En "estado de alerta", se encuentran los microbuseros, gremio que acusa "incumplimientos" de parte del gobierno.

Tito Gómez, dirigente nacional del Consejo Regional del Transporte Urbano Mayor, reclama porque considera que el ejecutivo se ha caracterizado por su despreocupación por el transporte en las regiones, al revés de lo que sucede en Santiago, donde se están realizando fuertes inversiones en esta área.

Gómez expuso que la causa de la movilización radica en que el Ministerio de Transportes "no quiere llevar adelante la operación de las condiciones de perímetro de exclusión".

Lo acusa -además- de pretende licitar las ciudades que no están reguladas, con lo cual -asegura- desconoce los años de trabajo que han mantenido ambas partes, junto a diputados y senadores, tendiente al desarrollo de un proyecto sustentable en el tiempo para beneficio de la comunidad, desde Concepción hacia el sur.

Nicolás Céspedes, seremi de Transportes, sostiene que en estos momentos se encuentran trabajando en estos perímetros de exclusión para ciudades tales como Castro, Quellón y Osorno.

En el caso de Puerto Montt, explica que viene luego de Osorno, dado que requiere de una definición metropolitana . "Hay una conurbación entre Puerto Montt y Puerto Varas, que el nuevo gobernador regional (una vez electo) haga zona metropolitana. Habrá un plan de conectividad en que nos gustaría que el perímetro de Puerto Montt incluya la conurbación completa", dijo.

Céspedes -además- descarta la posibilidad de licitar, ya que lo que se pretende es preparar al gremio para que en un futuro se pueda licitar y esa "preparación se llama perímetro de exclusión, de manera que ellos se profesionalicen y podamos equiparar la cancha".

Gómez, en tanto, comenta que con respecto a las licitaciones abiertas de buses eléctricos, el gremio solicita estar considerados . "No estamos en contra y ajenos a estos cambios. Pero por los motivos mencionados, se decidió pintar los buses este fin de semana y el lunes con un llamado de atención a la autoridades, siguiendo otros pasos más adelantes. Por favor, apoya y difunde es tu presente y tu futuro que esta en juego", adujo.

Gómez reconoce que el servicio no es el de los mejores, pero el poder mejorar se tiene que realizar con aportes entre el sector público y privado.

De esta forma, quedarán regulados los horarios, letreros y algunas normas operacionales de este rubro.

El dirigente reclama por la falta de recursos para regiones, a diferencia de lo que sucede con el Transantiago o Red, lo mismo que para invertir en las líneas nuevas que ofrecerá el metro en la capital.

Erwin Schnaidt Ávila

Una inesperada contrariedad experimentó el proyecto para reubicar a los vendedores ambulantes del centro de Puerto Montt.

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal, celebrada ayer en la tarde, la administración edilicia resolvió retirar de la tabla el punto N° 8 "Aprobación arriendo de inmueble calle Antonio Varas", que sería destinado para recibir a esos comerciantes informales.

La idea forma parte de una propuesta municipal, para ofrecerles un nuevo espacio, ya que desde el 31 de mayo deberán dejar de vender en la vía pública, con la entrada en vigencia de la ordenanza que regula esa actividad.

El concejal Héctor Ulloa, quien presidió la reunión como alcalde protocolar ante la ausencia del titular Gervoy Paredes, explicó que la principal objeción es que esa materia no ha sido analizada en comisión, procedimiento previo a la votación en el pleno de ese cuerpo colegiado.

Argumentó que el contrato compromete una inversión municipal de cerca de 800 millones de pesos, durante ocho años, "lo que merece un estudio en profundidad para ver cómo lo formalizamos" y si vale la pena convenir esa relación en dichos términos. "Estamos en una zona difusa entre la ayuda, propiamente tal, y el subsidio, finalmente, a comerciantes", adujo.

Ulloa admitió que también les sorprendió que se busque establecer ese compromiso con un empresario con el que el municipio mantiene un litigio judicial, por la autorización para la unión aérea del mall Paseo Costanera, sobre la calle Copiapó. "No lo puedo confirmar, porque no he visto los documentos, pero me han dicho que sí. Este es uno, de varios puntos, que tenemos que ver en comisión", expuso.

A su parecer, se debe respetar la fecha para aplicar la ordenanza municipal, pero también espera recibir "una alternativa sensata, coherente con los recursos económicos que tiene la ciudad. Me parece que es carísima esta solución".

Inconsecuencia

En la sesión del Concejo, estuvo presente Jorge Uribe, presidente del Sindicato "Fe y Unión", quien dijo sentirse sorprendido y reconoció no comprender esa negativa.

Añadió que no han sentido el compromiso del alcalde Paredes. "Ha sido muy inconsecuente, nos ha estado mirando en menos como agrupación. Hemos estado pidiendo una reunión para establecer una mesa de diálogo con él y en tres ocasiones nos han rechazado esas solicitudes. No sé qué le pasa, pero vemos que su Municipalidad está en decadencia, porque no nos escucha como ciudadanos", acusó.

El también vocero de los cinco sindicatos que operan en el área central de la ciudad, consideró que la propuesta de arriendo "es como botar la plata" y propuso que en su lugar se construya una solución definitiva para esos vendedores.

Estrategia errada

La concejala Verónica Sánchez, quien preside la Comisión de Hacienda y Régimen Interno, anunció que citará a reunión de esa instancia, para abrir una discusión en torno a esta propuesta de arriendo, lo que anticipó que podría ocurrir el martes de la próxima semana.

La edil Sánchez también cuestionó el apuro de la administración municipal, que llevó a votación esa resolución sin que haya sido estudiada en comisión. "Ha acelerado la puesta en tabla, de una discusión que no se ha dado y que no tiene todas las respuestas que el Concejo necesita. No sólo se trata de arrendar un espacio; ahí va a tener que haber una construcción. Por tratar de apurar una solución, la administración comete este tipo de errores", expuso.

El edil Luis Vargas compartió con su colega Sánchez, en cuanto a que "se ha incurrido en un error grave por parte de la administración municipal", que derivó en el retiro de esa propuesta.

A su parecer, es necesario que el municipio entregue un informe jurídico, que les permita tener claridad de lo que implica suscribir un contrato de arriendo con un particular, con el que se mantiene un pleito en la justicia.

Vargas advirtió que estas situaciones retrasan una solución, por lo que convocó a establecer una instancia de diálogo con los dirigentes de esos sindicatos, ya que "no queremos llegar al 31 de mayo para pedir dos meses más de prórroga de la ordenanza".

Se estima que la próxima semana esa propuesta podría ser llevada en tabla de la sesión del Concejo Municipal, para lo que será necesario su estudio previo en comisión.