Redacción

El vocero de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, defendió el controvertido convenio que esta semana firmó con la Fiscalía, el cual norma cómo proceder ante denuncias por abusos sexuales contra menores, y al que aún no adhieren tres congregaciones.

"Es un texto de acuerdo que va más allá de los que nos exige la ley, de manera que toda denuncia que afecta a niñas, niños y adolescentes en temas referidos a abuso sexual llegue a la Fiscalía Nacional. Nosotros estamos dando un paso más de mayor cooperación", afirmó el religioso, tras entregar las conclusiones de la 118ª asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, realizada en Punta de Tralca.

Agregó que el convenio fue analizado por los equipos jurídicos de la Fiscalía y la Conferencia Episcopal e incluso fue llevado al Vaticano, que "nos ha dado su opinión y dio algunas sugerencias, así que creemos que cumple con todos los elementos legales".

"Si hay alguna observación, yo creo que puede ser presentada bajo estudios técnicos para decir en qué caso concreto puede haber algo que no respeta la ley", manifestó.

Respecto de los jesuitas, franciscanos y mercedarios, que no han firmado el texto, Ramos dijo: "Como Conferencia Episcopal no tenemos jurisdicción sobre aspectos disciplinarios y administrativos internos de congregaciones religiosas. (Por ello) estamos invitando a que lo suscriban, a que adhieran a este convenio".

"O sea, uno lo está estudiando y luego cada congregación en forma individual, a través de su representante, tiene que suscribirlo", añadió.

Mejorar investigaciones

El acuerdo celebrado por el Ministerio Público y el Episcopado, apunta a las indagatorias penales que involucren abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en contra de niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad.

Su principal objetivo es "esclarecer y mejorar el proceso de investigación en este tipo de crímenes, como también preservar la protección a las víctimas y testigos".

Para ello, según explicó la Fiscalía, el Episcopado se comprometió a derivar los antecedentes al Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes, una vez conocidos eventuales hechos criminales. El acuerdo establece que el ente persecutor, dada la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos dentro del proceso penal, otorgue el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas.

Desde julio de 2018, la Fiscalía Nacional elabora y actualiza un catastro nacional que contiene el número de investigaciones vigentes por delitos sexuales cometidos por sacerdotes y laicos ligados a la Iglesia Católica. Este trabajo reveló, hasta el martes pasado, la existencia de 166 investigaciones, 221 personas indagadas y 248 víctimas.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, dijo que el proyecto de modernización laboral que presentó el Gobierno es "inhumano" y "nuevamente pone sobre los hombros nuestros, de los trabajadores y trabajadoras, las ganancias de los empleadores".

Figueroa aseguró que "esta es de las peores propuestas que hemos conocido en nuestro país en materia de condiciones laborales", pues le permitiría al empleador "generar cualquier tipo de mecanismo para sobreexplotar a los trabajadores, sin garantizar ni un día ni minuto más de descanso, y sin garantizar un peso más en nuestros bolsillos".

A su juicio, la iniciativa no se logra hacer cargo de "uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía", que son "los bajos salarios".

Hizo hincapié en que el Gobierno no los invitó a participar de la discusión: "Era evidente que si nos daba a conocer una sola línea de este proyecto nosotros lo íbamos a rechazar, como sindicato".

Llamó a los legisladores de oposición a que "rechacen tajantemente este proyecto de ley", y aclaró: "No le vamos a permitir al Gobierno que pretenda por esta vía introducir cambios en la legislación laboral que impidan que los trabajadores podamos defendernos a través de los sindicatos".

Respuesta del ministro

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, comentó el rechazo de la CUT: "Es difícil creer en una crítica cuando se basa en un proyecto que ni siquiera conocen ni pudieron haber leído. Por lo demás, es habitual que en todas las materias y proyectos que nuestro Gobierno ha presentado, las primeras críticas muchas veces ciegas provienen de la CUT. Nuestra certeza es que este proyecto se construyó con muchos sindicatos, por lo pronto, con las otras centrales de trabajadores".

"Ninguna norma de este proyecto busca precarizar (el trabajo), porque se mantienen todos los derechos laborales de los trabajadores, sólo se crean oportunidades", precisó.

La Fiscalía Regional de Los Lagos pidió siete años de cárcel o reclusión mayor en su grado mínimo para Connie Fritz y Thiare Oyarce, las dos educadoras de trato directo a quienes imputa la muerte de la niña de 11 años Lissette Villa, ocurrida en custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), el 11 de abril de 2016.

El Ministerio Público, en la acusación que presentó ayer, sostiene que ambas participaron directamente en el fallecimiento de la niña por lo que, a su juicio, tienen calidad de autoras del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de muerte.

La Fiscalía, además, solicitó tres años y un día de presidio para la coordinadora de turno, Jessica Figueroa, y la directora del centro dependiente del Sename donde se hallaba la menor, Mónica Monje.

El caso de Lissette Villa ocurrió en 2016 cuando falleció en un centro del Sename en la Región Metropolitana. Terminó siendo el hecho que dio origen al llamado caso Sename, en que se investigan las muertes de menores dentro de los centros dependientes del Estado.

Derechos humanos

Según explicó el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien se encuentra a cargo del caso, la acusación resulta un hito en la investigación del caso Sename.

Manifestó que "después de una investigación profunda, con centenares de diligencias, un sinnúmero de pericias, después de haber investigado toda las líneas investigativas posibles, nos formamos la convicción de que el delito que se cometió en este caso es un delito de apremios ilegítimos donde resultó fallecida una niña vulnerable que se encontraba bajo custodia del Estado en el Centro Galvarino".

"Es por ello que hemos deducido acusación por un ilícito que está directamente vinculado a los derechos humanos. De tal manera que se sigue avanzando y lo que esperamos próximamente es que continúen los trámites procesales, las audiencias respectivas, para poder llegar a un estadio de juicio oral", manifestó Emilfork.

Desde la defensa de dos de las imputadas -Thiare Oyarce y Jessica Figueroa-, la abogada Jacqueline Stubing explicó que pedirán la absolución en el próximo juicio oral y que descartan la responsabilidad que imputa la Fiscalía.