La semana recientemente pasada, nos conmocionó como región el caso de un adolescente de 16 años que fue detenido 2 días seguidos por robos a hogares y continuaba en libertad. Y que pese a contar ya con amplios antecedentes, el tribunal no consideró necesaria la internación.
El hecho generó polémica, al punto de que el propio fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, criticó la resolución y anunció la presentación de un recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de la capital regional.
Según sostuvo el persecutor, la Corte ha resuelto de manera idéntica en cada ocasión en que se ha presentado la apelación verbal referente a la negativa de una internación provisoria.
Ello a su juicio genera una sensación de impunidad, ya que actualmente existen herramientas legales que impiden que alguien en una situación similar de reincidencia siga gozando de libertad, ya que a todas luces representa un peligro para la sociedad; opinión a la que adscribo.
Hechos como estos son una muestra clara de las razones por las cuales la comunidad sigue perdiendo la confianza en el sistema penal día tras día.
Este tipo de casos además nos obliga a cuestionarnos en profundidad y a sensibilizarnos, porque no podemos abstraernos de que aquí estamos hablando de un menor de edad que seguramente creció en un entorno vulnerable y con carencias evidentes en su grupo familiar, lo que de todas formas, no justifica sus actos delictuales.
Nos corresponde como Estado, a través de los organismos pertinentes, generar las herramientas y una red de protección eficiente, para lo cual debemos agotar todos los esfuerzos necesarios, en el intento de reinsertar socialmente a este y tantos otros adolescentes considerando el abandono y la vulnerabilidad de su entorno.
Pero junto a ello, también exigimos justicia para las víctimas y mayor seguridad que podamos volver a caminar sin miedo por nuestras calles y descansar tranquilos junto a nuestras familias.
Alejandro Santana Tirachini.