Justicia para adolescentes y sistema carcelario bajo la lupa de expertos
ABOGADOS. Defensor nacional y ONG Leasur analizan la contingencia local, respecto a la caída de 47 % de causas con imputados menores de edad -en últimos 10 años- y los últimos hechos de violencia ocurridos al interior del penal Alto Bonito, donde un interno murió en una riña.
Las cifras reveladas por la Defensoría Penal Pública a nivel regional, en el contexto de su reciente cuenta pública, siguen dando que hablar, en particular por lo que sucede con los menores de edad y su evidente disminución, en cuanto a niños y adolescentes que son ingresados al sistema penal por cometer delitos.
Al respecto, el defensor nacional, Andrés Mahnke, destacó la baja de 47 % en procesos penales contra menores de edad, fenómeno que se evidencia en los últimos 10 años en la Región de Los Lagos.
Las cifras de la Defensoría Penal Pública en el nivel regional indican que durante 2018 se atendieron a 956 adolescentes imputados, versus las mil 810 causas de 2009.
De acuerdo a Mahnke, se trata de cifras oficiales del sistema, porque lo registra el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería y Sename.
"Estas cifras oficiales no se utilizan para seguir con las políticas públicas eficaces, en pos de llevar adelante la incorporación de programas que se hagan cargo de las causas donde hay menos menores de edad que están cometiendo ilícitos", manifestó.
El defensor nacional, de visita en Puerto Montt, dijo que se está realizando un estudio con Unicef, para poder saber cuáles son los elementos que determinan esa disminución que daría cuenta de un buen funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, "pero también nos habla de un grupo reducido, de entre tres mil a cuatro mil menores en el país, donde los programas de readaptación, reinserción y rehabilitación no les llega y por lo tanto generan una alarma pública en el ingreso de niños y niñas al sistema y privaciones de libertad".
Dignidad
Para el abogado, los estándares de reincidencia siguen aumentando, y se observa desde el punto de vista de la orientación hacia los procedimientos policiales, que se intenta incorporar en un proyecto de ley un control preventivo de identidad a los menores, entre 14 y 18 años, que en nuestro país -de acuerdo a datos del INE- son 970 mil personas.
Según el defensor, con ello se pretende "buscar a menores con orden de detención, pero en el sistema de justicia se encuentran pendientes dos mil 400, es decir, para buscar el 0,2 % haremos controles preventivos de identidad, afectando la dignidad y los derechos del interés superior del niño, del 99,8 % de los adolescentes en nuestro país".
-¿Y qué pasa con la internación provisoria de menores en centros cerrados?
-La disminución desde el sistema de justicia penal es por todos los delitos. Pero la privación de libertad durante la investigación, para los adolescentes que han estado en estas condiciones, se mantienen por los casos de alta connotación social.
-No todas las entidades cuentan con unidades especializadas de menores. ¿Qué opinión tiene?
-Nosotros tenemos una Defensoría Penal Juvenil especializada, pero el Ministerio Público no tiene fiscales especializados. Y el Poder Judicial no tiene jueces expertos en esta materia. Lo que se está aplicando a los jóvenes es una justicia de adultos, porque en los hechos, lo que ellos ven respecto al estatuto jurídico diferenciado con lo cual se cumple la responsabilidad del Estado de Chile lo ven como un privilegio. Ese es el cambio que se debe hacer en nuestro sistema, ocupemos la evidencia empírica, veamos los impactos que en este estatuto jurídico diferenciado tienen los menores de edad y pongámonos a disposición de esa evidencia empírica. A todos nos interesa que haya menos participación de menores en los ilícitos, para que se pueda cortar ese contacto criminógeno (con criminales).
Violencia en cárceles
Otra situación que ha marcado la pauta informativa a nivel regional tiene que ver con el grave incidente que se registró hace una semana en el penal Alto Bonito, donde una veintena de internos de alta peligrosidad protagonizar una violenta riña, que terminó con un fallecido y una decena de heridos graves.
Al respecto, el defensor nacional hace hincapié que la institución que dirige, por medio de los defensores locales, ejercen control para que "las condiciones de la condena a la que fueron afectos y se respeten todos los Derechos Humanos a que el Estado está obligado a respetar".
Sin embargo, añadió que el Estado no tiene las herramientas necesarias "para reinsertar a las personas que han sido condenadas".
Para Sthefanía Walser, abogada y directora de la ONG Leasur, este tipo de situaciones se desencadena por un deficiente sistema, donde no hay quien vele exclusivamente en la forma y condiciones en que se cumplen las sanciones.
"El problema es estructural. Se pensó en un momento en construir más cárceles y privatizarlas, como forma de solucionar el hacinamiento. Pero esa es una mirada cortoplacista. El asunto es que en nuestro país no existe un sistema de ejecución penitenciaria, que trate el sentido y alcance que tiene una sanción privativa de libertad", comentó la encargada de la ONG que trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad
Agregó que, en este sentido, es fundamental la creación de una "ley de ejecución penitenciaria, que cumpla con estándares internacionales y que establezca tribunales de ejecución, que evalúen la pena con una debida capacitación de gendarmería, con una formación en la materia y procedimientos acorde al debido proceso".
La profesional insiste en que es vital establecer cuál es el objetivo de las sanciones privativas de libertad.
"Hoy en Chile no sabemos por qué ingresamos a una persona a la cárcel. ¿Resocializar? ¿Rehabilitar? ¿O es algo efectivista? Si queremos bajar la reincidencia, se debe apuntar a resocializar a los individuos y el Estado entonces debe brindar una oferta programática acorde".
Esto es fundamental -precisa Walser- puesto que hoy los internos pasan hasta 14 horas enclaustrados en sus piezas, teniendo sólo algunos momentos de desencierro al día para comer y salir al patio.