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En Puerto Montt se gestó una de las cuatro denuncias contra el fiscal regional de O'Higgins

MINISTERIO PÚBLICO. El fiscal adjunto Sergio Moya acusó a su superior jerárquico Emiliano Arias por violación de secreto. Hechos se vinculan con un familiar de Arias, quien entregó datos internos de la Fiscalía al OS7 de Carabineros en una causa por tráfico.
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Marcelo Galindo Gallardo

El fiscal adjunto de la Región de O'Higgins, Sergio Moya, denunció al fiscal regional de esa zona, Emiliano Arias, de cometer cuatro delitos: tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, ocultamiento de información y violación de secreto.

La denuncia de Moya, hecha en una entrevista a Radio Biobío, llevó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a citar a un consejo extraordinario de fiscales para este martes 23 de abril (ver nota secundaria).

Uno de estos presuntos delitos tiene directa vinculación con la Región de Los Lagos.

Según Moya, carabineros del OS7 de Puerto Montt, pesquisaron que desde la Fiscalía Regional de O'Higgins "se extrajeron documentos, información de nuestra base de datos que llegaron a parar a manos de un particular. Ese particular se la entregó a Carabineros, y a ellos les llamó la atención que él tuviera esa información".

Agregó que, tras la aprehensión del sujeto, "esa denuncia fue trasladada de Puerto Montt para acá. Yo realicé las primeras indagaciones y logré establecer que esa información se extrajo por orden del fiscal regional Emiliano Arias. Al verse involucrado un fiscal regional lo que corresponde es que esos antecedentes sean puestos en manos del fiscal nacional para que él designe un fiscal regional que investigue".

"Entregué esa carpeta investigativa en el gabinete del fiscal regional. Y esta semana he tomado conocimiento, de acuerdo a la información que he aportado, que esa carpeta jamás llegó a la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, ahí hay otra conducta que debe ser investigada, la violación de secreto en sí de esa documentación obtenida y el por qué esa carpeta no llegó a su destino final", sentenció Moya.

Denuncia contra narco

Una fuente al tanto de la investigación por violación de secreto reveló a El Llanquihue cómo se gestó el caso.

Ocurre que una persona oriunda de Chiloé llegó a denunciar al OS7 de la capital regional en 2018 la venta de drogas por parte de los amigos de su hijo.

La misma fuente indicó que quien buscaba dar a conocer este hecho a las autoridades era un familiar del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

A los carabineros de la citada unidad les llamó la atención el formato con el que se dispusieron los antecedentes de la denuncia, puesto que eran los mismos que se usan en forma interna en el Ministerio Público. Incluso, en un correo electrónico del denunciante también se exhibía el mismo formato. En ese momento, el propio denunciante de Chiloé les reconoció a los funcionarios policiales que él era familiar de un fiscal de Rancagua.

Tras ello, los investigadores se reunieron con el fiscal especializado en drogas de la Fiscalía de Puerto Montt, Mario de la Fuente, quien solicitó los antecedentes de la denuncia, a raíz de que los documentos exhibidos habían sido sacados desde el sistema interno de la Fiscalía.

Lo removieron de investigación

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El jueves, el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, a cargo de las dos investigaciones penales relacionadas con los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están suspendidos e indagados por presunta corrupción. Así, removió a Emiliano Arias de las citadas indagatorias, que han causado un fuerte impacto.

Ex fiscal: "Son hechos graves"

Consultado por El Llanquihue, el ex fiscal de Puerto Montt Sergio Coronado dijo que los hechos dados a conocer son muy graves "Tras la denuncia realizada, se debe dar inicio a la brevedad a la indagatoria, porque se trata de casos sensibles, en el ámbito político y judicial, y las consecuencias son inconmensurable. De ser efectivas las denuncias, contaminan la objetividad y calidad de la investigación; por lo tanto, pasan a ser cuestionables las diligencias desarrolladas, las pruebas y los resultados y todo queda bajo un manto de sospechas, sin perjuicio que en el ámbito administrativo, de resultar efectivas las acusaciones, (el fiscal regional de O'Higgins) está arriesgando su remoción".

Ocultar información y tráfico de influencias: las otras aristas del caso

POLÉMICA. Según Moya, el fiscal regional intentó buscar un juicio abreviado a una de los imputados del caso Caval: Herman Chadwick Larraín.
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La primera denuncia del fiscal Sergio Moya contra Emiliano Arias, dada a conocer en Radio Biobío, es por obstrucción en el caso de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El persecutor se refiere a la demora por parte de Arias en pedir la formalización del ministro Emilio Elgueta.

"Yo solicité, en varias ocasiones, el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias para pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía que sí ni que no. Yo tomé la decisión de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico (…) Fue una lentitud (…) ante lo cual preferí obrar y con el riesgo evidente de una sanción administrativa (…)", dijo a la citada radioemisora.

La segunda denuncia es por tráfico de influencias en el caso Caval. Moya explicó que su tramitación "fue sumamente compleja... Hay un evento que (...) dice relación con la única intervención que ha hecho el fiscal Arias en la causa Caval, que fue el intento de realizar un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín". Agregó que se le planteó que había que terminar esa arista, pues "la presencia de este personaje en la causa y un eventual juicio oral" podría afectar la imagen del nuevo Gobierno. En diciembre de 2017, dijo Moya, el fiscal Arias intentó hacer un procedimiento abreviado, pero solicitó penas que "estaban fuera del marco legal, eran mucho más bajas", y que por esto el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó".

Moya también acusó a Arias de ocultar información en la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de $3.500 millones en el Teatro Regional de Rancagua. "Recientemente pedí la formalización del alcalde, recibí una serie de instrucciones; por ejemplo, se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde", dijo, "y se me da la instrucción por parte del fiscal regional, de que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado, que es abogado del imputado".

"Me llamó mucho la atención. Y después de esa reunión, que consideré impropia, procedí a solicitar autorizaciones judiciales para incautar los computadores, teléfonos y todos los elementos electrónicos del alcalde. Y cuando eso ocurre se me dio una instrucción directa del fiscal regional de hacer devolución de esas especies, orden que representé y no cumplí porque era evidencia incautada en un delito de malversación de caudales públicos", añadió Sergio Moya.