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Abren sumario por asignación de estacionamientos en el mall

PUERTO MONTT. Contraloría ordenó proceso administrativo en Superintendencia de Educación. Diez funcionarios habrían recibido calzos adicionales.
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Erwin Schnaidt Ávila

La Superintendencia de Educación (Supereduc) de la Región de Los Lagos, dio comienzo a un sumario administrativo en torno a una denuncia por un eventual mal uso de estacionamientos asignados a vehículos fiscales en el mall Paseo Costanera de Puerto Montt.

El proceso investigativo comenzó a fines de abril y está a cargo de un funcionario de esa repartición, según confirmó Paulina Rettig, directora regional de esa entidad, quien precisó que esa labor puede extenderse entre 20 y 60 días.

Consultada si producto de ese proceso derivarán responsabilidades administrativas, dijo desconocerlo, ya que "está recién partiendo. Los sumarios son secretos. No tengo más información".

Rettig explicó que por el momento no tiene intervención en esa investigación y que sólo le correspondió instruir la apertura del expediente, conforme a lo dispuesto por la Contraloría Regional.

Por contrato

Ese órgano de control determinó que desde el 28 de noviembre de 2014 la Supereduc tiene un contrato de subarrendamiento con la empresa Pasmar para el funcionamiento de sus dependencias en el piso 16 de la Torre Plaza, lo que incluyó cinco estacionamientos subterráneos para vehículos fiscales.

Sin embargo, Pasmar habría entregado otros 15 calzos a título gratuito, condición que se mantuvo hasta inicios de 2017, cuando puso fin a esa concesión. No obstante, diez funcionarios obtuvieron la autorización para usar la misma cantidad de estacionamientos exteriores, con sus respectivas tarjetas de acceso, para lo que en agosto de 2017 se hizo llegar a Pasmar, vía correo electrónico, el listado con los diez funcionarios favorecidos.

La Contraloría determinó que esa Superintendencia no estaba facultada para exigir a Pasmar que otorgara estacionamientos adicionales para vehículos de esos empleados públicos, "toda vez que aquello persigue fines ajenos a los institucionales y vulnera, adicionalmente, normas de probidad administrativa, haciendo primar el interés particular de los funcionarios por sobre el interés general de la entidad".

Por ello es que dispuso instruir un sumario, además de "hacer efectivas las responsabilidades administrativas que pudieren surgir".

La directora regional de la Supereduc aseguró que sólo mantienen los cinco calzos para el uso de vehículos fiscales.

Respecto del uso de ese beneficio por parte de personal administrativo de esa repartición, la abogada Rettig enfatizó que "la Superintendencia (de Educación) nunca ha tenido un contrato por esos estacionamientos. Sólo está el contrato de arrendamiento, más esos cinco estacionamientos subterráneos para vehículos fiscales".

Al hacer presente que la Contraloría Regional detectó que hay diez funcionarios que están sindicados en un listado, a quienes se les entregó tarjetas de acceso, reiteró que ese antecedente "es materia de investigación", aunque negó que esa garantía esté formalizada mediante un contrato.

Problemas con tarjetas

Las pesquisas de la entidad fiscalizadora concluyeron además que no existe un control en la asignación e identificación de las tarjetas de estacionamiento para los conductores de los autos institucionales.

También, verificó el informe de movimientos del aparcamiento, de las comisiones de servicio, pago de viáticos y bitácoras de esos vehículos.

Tras ese estudio, la Contraloría Regional anunció el inicio de un procedimiento disciplinario "para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, asociadas a conductas que podrían configurar una infracción al decreto ley N° 799 de 1974, que regula el uso y circulación de los vehículos estatales".

Destacaron los efectos de la Ley de Pago a 30 Días

ECONOMÍA. Normativa favorecerá a unas 55 mil empresas de la región.
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Para destacar que la Ley de Pago a 30 Días entró en vigencia desde ayer, el seremi de Economía, Francisco Muñoz, se trasladó hasta la Maestranza Real, en Puerto Montt, ocasión en la que mencionó que unas 55 mil empresas de la región se verán favorecidas con esta norma.

Con la visita a esas instalaciones, puso de relevancia el mayor impacto en las Pyme, que conforman un 99,1 % de las compañías a nivel local.

Al explicar repercusión en la actividad, dijo que asegurará un flujo de caja que permitirá atender sus deberes.

Durante los primeros dos años de implementación, el plazo máximo de pago será de 60 días para todas las empresas; y de 30 días, a partir de febrero de 2021.

Esta obligación, agregó Muñoz, también incluye a los servicios públicos, a excepción de la Cenabast y los municipios, cuyos plazos rigen a contar de junio de 2021.

El seremi de Economía advirtió que la ley no da voluntariedad de pago, ya que considera aplicar multas e intereses, si no se cumple esos plazos.

Anticipó que también contempla implementar un sistema de información pública, con las empresas que no han tenido un cumplimiento oportuno de esas obligaciones.

Ejemplo de camanchaca

En la ocasión, invitaron a la empresa Camanchaca, que desde hace dos años muestra el Sello Propyme, que acredita políticas de pago a 30 días.

Álvaro Poblete, gerente general de esa salmonera, afirmó que mantienen relaciones con 2 mil 300 proveedores Pyme, "que deben recibir un trato digno y justo. Son socios estratégicos cuando tenemos un problema en nuestras plantas de proceso o pisciculturas. Así como nos ayudan cuando tenemos esos problemas, nosotros debemos ayudarlos pagándoles sus servicios en 30 días".

Tiempo de respuesta

Mientras que Ramón Kammel, dueño de Maestranza y Constructora Real, reconoció que son proveedores de Camanchaca, relación que le ha permitido mantener mayor liquidez, para cumplir sus compromisos económicos, especialmente con el pago de sueldos de sus 75 empleados.

Sobre la ley, afirmó que "es beneficiosa para nosotros" por cuanto se ajusta el tiempo de respuesta. "Si no nos pagan a tiempo, asumimos el costo del IVA, imposiciones y sueldos, sin haber recibido ningún retorno", argumentó.