Marcelo Galindo Gallardo
Condenatorio fue el veredicto para Jonathan Andrés Araya Araya (32 años) quien está acusado de violar a una escolar de sólo 15 años y de abusar sexualmente y asaltar a una joven universitaria, en dos hechos ocurridos en menos de 24 horas, en marzo del año pasado.
De esta forma, la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, compuesta por los jueces Andrés Villagra (presidente) Antonio Valdivieso y Jaime Rojas, encontraron culpable a Jonathan Araya de los tres delitos imputados por el Ministerio Público, respecto de la violación de una menor mayor de 14 años, y el robo con intimidación y abuso sexual cometido contra una joven de 21 años.
Este delito ocurrió el siete de marzo de 2018, en horas de la noche, mientras el acusado guiaba un taxi colectivo de la línea 57, del recorrido Mirasol; el segundo hecho fue perpetrado el 8 de marzo, también guiando el vehículo del transporte público de pasajeros.
Tras la violación de la menor en el segundo caso, el OS 9 y el Labocar de Carabineros encontraron un paño en la guantera del auto, del que levantaron restos biológicos que fueron comparativos de ADN.
Los querellantes son el abogado Sergio Coronado, en representación de la menor; y Marcelo Urra, quien representa a la estudiante universitaria, el que además actúa como abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
La fiscal que llevó la investigación es Ingrid González, quien explicó que por la violación se están pidiendo diez años, seis por el robo con intimidación y cuatro años por el abuso sexual.
La sentencia podría conocerse durante esta semana.
Proyecto
El diputado (PS) Fidel Espinoza conoció el caso de la menor estudiante de 14 años, y analizó junto a la madre y familiares la posibilidad de presentar un proyecto de ley que permita contar con mayores exigencias al conducir un vehículo de la locomoción colectiva.
De acuerdo a Espinoza, la iniciativa establece un nuevo "cortafuegos", mediante el establecimiento de una inhabilidad expresa en la ley, para que quienes posean antecedentes de acoso, abuso o agresión sexual, o derechamente violación u otra forma de ultraje a la dignidad de niños y mujeres, no puedan acceder a la obtención de una licencia profesional, buscando limitar sus posibilidades de acción delictual encubriéndose en una actividad económica legítima, como el transporte de pasajeros.
"Lamentablemente, lo que para miles de trabajadores en el país constituye una importante herramienta de sustento familiar, es para algunos pocos una oportunidad para encubrir actividades delictuales", sostuvo el diputado.
La menor, que ahora tiene 16 años entregó declaración a puertas cerradas durante el juicio oral. La joven también hizo lo suyo y reconoció, frente a los magistrados, a quien sería el presunto autor del abuso sexual contra ella y el robo con violencia que le afectó.
Para el abogado querellante Sergio Coronado, la actuación de ambas personas en el proceso judicial, "es valiente, especialmente en la escolar, porque se armó de un tremendo valor", resaltó.
