Unánimemente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el Código Penal y obliga a las autoridades eclesiásticas a denunciar si es que saben de delitos de abuso sexual que se hayan cometido en contra de menores de edad.

La iniciativa, que ahora pasó a segundo trámite para ser revisada por el Senado, también obliga a acudir a la Justicia en caso de que el abuso haya sido en contra de adultos y/o menores que por sus condiciones físicas o mentales requieren de especial protección.

De todos los credos

Según establece el proyecto, son obligadas "las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia".

Se incluye en este mismo sentido a los directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo o de otra índole.

La propuesta establece que cuando la omisión de denuncia recaiga sobre uno o más delitos cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes o personas que por incapacidad física o mental no puedan ejercitar por sí sus derechos, se aplicarán las penas que la legislación penal contemple para los encubridores del delito cuya denuncia se omite.

Indicación rechazada

La Cámara de Diputados sometió también a votación una indicación que agregaba el deber de denunciar obligatoriamente siempre que tal conocimiento no haya sido tomado con ocasión de secreto de confesión o secreto profesional. Sin embargo, esta idea fue rechazada.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Raúl Soto, Gabriel Ascencio, Iván Flores, Manuel Matta, Joanna Pérez, Víctor Torres, Mario Venegas, Daniel Verdessi y Matías Walker, de la Democracia Cristiana, junto al independiente Renato Garín, exintegrante de Revolución Democrática.

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, será el responsable de llevar a cabo la investigación penal contra su par de la Región de O'Higgins, Emiliano Arias, acusado por el fiscal de alta complejidad de esta última zona, Sergio Moya, de cometer tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia, entre otras acciones.

Campos es el persecutor que investiga el fraude en Carabineros, que ya alcanzó los 28 mil millones de pesos y tiene a más de 130 imputados.

"bastante experiencia"

La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, destacó que se trata de "un fiscal con bastante experiencia en materia de investigación en temas de corrupción" y que "ha destacado por la forma reservada en que conduce sus investigaciones".

Si bien Herrera aseguró que para esta indagatoria penal "no hay plazos", se espera que sea "acuciosa" y se dé en plazos "acotados".

Recalcó, además, que Arias continuará en sus funciones y "que no se le ha quitado ninguna investigación".

"Por nuestra normativa corresponde que, recibida una denuncia penal contra un fiscal regional, su investigador sea designado en un consejo general, por lo tanto, eso es lo que acaba de ocurrir", explicó Herrera.

La también directora de la Unidad Anticorrupción de la entidad persecutora aludió así al consejo extraordinario de fiscales que ayer se extendió por más de dos horas y al que convocó la Fiscalía Nacional una vez conocidas las denuncias de Moya contra su superior jerárquico, Emiliano Arias.

Una vez acabado el encuentro, en el edificio institucional del Ministerio Público, Arias salió sin dar declaraciones. El pasado domingo, eso sí, planteó que quiere ser investigado "de pies a cabeza" y que quien lo haga debe ser un fiscal "con pantalones" que dé garantías de indagar en forma rigurosa y expedita.

¿ofrecimiento?

Sin embargo, horas antes de que finalizara el consejo extraordinario, se supo que el fiscal regional de O'Higgins acusó que el Moya recibió un ofrecimiento del fiscal nacional, Jorge Abbott, para ser trasladado a la Fiscalía "que quisiera" en cualquier región. Según un artículo de La Tercera, Arias dijo, a través de un escrito enviado al Consejo de Fiscales, que Abbott hizo este ofrecimiento luego de que se filtrara el sumario en contra de Moya por las citas reservadas que tuvo con parte del Alto Mando de Carabineros tras el estallido del escándalo por la "Operación Huracán".

Según lo relatado por Emiliano Arias, "el fiscal Moya nos dijo (en la cita también estaba el persecutor Javier von Bischoffshausen) que el fiscal nacional le señala que sería bueno que saliera de O'Higgins y que le preguntó dónde quería irse y que él lo podía destinar donde el señor Moya quisiera".

Hasta la tarde de ayer, ni Abbott ni Moya se habían referido al planteamiento de Arias.

Antecedentes

El consejo de ayer, constituido por 18 de los 19 fiscales regionales, incluido Arias -sólo faltó Raúl Guzmán, quien dejará la institución para ser secretario general del Senado-, accedió a todos los antecedentes entregados por Moya al fiscal nacional.

El lunes. Jorge Abbott dejó la investigación administrativa en manos del fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala. De haber faltas, las sanciones pueden ir desde la amonestación privada, hasta la remoción, pasando por "un sobreseimiento o absolución de cargos", dijo Marta Herrera.