Marcelo Galindo Gallardo

Fue el ministro Jorge Pizarro, presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, quien se refirió al problema derivado por el alto número de internos en el penal de Alto Bonito que no son de la región.

Pizarro fue consultado por los problemas que se han registrado en la cárcel concesionada y que ha terminado en agresiones y homicidios, uno de ellos -incluso- producto de un ataque cometido por un santiaguino contra un puertomontino, en el módulo 12 de alta complejidad y de condenados.

El presidente del tribunal de alzada dijo que se trata de un problema severo, que se viene advirtiendo en el recinto penitenciario y que tiene relación con el alto número de interno en relación a aquellos que normalmente deberían estar. "Todos sabemos que son cárceles concesionadas. Es un sistema moderno, según se señala, en el cual hay un contrato y se paga por mantención de los internos y se observa que un 70 por ciento o 60 ó 50 que no son internos que digan relación con el quehacer delictual de esta zona. Existen muchos traslados, lo vemos normalmente en cuanto a solicitudes que hacen los familiares de volver a cumplir a sus lugares de origen, pero pareciera que esas son políticas que escapan al Poder Judicial", anotó.

-¿Respecto a la capacidad que registra el penal, no se ha sobrepasado?

-Entiendo que aún no se supera la capacidad del penal (Alto Bonito) que es de mil 200 o más y si ello llegase a ocurrir, el Estado tiene que comenzar a pagar multas altas. Es el director de Gendarmería quien tiene que dar a conocer la información, pero se observa claramente que existen pabellones que han sido traslados y que no son de la zona.

-La corte realiza visitas permanentes a las cárceles. ¿Cómo es esa función?

-Legalmente, existe y se denomina la visita semestral a las cárceles por parte del presidente de la Corte y demás jueces de la jurisdicción. Junto con ello están las obligaciones legales que tiene la fiscal judicial, quien apenas toma conocimiento de cualquier situación que pudiera significar la violación de los derechos de los internos que están cumpliendo o en cualquier otra situación procesal no se trepida en ir y establecer lo que esta ocurriendo en aquellos centros, ya sea también a través de un recuso de amparo lo que ha significado que este presidente u otro miembro de esta Corte, nos hemos constituido para ver en qué condiciones se encuentran cumpliendo cada uno de los internos o aquellas internaciones que están en período de investigación.

70 cupos

El presidente de la Corte de Apelaciones de la capital regional, Jorge Pizarro, se refirió a la construcción del centro cerrado y semi cerrado del Servicio Nacional de Menores (Sename) a un costado del recinto penitenciario de Alto Bonito.

Ante la negativa de la comunidad, Pizarro comentó que son 70 cupos en comparación a los más de mil que existen en el penal.

"Son sólo 70 cupos que están inmediatamente al lado del actual centro de reclusión, que no van a causar ningún perjuicio. No olviden que Alto Bonito se instaló primero que a cualquiera de los barrios que hay en el sector. Por lo tanto, le pregunto a cada madre o padre, que ninguno escapa a la posibilidad que pudiese ser el hijo de uno o ellos mismos; 70 cupos causará tanto perjuicio, tanta molestia, pareciera que no", manifestó.

Se trata de una iniciativa legal presentada durante la última semana en el Congreso, por el diputado (PS) Fidel Espinoza, que busca prohibir que personas que hayan sido condenadas por violación, abusos sexuales o producción y almacenamiento de pornografía infantil, trabajen como conductores en el transporte público de pasajeros.

El proyecto, de acuerdo a Espinoza, establece un nuevo "cortafuegos" mediante el establecimiento de una inhabilidad expresa en la ley, para que quienes posean antecedentes penales por acoso, abuso o agresión sexual, o derechamente violación u otra forma de ultraje a la dignidad de niños, niñas y mujeres, no puedan acceder a la obtención de una licencia profesional, buscando limitar sus posibilidades de acción delictual encubriéndose en una actividad económica legítima, como es el transporte público de pasajeros.

"Lamentablemente, lo que para miles de trabajadores en el país constituye una importante herramienta de sustento familiar, es para algunos pocos una oportunidad para encubrir actividades delictuales", sostuvo Espinoza.

El diputado socialista explicó que la moción surgió luego de recibir en su oficina parlamentaria a la madre de una joven violentada en Puerto Montt.

"Los casos de ataques sexuales al interior de vehículos de la locomoción colectiva, han ido en aumento y nosotros queremos frenar esto", afirmó.

Espinoza detalló que "existe un caso emblemático en Puerto Montt, donde un chofer abusó de un menor de 14 años. Fue identificado y se encontraron en su casa teléfonos de víctimas anteriores. Este señor ya tenía antecedentes en la Región del Biobío. Por lo tanto, nosotros queremos detener estas situaciones para proteger a los menores y mujeres", detalló.

El parlamentario agregó que este proyecto, que fue construido con familiares de víctimas y gremios de la locomoción colectiva, contempla también a quienes trabajan en las distintas aplicaciones de transporte existentes en el país.

"Cuando alguien llega a una línea de colectivos o taxis para manejar, los dueños no se preocupan de pedir los antecedentes del chofer. Nos parece que este es un vacío en la ley que hay remediar", concluyó Fidel Espinoza.

Carabineros de distintas unidades de Puerto Montt, incluidas Alerce y Mirasol, participaron en una ronda preventiva masiva, logrando la detención de 16 personas.

El mayor Boris Alegría, prefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros, explicó que se realizaron "más de mil controles de identidad, locales comerciales y de alcoholes. Hubo un número relevante de detenciones. Se llegaron a las 16 aprehensiones desde órdenes de aprehensión pendientes, microtráfico de drogas, comercio ambulante y ley de propiedad intelectual, entre otros. Nosotros trabajamos directo con la Central de Cámaras de Televigilancia en estos procedimientos", aseguró.

Varias persona pasaron a control de detención, y otros quedaron en libertad. Entre ellos, fue detenido un ciudadano que mantenía una orden de detención pendiente que circulaba por las calles del centro.

Leticia Oyarce, gobernadora agradeció el trabajo de Carabineros, porque para poder realizar estas rondas masivas "significa un doble esfuerzo para ellos que deben cumplir con sus turnos. Hemos tenido resultados positivos, durante estos días", afirmó.