Este año, el diputado (PS) Fidel Espinoza presentó un proyecto de ley que busca prohibir que personas que hayan sido condenadas por delitos de connotación sexual, se dediquen a conducir vehículos del transporte público. La moción surgió luego de recibir en su oficina parlamentaria a la madre de una joven violentada en Puerto Montt. "Los casos han ido en aumento y nosotros queremos frenar esto", precisó el parlamentario por la zona.
Son tres delitos por los cuales fue acusado Jonathan Araya (32 años), imputado por la violación de una escolar de 15 años, un abuso sexual y robo con intimidación, cometido contra una estudiante universitaria de 21 años.
Los hechos ocurrieron en menos de 24 horas, en marzo del año pasado en el sector de Mirasol, cuando Araya se desempeñaba como chofer de taxi colectivo y que realizaba ese recorrido en la capital regional.
La investigación llevada adelante por la sección del OS9 y de los peritajes del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, permitieron establecer que el imputado está involucrado en los tres ilícitos, incluso con prueba científica, que dice relación con muestras de ADN.
En el caso, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) presentó querella en favor de la estudiante universitaria y por la menor, presentó similar acción un abogado particular.
El querellante del Sernameg está solicitando una pena de 5 años por el delito de abuso sexual y robo con intimidación, y el querellante de la escolar pidió una pena de 15 años por violación.
La fiscalía planteó en su acusación una pena de 10 años por la violación, seis por el robo con intimidación y cuatro por el abuso sexual, en total 20 años de la cárcel.
Uno de los familiares de la víctima de 15 años, quien pidió reserva de su identidad para no vulnerar los derechos de la menor, dijo que toda la familia está afectada desde el día en que ocurrieron los hechos.
Destacó el apoyo encontrado en el abogado Sergio Coronado, quien ha entregado acompañamiento y asesoría desde el comienzo.
Explicaron que carabineros del OS9 encontraron un paño en la guantera con restos biológicos, los que fueron utilizados para el levantamiento de ADN comparativo.
El familiar de la escolar dijo que la joven universitaria fue amenazada con un cuchillo y que el imputado se quedó con su cartera y su celular.
Destacó una idea que como familia plantearon al diputado Fidel Espinoza (PS) y que el legislador convirtió en un proyecto de ley.
"Nos hemos reunido con el diputado Espinoza, para que presente un proyecto que permita reglamentar la labor de los choferes de la movilización colectiva. Nosotros hablamos con la seremi de Gobierno, e incluso con el de Transportes, pero no hicieron nada. Lo que nosotros buscamos como familia es que se hiciera un registro de los choferes que guían vehículos del transporte público de pasajeros, porque ese registro no existe", manifestó.
La fiscal Ingrid González lleva adelante la investigación, que calificó como larga y que comenzó producto de los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo de 2018.
La persecutora destacó que es una indagatoria minuciosa, con varios testigos y pericias, incluso una bioquímica y de ADN. "Toda la prueba da cuenta que el imputado participó en los tres delitos como autor", aseveró.
De acuerdo a Ingrid González, es bastante prueba, toda contundente y entre ellas con medios científicos.
Para la fiscal, el acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, "porque él -quien se mantiene en prisión preventiva- se dedicaba a manejar un taxi colectivo. En esa dinámica de tomar pasajeros comete estos dos delitos. Se aprovechaba cuando se bajaban los pasajeros, se sale del recorrido, y en ese contexto bajo intimidación comete los delitos", aseguró.
La abogada insistió que la peligrosidad es alta, "porque es una conducta que adopta cuando la víctima no está preparada para enfrentar una situación de riesgo, porque es algo cotidiano subirse a un taxi colectivo y llegar a la casa. Eso da cuenta de la peligrosidad del sujeto", aseveró.
La audiencia está programada para mañana jueves, a las 08.30 horas, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt. Se considera la declaración de 23 testigos y dos peritos.