó que en el Congreso se han presentado proyectos de Ley sobre esta materia, con la finalidad que las personas tomen conciencia del cuidado con su ciudad y el patrimonio; incluso, el último proyecto aumenta las sanciones de 20 a 60 UTM a quienes dañen los edificios y faculta a los jueces a dictaminar la realización de trabajos comunitarios, en el caso de las personas que no puedan solventar el pago de estas multas.

Respecto a la campaña, Moreno informó que se habilitó en la página el sitio web del ministerio www.bienesnacionales.cl., el banner cero rayados para que la comunidad haga la denuncia y de este modo poder identificar los lugares más afectados por estos actos.

La gobernadora Leticia Oyarce dijo que la iniciativa busca que las personas denuncien cuando sean testigo de graffitis o rayados que afecten las fachadas de casas, edificios y en el patrimonio de la ciudad.

La autoridad provincial indicó que uno de los grandes desafíos es conservar y cuidar los edificios patrimoniales públicos e inmuebles particulares. "Queremos hacer un llamado a la ciudadanía a promover la campaña cero rayados, no sólo en los edificios públicos, donde está la inversión de todos los chilenos, sino también de todo tipo de inmueble, a denunciar aquellos actos que afean nuestra ciudad. Tenemos que pensar en el desarrollo turístico que queremos para nuestra capital regional", recalcó.

A la fecha, se ha detenido a dos personas por realizar rayados y se ha logrado a una de ellas una condena de prohibición de acercamiento por un año al edificio patrimonial de la Gobernación.

El hecho se registró el 2 de julio de 2017 en la costanera de Calbuco, donde fue empujado Jorge González por un carabinero de la Cuarta Comisaría, quien realizaba un control de identidad.

Jorge González se encontraba sobre una plataforma de concreto aledaña a la playa, y de acuerdo a la investigación, el carabinero Fabián Cortés empleó sin causa justificada, en contra del fiscalizado y víctima, violencias innecesarias, golpeándolo en uno de sus hombros, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas desde una altura de dos metros, golpeándose la cabeza en una rampa de concreto.

El 8 de julio, tras estar internado casi una semana en el Hospital Puerto Montt, falleció González.

El funcionario policial fue llevado a juicio oral por el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado.

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt, el carabinero fue encontrado culpable y fue sentenciado a una pena de cinco años y un día de reclusión efectiva.

La defensa de Cortes recurrió de nulidad en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tribunal de alzada que rechazó el argumento y confirmó la sentencia del acusado.

El fiscal Maldonado valoró el falló, "porque reconoce el trabajo investigativo realizado".

De acuerdo al persecutor, se establecen dos puntos importantes. "Primero que sí hubo una intervención directa de Carabineros en los hechos, y lo segundo que la violencia ejercida en contra del señor González no era justificada", afirmó el fiscal jefe.

En el juicio oral fue absuelto de los cargos el suboficial a cargo del procedimiento, quien fue acusado por obstrucción a la investigación.

Hasta el momento, no está claro dónde el funcionario de carabineros deberá cumplir la condena dictaminada por el TOP y ratificada por al Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Marcelo Galindo Gallardo

Entre 1977 y 1982, mientras el sacerdote jesuita Jaime Guzmán Astaburuaga se desempeñó como rector del colegio San Francisco Javier de Puerto Montt habrían ocurrido hechos que hoy se denuncian como abusos sexuales.

Uno de los estudiantes de ese entonces fue quien sindicó al cura, en la Fiscalía Metropolitana Sur en Santiago, junto a otras 10 personas y dos testigos por dicho delito.

Los hechos se comenzaron a conocer a principios del año pasado, pero recién esta semana se hizo efectiva la denuncia penal.

El colegio San Francisco Javier hasta el momento no se ha pronunciado respecto a este caso ocurrido hace casi cuatro décadas. Antes las consultas de El Llanquihue, indicaron que se remitirá un comunicado.

En plena indagatoria durante marzo del año pasado, el colegio San Javier publicó en redes sociales y en su página web que el abogado Waldo Bown estaba llevando adelante una investigación canónica. En la publicación se llamaba a quienes quieran entregar información o testimonios respecto a este caso.

En octubre del año pasado, los jesuitas abrieron un proceso administrativo penal contra el sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga.

El proceso se llevó adelante a solicitud de la Congregación para la Doctrina de la Fe, producto de la investigación realizada por el sacerdote Cristián del Campo, debido a las denuncias de abuso sexuales a menores.

El padre Guzmán cumple una sanción canónica por abuso de menores desde el 2012 y tiene prohibido ejercer el ministerio sacerdotal y el contacto con los niños.

Encubrimiento

Daniel Palacios (44 años) es uno de los 11 afectados que denunciaron en el Ministerio Público.

Palacios confirmó que una de las víctimas estudió en el Colegio San Francisco Javier en Puerto Montt y que los hechos ocurrieron entre fines de la década del '70 y principio de los '80. "Siendo rector habría cometido el ilícito por el cual fue denunciado. Este sacerdote es el mismo que fue denunciado en el colegio de El Bosque, y a ello se suma también lo que se refiere al encubrimiento, y producto de todo esto podrían surgir más denuncias, porque sabemos de más víctimas, pero todos no denunciaron en forma oficial. Muchos fueron fotografiados y abusados", dijo.

De acuerdo a Palacios, los casos en contra del sacerdote Guzmán serían más de los que se denunciaron en la Fiscalía.

"Tenemos antecedentes y situaciones de abusos desde el inicio, incluso desde que fue ordenado sacerdote en la década del '70", añadió.