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Abuso del derecho
A propósito de la noticia conocida la semana pasada, de un mecánico de esta ciudad que solicitó y obtuvo una concesión minera de exploración que abarca gran parte del subsuelo del centro de Puerto Montt, incluyendo la Gobernación Provincial, la Corte de Apelaciones, la Catedral Católica, la Plaza de Armas, hoteles, oficinas públicas y privadas, etc., me parece necesario exponer lo siguiente:
En primer lugar, cabe decir que toda persona tiene derecho a ejercer los derechos que la ley le reconoce, en este caso la de solicitar una concesión minera de exploración, pero siempre sujeto a que el ejercicio de tales derechos se efectúe lícitamente; es decir, que no sea contrario a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres y dentro de los fines sociales y económicos que contempla el ordenamiento jurídico. Pero si el ejercicio de un determinado derecho o facultad legal se realiza en forma contraria a dichos preceptos, con dolo o causando daño a terceros, nos encontramos dentro de lo que la doctrina denomina "el abuso del derecho".
Pareciera que en el caso de la concesión minera del centro de Puerto Montt, estamos frente a un claro abuso del derecho. Prueba de lo anterior es que la solicita una persona que no tiene ninguna relación con la actividad minera - un mecánico -, respecto de un subsuelo donde no se encontrará ningún mineral que justifique su otorgamiento, de un terreno que ha sido en parte importante ganado al mar, de un subsuelo que se encuentra bajo el pavimento de calles, plazas y edificios, y por último, que no se conoce un caso similar en que una empresa minera haya solicitado alguna vez una concesión de exploración respecto de terrenos urbanos ubicados en el centro histórico de alguna ciudad.
Por ello, cuesta comprender que con los antecedentes señalados, un tribunal, acogiendo a tramitación una denuncia de obra nueva, haya ordenado la paralización de una obra pública -la fuente o pileta de agua construida en una plaza pública-, en circunstancias que es competencia de los Tribunales de Justicia el amparar el ejercicio lícito de los derechos de las personas y nunca ser parte o tolerar - consciente o inconscientemente - el abuso del derecho. Es el Poder Judicial la institución llamada por la Constitución a proteger los derechos de los ciudadanos y el ejercicio lícito de ellos, y desatender o sancionar el ejercicio abusivo de los mismos.
El potencial daño que se puede causar a la ciudad, a sus servicios públicos, a su urbanismo y a la actividad inmobiliaria, es enorme. Basta pensar en la paralización de la construcción de edificios, concretamente de la construcción de sus subterráneos, de la instalación o reparación de ductos de aguas lluvias o alcantarillado, del soterramiento de cables eléctricos y de telefonía - algo tan anhelado por las comunidades por sus positivos efectos estéticos, etc. Son muchas las actividades económicas y de servicios públicos que pueden verse afectados por esta absurda situación, que implicará negociar en cada caso la autorización del concesionario.
Si los Tribunales de Justicia no actúan desenmascarando estas situaciones y poniéndoles coto, progresivamente se irá instalando en la sociedad la nefasta idea de que burlar el derecho, la actuación de mala fe, dolosa o ilegítima, realizada con fines meramente especulativos o quizás extorsivos, es amparada por los tribunales de justicia, causando un grave daño a la convivencia social y a la economía.
La aplicación literal de la ley, desprovista de toda contextualización, puede conducir a situaciones tremendamente injustas y dañinas.
JAVIER NIKLITSCHEK ROA. Abogado.
¿Niños sin jardín?
Algunos diputados de oposición rechazaron esta semana la subvención escolar media parvularia, con la excusa principal de no querer financiar jardines de forma subvencionada, entregando una preferencia a la construcción de establecimientos. Sin embargo, cuando se intentó realizar éste último punto, la política fue un completo fracaso.
La experiencia de la construcción de los jardines comprometidos por el gobierno anterior, es una buena oportunidad para sacar algunas lecciones. En primer lugar, es un ejemplo de cómo la planificación centralizada que busca prescindir de la colaboración privada, por muy ambiciosa que sea y por muchos recursos de que disponga, suele fracasar. Por un lado, por el elevado costo y lentitud con que opera el aparato público, no por nada más de 200 proyectos quedaron inconclusos. Pero también, porque difícilmente las decisiones centralizadas logran proyectar correctamente la demanda.
Si el objetivo es mejorar el acceso a este nivel educativo, es imprescindible resolver dichas materias, a través de la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, sobre todo en nivel parvulario. Y en vista del fracaso en la administración anterior, una de las medidas más factibles es aprobar medidas eficientes, como es la subvención escolar para niveles medios (jardines).
JUAN PABLO ARELLANO CUBILLOS.